Un tribunal federal en el Distrito Sur de Florida analiza la posible responsabilidad civil del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega en el fallecimiento de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado que logró salir con vida del Palacio de Justicia durante la operación militar de retoma el 6 y 7 de noviembre de 1985. Posteriormente, su cuerpo apareció dentro del edificio, lavado y con un impacto de bala en la cabeza.
La demanda, presentada por los familiares de Urán, reúne declaraciones de sobrevivientes que, tras abandonar el Palacio, habrían sido conducidos a la Casa del Florero y, en algunos casos, a instalaciones militares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había establecido que el magistrado auxiliar abandonó con vida el edificio antes de que su cadáver fuera hallado.
Los testigos describieron interrogatorios, traslados y maltratos contra personas señaladas como supuestos integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19). La defensa del exoficial cuestionó la credibilidad de algunos declarantes y presentó testimonios previos para marcar contradicciones.
Interrogatorios y traslados de quienes salieron del Palacio
Orlando Quijano, trabajador del Palacio de Justicia que sobrevivió a los hechos, se identificó en imágenes de archivo junto a Orlando Arrechea, funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Ambos eran trasladados hacia la Casa del Florero luego de abandonar el edificio.
Quijano afirmó que, pese a haberse identificado, los soldados se burlaron de su apariencia y lo acusaron de pertenecer a la guerrilla. Dijo haber visto a Plazas Vega en la Casa del Florero, aunque aclaró que solo conoció el nombre del entonces coronel tiempo después, cuando lo vio en televisión.
El testigo relató que fue llevado a una habitación, donde lo suspendieron de los brazos y le propinaron patadas en los pies mientras permanecía de puntillas. Luego fue trasladado a las caballerizas del Cantón Norte, donde, según declaró, recibió golpes y fue sometido al “submarino”, una técnica de asfixia, de acuerdo con las notas recogidas diariamente en el juicio por el Miami Law Human Rights Program.
También sostuvo que los militares le cubrieron la cabeza con una bolsa negra y lo presionaron para que admitiera una supuesta pertenencia al M-19. Antes de recuperar la libertad, afirmó, tuvo que firmar un documento que certificaba que había recibido buen trato.
Por su parte, la investigadora Hannah Martín, del colectivo Forensic Architecture, presentó una reconstrucción de los dos días de la toma y la retoma basada en material audiovisual, registros de medios y modelos tridimensionales. El trabajo permitió seguir los movimientos de las tropas y de los sobrevivientes que salieron del Palacio.
La exposición se centró en las personas clasificadas como “especiales”, una denominación que, de acuerdo con la reconstrucción mostrada al jurado, estuvo asociada a sobrevivientes que habrían sido interrogados, torturados y desaparecidos. Entre los casos examinados estuvo el de Luz Mary Portela, trabajadora de la cafetería del Palacio que permanece desaparecida tras los acontecimientos.
Las imágenes mostraron a personas que abandonaron el edificio con vida y fueron trasladadas por militares. El periodista Ignacio Gómez también declaró ante el jurado que vio a Plazas Vega cerca de la Casa del Florero y que los reporteros presentes lo consideraban el oficial al mando en ese punto.
Ricardo Gámez Mazuera, quien se presentó como exinformante no oficial de organismos de inteligencia, declaró que escuchó al entonces coronel ordenar que “trabajaran” a determinadas personas. Según explicó, esa expresión aludía a torturarlas.
Gámez dijo que conoció a Plazas Vega por sus actividades como informante de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el B2 del Ejército. También afirmó que algunos sobrevivientes fueron separados del resto y llevados a la Casa del Florero para ser interrogados.
El declarante aseguró que pudo ingresar a ese lugar porque integrantes del Ejército lo reconocían. Durante el contrainterrogatorio, los abogados del coronel retirado preguntaron por su pasado como policía e informante; Gámez respondió que dejó la Policía en 1978 y que luego realizó tareas de inteligencia sin un vínculo oficial con esas instituciones.
El exinformante relató que subió a un camión militar en el que había recipientes con ácido y sacos de cal viva. Sostuvo que esos materiales podían emplearse para desaparecer cuerpos y que el vehículo se dirigía a la Escuela de Caballería.
La defensa exhibió una declaración de 1989 en la que Gámez había afirmado que el cargamento fue trasladado a la Escuela de Artillería. El testigo atribuyó la diferencia a un lapsus.
Asimismo, Nicolás Pájaro, exmagistrado que sobrevivió a la toma, afirmó que el M-19 mantuvo a varios rehenes cerca de un baño. Dijo haber visto a Urán y recordó que el magistrado entregó su camisa a un guerrillero que salió del Palacio para intentar negociar con los militares.
Pájaro declaró que temía que los militares dispararan contra los rehenes. También señaló que no presenció ejecuciones cometidas por integrantes del M-19 dentro del edificio.
El exmagistrado había recibido una herida de bala y fue trasladado a un hospital. Allí, según relató, militares y hombres armados vestidos de civil intentaron llegar al quirófano donde iba a ser operado. Un grupo de uniformados quiso trasladarlo, pero el personal médico se opuso. Pájaro atribuyó su supervivencia a esa intervención:
“Fue la protección médica la que me salvó la vida”.
Mairée y Helena Urán Bidegain, hijas del magistrado auxiliar, hablaron ante el jurado sobre las consecuencias de la muerte de su padre y las amenazas que, según dijeron, obligaron a la familia a abandonar Colombia. Helena Urán afirmó:
“La democracia no se defiende con tanques”.
En la sexta jornada también declararon exintegrantes del Ejército. Orlando Galindo Cifuentes, que era capitán de la Escuela de Caballería durante la toma, aseguró que permaneció en esa unidad y mantuvo comunicaciones con Plazas Vega. Galindo negó que hubiera un trato “especial” para los sobrevivientes del Palacio de Justicia. Reconoció, además, que conserva una relación de amistad con el coronel retirado.
Abelardo Gómez, segundo al mando de la Escuela de Caballería en esa época, declaró que estaba de vacaciones cuando comenzó la toma y que llegó a la instalación el 7 de noviembre. Aseguró que allí no hubo detenidos y que no escuchó a Plazas Vega impartir órdenes contra civiles.
Plazas Vega rechazó las acusaciones que lo relacionan con torturas, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales durante la retoma militar. El proceso en Florida busca determinar su responsabilidad civil por la muerte de Urán.
Fuente: Infobae