El Gobierno de Rusia ha decidido incrementar los impuestos con el objetivo prioritario de financiar el esfuerzo militar en Ucrania. La medida se concreta en un paquete presupuestario que eleva los gravámenes sobre inversiones, compañías mineras, compras en el exterior y dividendos de inversores provenientes de países considerados no amistosos.
El Ministerio de Finanzas presentó esta propuesta apenas cinco días después de los comicios legislativos, en los que el partido Rusia Unida, del presidente Vladímir Putin, obtuvo el 58% de los votos en medio de denuncias por la falta de transparencia en el proceso electoral.
El plan abarca el período 2027-2029 e introduce cambios tributarios sobre ingresos financieros, sectores extractivos y operaciones comerciales transfronterizas. Según el Gobierno ruso, los recursos recaudados permitirán sostener obligaciones sociales, cubrir necesidades de defensa y seguridad, y financiar los programas destinados a los participantes de la denominada operación militar especial, término oficial con el que Moscú se refiere a la guerra en Ucrania.
Déficit creciente y gasto bélico en ascenso
El nuevo esquema fiscal llega en un momento en que el gasto estatal ha superado los ingresos previstos. Para 2027, el proyecto estima ingresos por 43,3 billones de rublos y gastos por 48,8 billones de rublos. Esta diferencia genera un déficit proyectado del 2,2% del producto interno bruto, casi el doble del 1,2% que se había previsto en el plan trienal anterior.
Una parte central del presupuesto se ha reservado para defensa y seguridad. Durante el primer semestre de 2026, el Estado destinó 10,687 billones de rublos a la guerra y a la producción de armamento. Esta cifra representa un aumento del 30% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que equivale a 2,46 billones de rublos adicionales.
Impacto en ingresos pasivos y ahorros
Una de las modificaciones alcanza a los ingresos pasivos de los ciudadanos, entre ellos dividendos, intereses de depósitos, ganancias por la venta de valores, activos digitales y propiedades. El proyecto eleva la tributación de esas rentas a una escala de entre 13% y 22%, alineada con las tasas progresivas del impuesto sobre la renta personal que ya se aplican en Rusia.
No obstante, se mantiene la exención para los depósitos inferiores a un millón de rublos (unos 10.400 euros) y para quienes participaron en la guerra en Ucrania. Las estimaciones oficiales indican que alrededor de seis millones de personas se verán afectadas por esta modificación, cerca del 6% de la población rusa.
Además, se establecerá una tasa del 15% sobre los rendimientos pasivos de los fondos mutuos. Esta medida impacta en los vehículos de inversión colectiva y se suma a los ajustes ya aplicados a ahorristas e inversores particulares. Rusia introdujo en años recientes un impuesto a la renta de carácter progresivo, con un tipo máximo del 22%.
Endurecimiento para inversores de países no amistosos
El plan también endurece el tratamiento de los capitales provenientes de países que Rusia clasifica como no amistosos, entre ellos los miembros de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. El impuesto sobre los dividendos depositados en las denominadas cuentas C subirá del 15% al 35%.
Estas cuentas concentran los pagos adeudados a inversores extranjeros desde que se impusieron restricciones a las transferencias internacionales. Sus titulares solo pueden utilizar los fondos para un conjunto limitado de operaciones dentro de Rusia, a menos que reciban una autorización especial para transferirlos al exterior.
Minería y metalurgia bajo la lupa
El proyecto también alcanza a las compañías mineras y metalúrgicas. Se aplicará una tasa del 30% sobre los ingresos adicionales de determinadas empresas del sector de los metales, y un gravamen del 20% para los productores de oro. El Ministerio de Finanzas justificó estas cargas por el incremento registrado en las cotizaciones de los metales durante el año.
Cabe destacar que Rusia ocupa el segundo lugar mundial entre los productores de oro. Además, se propone elevar los impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas metalúrgicas y químicas para contribuir a cubrir el déficit presupuestario.
Con información de agencias internacionales.
Fuente: Infobae