A 70 días de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) va ajustando su tecnología y sistema informático para que supere las pruebas de carga y estrés que provocan las miles de consultas ciudadanas del resultado del conteo de votos.
El CNE está bajo supervisión de la Contraloría General del Estado, que en el 2024 emitió un examen especial en el que recoge una serie de irregularidades que se habrían producido en la contratación de una empresa que implementó un sistema para facilitar el voto electrónico para los ecuatorianos en el exterior en las elecciones anticipadas de presidente de la República y asambleístas de agosto de 2023.
La contratación se hizo bajo la administración de la hoy exconsejera Diana Atamaint, aunque se desconoce si la Contraloría determinó responsabilidades en su contra o en contra de los funcionarios que intervinieron en el proceso.
La contratista fue Antroproyectos S. A., que debía poner en ejecución un sistema de recepción de voto telemático, el cual no funcionó el día del sufragio.
Según las observaciones recogidas por la Contraloría, no se hicieron pruebas técnicas, simulacros del funcionamiento ni un plan de contingencia a partir de la identificación de riesgos y vulnerabilidades a la seguridad de la plataforma.
Entre otros aspectos, tampoco se remediaron las vulnerabilidades de seguridad y pruebas de carga y estrés ni los incidentes e intermitencias, y no se dio asistencia y solución en el tiempo que se había previsto en el contrato.
Esto provocó que en 101 zonas electorales del exterior no se garantizara el voto, ya que hubo interrupción en la operatividad del sistema por cuatro horas e inconsistencias numéricas en 364 actas. El CNE repitió los comicios.
La auditoría dejó trece recomendaciones de obligatorio cumplimiento, de las que una se conoció y aprobó en una plenaria del 19 de agosto de 2026.
La Contraloría dispuso que el Área de Tecnología del Consejo identifique las vulnerabilidades de seguridad y las pruebas de carga y estrés previas a la puesta en producción de sus sistemas para que garanticen el procesamiento y registro de los datos y resultados de los procesos electorales.
Los técnicos del Consejo aprovecharon para hacer pruebas durante los simulacros de las elecciones generales de 2025 y del referéndum y la consulta popular que se celebraron el año anterior y confirmaron que hubo incidencias en el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER), pero que fueron solucionadas de manera inmediata.
El informe íntegro lo conocieron los consejeros José Cabrera, Enrique Pita, Elena Nájera, Esthela Acero y José Merino, y en él se describe que las vulnerabilidades se mitigaron, por lo que existen “condiciones de seguridad, disponibilidad e integridad para el procesamiento y registro de los datos y resultados de los procesos electorales” futuros.
El informe de la Contraloría se emitió el 17 de julio de 2024 y, pese a que el Consejo no ha dispuesto la construcción de un sistema de voto telemático propio ni la compra de uno nuevo, el Área de Tecnología garantizó a las autoridades que los hallazgos identificados lograron mitigarse y remediarse.
El calendario para los comicios de noviembre prevé que se realice la primera prueba técnica del sistema tecnológico el 28 de octubre. El 1 de noviembre se haría el primer simulacro nacional del día del sufragio.
Por su parte, el 5 de noviembre se haría la segunda prueba técnica y el 15 de noviembre el último simulacro nacional.
De forma simultánea, el Consejo está contratando servicios profesionales externos para garantizar que sus sistemas soporten las solicitudes de acceso de los ciudadanos y de las organizaciones políticas a los resultados preliminares de la elección.
Las medidas de contingencia surgen porque, por ejemplo, en las elecciones seccionales y del CPCCS de 2023, la página web de la entidad procesó 41′880.000 peticiones para acceder a los resultados.
Por ello, están contratando una empresa para que dé el servicio de pruebas de rendimiento, para lo que se proyectó un valor de $ 150.000. No obstante, el proceso consta como “suspendido” en el Servicio de Contratación Pública (Sercop).
Lo que sí se compró fueron equipos tecnológicos por $ 281.800 a Megasupply S. A., que proveerá una caja de discos para incrementar el almacenamiento y un servidor con capacidad mínima de 60 terabytes (TB).
Esto les permitirá mejorar, según los documentos contractuales, los tiempos de respuesta y de procesamiento de los sistemas informáticos institucionales y reducir el riesgo de perder información.
A la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se le adjudicó un contrato por $ 518.724 por un servicio de computación en la nube que permita la publicación de los resultados de la elección, así como el almacenamiento y la descarga de imágenes de las actas de escrutinio por parte de los partidos y movimientos políticos.
Además, esto servirá como contingencia ante posibles desastres que pudieran producirse en el centro de datos principal del Consejo.
Para el 29 de noviembre, 13’827.643 ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir a 5.749 autoridades: 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4.131 vocales de juntas parroquiales y sus suplentes. Además de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que desde 2019 se eligen por voto popular.
El organismo proyecta la participación de unos 53.000 candidatos, considerando que en la etapa de inscripción hubo 53.534 precandidatos. (I)
Fuente: El Universo