La moción de archivo fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Cecilia Baltazar, quien sostuvo que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) sin un marco regulatorio claro entraña graves riesgos. Entre ellos, señaló el aumento de la desinformación, la falta de garantías para el tratamiento seguro de los datos de la ciudadanía, posibles afectaciones a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, así como obstáculos para el desarrollo productivo y tecnológico del país.
La propuesta legislativa unificaba diversos proyectos ingresados entre 2024 y 2025, tomando como referencia principal el marco legal de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea.
El texto pretendía clasificar las herramientas tecnológicas según sus niveles de riesgo, prohibir ciertas prácticas catalogadas como peligrosas, exigir auditorías y supervisión humana obligatoria, y normar la utilización de datos personales en el entrenamiento de modelos algorítmicos generativos.
Para la gobernanza de este sistema, la normativa planteaba designar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) como ente rector, otorgar la potestad sancionadora a la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) y conformar un Consejo Nacional de Ética y Gobernanza Algorítmica.
Razones del archivo
Según la mesa parlamentaria, el motivo determinante para desestimar la propuesta fue la vulneración al artículo 135 de la Constitución de la República, el cual reserva de manera exclusiva al Presidente de la República la facultad de presentar proyectos normativos que incrementen el gasto público.
Del análisis del texto se desprende que se otorgaban diez nuevas atribuciones institucionales al MINTEL, entre las que constaban la implementación y gestión de una ventanilla única digital para trámites de IA y la administración de entornos de prueba o sandboxes regulatorios.
Estas obligaciones requerían la contratación de personal especializado, la adquisición de infraestructura tecnológica y la asignación de recursos administrativos adicionales que la Función Legislativa no tenía competencia para presupuestar.
La viabilidad institucional del proyecto también se vio cuestionada por la situación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP). Al revisar su informe de gestión, se constató que dicha entidad registraba un rezago superior al 50 % en la atención inicial de denuncias, manteniendo un volumen considerable de trámites pendientes.
A estas objeciones financieras la comisión sumó la advertencia de que una legislación rígida provocaría obsolescencia normativa a corto plazo, desincentivando la inversión tecnológica y creando barreras regulatorias para las MIPYMES. En este sentido, la postura del legislador oficialista Esteban Torres coincidió en que la normativa resultaba netamente prohibitiva al intentar regular una tecnología dinámicas sin conocer cuál será su desarrollo a futuro, imponiendo severas limitaciones al ecosistema digital nacional.
¿Conflicto de intereses?
La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ana Belén Yela, una de las integrantes de la mesa legislativa y quien votó en contra del archivo, rebatió los argumentos de la mayoría parlamentaria y tildó de “vergüenza” la resolución adoptada tras dos años de trabajo y decenas de mesas técnicas.
Yela aseveró que es categóricamente falso que la propuesta ley no protegiera los datos personales de los ciudadanos. La legisladora detalló que las autoridades de la SPDP comparecieron en múltiples ocasiones ante la comisión para redactar artículos específicos destinados a evitar que la información sensible de los ecuatorianos.
Asimismo, Yela denunció severas contradicciones en el informe de archivo, señalando que el documento afirma en una sección que el proyecto no presenta desafíos de oportunidad regulatoria o capacidad institucional, para luego sostener líneas abajo que existe un riesgo de sobrerregulación temprana.
Finalmente, la parlamentaria atribuyó la decisión final a un cálculo político y a una disputa de egos, sosteniendo que se prefirió desechar el trabajo articulado con expertos para permitir que la presidenta de la comisión, Cecilia Baltazar, ingresara de forma inmediata un nuevo proyecto normativo redactado a su nombre.
Radio Pichincha
LV