Fredy Orlando Quintero Mogollón, quien ocupaba el cargo de subdirector general de la Unidad para las Víctimas durante el mandato de Gustavo Petro, no logrará reintegrarse a su puesto. El Tribunal Superior de Cúcuta ratificó en segunda instancia la negativa a su acción de tutela, con la cual pretendía revertir su salida de la entidad.
La decisión judicial, difundida por El País América, invalidó los argumentos del exfuncionario. Quintero Mogollón sostenía que era el único sostén económico y responsable del cuidado de su hija, quien padece una discapacidad. Según su postura, esta situación le confería protección laboral reforzada y el derecho a una pensión especial para padres de personas con discapacidad, sin necesidad de cumplir la edad mínima.
En el recurso legal, Quintero Mogollón alegaba una supuesta violación al derecho de estabilidad laboral reforzada, una garantía que ampara a trabajadores en condiciones vulnerables frente a despidos sin justa causa.
Asimismo, afirmó contar con 1.153 semanas cotizadas, motivo por el cual consideraba que debía ser tratado como prepensionado, categoría que aplica a quienes están a tres años o menos de cumplir los requisitos para la pensión de vejez.
En el fallo de primera instancia, emitido el 10 de agosto, la justicia no ordenó su reintegro, pero sí solicitó a la entidad evaluar si el exsubdirector estaba cubierto por la protección especial para quienes están próximos a jubilarse.
El exsubdirector fue declarado insubsistente el 16 de julio de 2026. Quintero alegó que se encontraba bajo incapacidad médica al momento de su desvinculación y que esa fue la razón por la que rechazó presentar una renuncia voluntaria. Ante esto, el juez de Cúcuta ordenó suspender provisionalmente los efectos de esa decisión mientras se resolvía la acción constitucional.
Postura de la Unidad para las Víctimas
No obstante, la Unidad para las Víctimas refutó la petición de Quintero Mogollón.
“Arixa Milena Villamizar González, madre de la menor, cuenta con capacidad económica para soportar la carga familiar”, manifestó la entidad en su respuesta a la justicia.
Respecto a su condición de prepensionado, la dependencia reportó 1.051 semanas cotizadas, una cifra que lo excluía de esa categoría. En consecuencia, la justicia descartó su retorno a la subdirección general, donde administraba parte de los recursos destinados a las víctimas del Catatumbo.
Además, la Unidad para las Víctimas señaló que Quintero permanecía incapacitado incluso el 10 de agosto, fecha en que interpuso la tutela.
Quintero ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, una modalidad de empleo público asociada a tareas de dirección o confianza, en la que la administración puede designar y retirar discrecionalmente a sus funcionarios.
Presuntos vínculos con el ELN
El nombramiento de Fredy Quintero Mogollón ya había generado cuestionamientos debido al proceso penal que enfrenta. Los testimonios del expediente lo vinculan con su gestión en la Alcaldía de Chitagá (Norte de Santander), donde, según la investigación de la Fiscalía citada por Semana, habría gestionado y desviado recursos públicos para financiar al frente Efraín Pabón del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“El material probatorio da cuenta de que el exmandatario habría financiado a ese grupo armado durante el período en el que ejerció el cargo (2016-2019) y, supuestamente, auspició la comisión de actos delincuenciales, como cobro de extorsiones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura en Pamplona, Toledo, Labateca, Chitagá y Silos (Norte de Santander), y varios municipios de los departamentos de Santander, Arauca y Boyacá”, señaló la Fiscalía.
Pese a que el expediente está en etapa de juicio, Quintero llegó a ocupar el segundo cargo de mayor poder dentro de la Unidad para las Víctimas. El exalcalde sostuvo que su presunción de inocencia le permitió “acudir al llamado” para ser directivo de la entidad y que el proceso no podía inhibir sus “derechos y deberes civiles y políticos”.
Su permanencia continuó incluso después de la salida de Adith Romero, el director que lo incorporó a la Unidad. Quintero se negó a renunciar hasta que fue declarado insubsistente, antes del cambio de Gobierno y de la llegada de un presidente con una visión distinta sobre el conflicto armado y la atención a las víctimas.
La disputa demoró durante tres semanas la posesión de una nueva persona en la subdirección general. Iliana Margarita Garzón Saladén, cercana al partido Centro Democrático, asumió el 7 de septiembre, cuando el litigio de Quintero acababa de salir de los tribunales.
Fuente: Infobae