En las denominadas dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba y Nicaragua continúan ejerciendo el poder absoluto, mientras que Venezuela atraviesa un proceso de desmontaje bajo la supervisión de Estados Unidos y Bolivia, con su sistema intacto, ha cedido parte del gobierno pero no el poder. En todos estos países, los pilares fundamentales de la democracia siguen ausentes, y la liberación de los pueblos solo será posible cuando se transite del terrorismo de Estado al estado de derecho.
El sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, también conocido como castrochavismo, se sostiene en el terrorismo de Estado, que implica
“la utilización de medios ilegítimos y la comisión de delitos desde el gobierno con el propósito de producir miedo en la población para someterla y así detentar indefinidamente el poder”.
El terrorismo, entendido como la exacerbación del miedo, es una
“actuación criminal para crear alarma social”.
Uno de los elementos esenciales de la democracia, según el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, es el “acceso al poder su ejercicio con sujeción al estado de derecho”, una obligación de todos los Estados de las Américas. El estado de derecho, como concepto jurídico y político, describe un sistema legal justo y equitativo donde todas las personas están sujetas a las mismas leyes, y las decisiones de cualquier autoridad están sujetas a supervisión y revisión.
El objetivo central del estado de derecho es
“limitar el poder del Estado con el derecho para evitar abusos de poder y violación de derechos”.
La situación en cada país
En Cuba, la opresión dictatorial que lleva más de 67 años ha institucionalizado el terrorismo de Estado, expresado en su constitución, leyes, procedimientos y reglamentos que violan de forma integral los derechos humanos y fundamentales: desde el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, el trabajo, la propiedad privada, los derechos civiles y políticos, la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, hasta las garantías judiciales. En Cuba no existe el derecho, sino leyes infames que normalizan el crimen y la impunidad de los gobernantes.
Los primeros 25 años del siglo XXI han marcado la expansión de la dictadura cubana en las Américas, impulsada por el petróleo y el dinero malversado por Hugo Chávez desde 1999, y con Lula como creador del Foro de Sao Paolo. Esta expansión logró su principal conquista en Venezuela, cuyo control total se consolidó con la muerte de Chávez en 2013; luego Bolivia, desde el golpe de Estado de 2003, llevó a Evo Morales a la presidencia en 2006 y suplantó la República por un estado plurinacional en 2009; reinstaló la dictadura sandinista con Daniel Ortega en 2007; y controló Ecuador, instalando su sistema plurinacional con Rafael Correa entre 2007 y 2017.
La dictadura de Cuba constituye el narcoestado más antiguo de las Américas, desde que en la década de los 80 Fidel Castro se asoció con los narcotraficantes Pablo Escobar y Roberto Suárez. Como parte de su expansión en el siglo XXI, convirtió en narcoestados a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además de territorios, estados y provincias en países como México, Argentina y otros. La instalación de estos narcoestados no solo certificó la desaparición del estado de derecho, sino que determinó el incumplimiento de todas las convenciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.
De las cinco dictaduras del llamado socialismo del siglo XXI, solo Ecuador, por decisión del presidente Lenin Moreno, ha recuperado el estado de derecho, y con el presidente Daniel Noboa lucha por preservarlo, terminar con el narcoestado y recuperar la economía.
Cuba, con Fidel Castro muerto en abyecta impunidad, y con Raúl Castro, Díaz-Canel y su consorcio militar y criminal, sigue liderando el narcoterrorismo y la guerra híbrida en el hemisferio, mientras agrava la opresión al pueblo mediante la miseria y se sostiene con el terrorismo de Estado.
Nicaragua, con Ortega y Murillo, hace ostentación internacional del terrorismo de Estado al quitar la nacionalidad a exiliados, instalar una infame tiranía hereditaria mediante reformas a su estatuto dictatorial que denominan constitución, y está señalada por la sospecha de asesinatos extraterritoriales contra opositores exiliados.
En Venezuela, desde la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, se desarrolla una tutela por parte de Estados Unidos que lleva adelante un delicado proceso de “desmontar la narco dictadura con sus propios mafiosos”, quienes ofrecen avances a cambio de impunidad, pero juegan “cediendo espacios pero ganando tiempo”, una estrategia que la dictadura cubana ha usado siempre para sobrevivir. Hay esperanzas, pero aún no hay estado de derecho.
En Bolivia se repite la penosa experiencia de 2019, cuando “salió el dictador pero no la dictadura”. El presidente Rodrigo Paz ha tomado parte del gobierno pero no el poder, mantiene la constitución plurinacional que es NULA y gobierna un narcoestado del que ni siquiera tiene el control territorial total.
Para cambiar esta realidad, urge el reemplazo —no una transición— del terrorismo de Estado por el estado de derecho.
Fuente: Infobae