En medio de una contracción de la actividad manufacturera, la Unión Industrial Argentina (UIA) entregó al Ejecutivo un informe técnico con medidas para atenuar la carga impositiva, energética y crediticia que afecta a las pequeñas y medianas empresas del sector productivo.
El documento se gestó tras la reunión mensual de la Junta Directiva de la entidad, donde los representantes de distintas ramas y regiones manifestaron su inquietud por la lenta recuperación productiva, la caída del empleo industrial y la persistencia de costos que erosionan la competitividad.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la industria se contrajo un 4,9% en comparación con julio de 2025 y un 5% frente a junio de 2026. Por sectores, 12 de los 16 rubros que integran el Índice de Producción Industrial (IPI) retrocedieron con respecto a julio del año anterior, y 15 lo hicieron en la medición mensual. La única excepción fue la refinación de petróleo, que registró un incremento en ese período.
Además, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 58,2% en julio, lo que significa que más del 40% de la capacidad productiva permaneció ociosa durante ese mes. Esta cifra representa una baja de 0,9 puntos porcentuales frente a junio y se sitúa 0,2 puntos por debajo del 58,4% registrado en julio de 2025.
Propuestas para aliviar la presión fiscal
Entre las iniciativas para reducir la carga tributaria, la UIA planteó la suspensión de embargos por 180 días, la posibilidad de migrar entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para pymes, y el diferimiento de vencimientos del IVA por 180 días para actividades estacionales. También sugirieron la anualización de las cargas sociales, la postergación de las Contribuciones Patronales para economías regionales y una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.
La entidad recordó que “la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, récord en el mundo”. En ese sentido, señalaron que la industria produce bienes transables que compiten internacionalmente, por lo que requieren una presión tributaria similar a la de los productos provenientes de países donde ese indicador es normal.
El costo energético, otro frente crítico
Según la UIA, el valor de la energía es otro factor que castiga a las pymes. Los usuarios clasificados como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) recibieron facturas con aumentos de entre el 90% y el 100% en el costo básico, lo que duplicó el gasto respecto al mes anterior y casi lo triplicó en relación con dos meses atrás.
Frente a esta situación, la UIA destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para implementar un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista, luego de los reclamos que la entidad realizó junto a las uniones industriales provinciales. Asimismo, propuso al gobierno nacional el establecimiento de cuotas para afrontar las facturas y el prorrateo de los vencimientos.
Financiamiento: impuestos que encarecen el crédito
En el ámbito crediticio, la organización industrial sugirió limitar la carga tributaria sobre el crédito y eliminar por completo los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos, en un contexto de creciente morosidad entre las pymes.
Desde la óptica de los industriales, la presión tributaria sobre la intermediación financiera —que incluye IVA nacional, Ingresos Brutos y Sellos provinciales, además de una proliferación de tasas municipales— eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo. Esto convierte una Tasa Nominal Anual (TNA) de referencia del 35% en un Costo Financiero Total (CFT) de 41,4%, un sobrecosto de aproximadamente 6,4 puntos porcentuales adicionales en promedio.
“Este sobrecosto agrava el acceso al financiamiento en un contexto de baja profundidad crediticia y elevada morosidad empresarial”, advirtió la entidad.
Para cerrar, la UIA contrastó la situación local con la de sus vecinos. Los encajes sobre los depósitos a la vista rondan el 45% en Argentina, un nivel muy superior al de Brasil (aproximadamente 21%) y al de Chile (9%). Esta diferencia, según la organización, restringe la capacidad de intermediación de los bancos y mantiene condiciones más restrictivas para la expansión del crédito productivo.
Fuente: Infobae