Casi doce meses han transcurrido desde el suceso que alarmó a la clase política uruguaya. Durante la madrugada del 28 de septiembre de 2025, individuos vestidos de negro, con capuchas y guantes, llegaron hasta la residencia de Mónica Ferrero, fiscal general de Uruguay. Trepando por los techos alcanzaron la vivienda objetivo. Allí dispararon tres veces y lanzaron una granada que explotó en el patio. La propia fiscal declaró que por apenas 15 centímetros no perdió la vida.
Aquel domingo por la mañana, el presidente Yamandú Orsi se comunicó con su predecesor Luis Lacalle Pou. Existió consenso político para repudiar el incidente. Rápidamente, las autoridades apuntaron hacia Sebastián Marset como posible responsable.
La investigación ha avanzado y ahora se sabe quién intentó concretar el homicidio, así como los cerebros detrás del plan, incluyendo su vínculo con Marset, quien en ese entonces se encontraba prófugo.
La semana anterior se dictó condena contra dos personas por el ataque contra Ferrero.
Uno de ellos, Daniel Alejandro Garaza, fue hallado culpable como autor intelectual de los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado y estrago agravado. La pena impuesta es de siete años y tres meses de prisión.
Garaza concibió el ataque junto a su padre, Jorge, un ex policía que ya había sido condenado por vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset. Marset, detenido en Bolivia en marzo, será juzgado en Estados Unidos por lavado de activos y narcotráfico.
Según la información judicial, Garaza viajó a Bolivia para planificar la agresión, reclutó personas en Uruguay y, tras el atentado, coordinó la eliminación de evidencias. Esto incluía la posibilidad de asesinar a uno de los ejecutores materiales si fuera necesario para eliminar cualquier nexo con el crimen.
Uno de los desplazamientos a Bolivia ocurrió en febrero de 2025, siete meses antes del ataque. Viajó desde Brasil junto a Adrián Arrigoni, también encargado de reclutar participantes y ya condenado. En ese momento, Garaza era requerido por la justicia uruguaya y se presume que evadió los controles migratorios para ingresar a ese país.
Un segundo viaje hacia el mismo destino se produjo semanas antes del atentado. Garaza estuvo en Santa Cruz de la Sierra, la misma ciudad donde fue capturado Marset. Allí tramitó una residencia temporal por dos años. Regresó a Uruguay el 25 de septiembre, apenas tres días antes de dar la orden de irrumpir en la casa de Ferrero.
Para volver al país, Garaza tomó un vuelo a São Paulo, luego otro a Pelotas y llegó de manera clandestina. Su padre Jorge lo fue a recoger.
El otro condenado la semana pasada fue Leonardo Washington Pereira, quien participó en la logística del ataque. Esperó afuera de la vivienda de Ferrero para asegurar la huida. Pereira fue sentenciado por asociación para delinquir y receptación agravados, y como coautor de atentado agravado, estrago e incendio. Deberá cumplir ocho años de cárcel.
Hasta el momento, seis personas han sido condenadas por el ataque contra Ferrero.
A las 04:18 se identificó a Pereira conduciendo el mismo Volkswagen Bora que después fue usado, junto con una camioneta Great Wall, para huir del lugar.
Tras la ejecución, comenzó la fase de destrucción de pruebas, según consta en la sentencia. Garaza consideró la opción de asesinar a uno de los autores materiales. En una conversación con Arrigoni, expresó su inquietud por posibles evidencias dejadas atrás.
«¿Decís que hay huellas peluca? Hay que picarlos, entonces»
—fueron sus palabras.
Fuente: Infobae