Este lunes 14 de septiembre, la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, enfrentará, desde las 14:00, una audiencia en la que se le formulará cargos por el delito de tráfico de influencias. El pedido lo hizo, el pasado 24 de agosto, Cristian Camacho Ortiz, agente fiscal de Fe Pública número 6 a casi un año de Goyes haber dejado el cargo de vocal del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
La jueza de Pichincha Viviana Campaña Terán asumirá la causa en la que Solanda Goyes, por el momento, será la única procesada. La implicada en la investigación fue ya notificada, así como también a los abogados que la representarán.
Dentro de la solicitud de formulación de cargos, la Fiscalía de Pichincha informó que existía una investigación previa abierta en contra de Goyes y Margarita Carranco, explicando que dentro de esa etapa han aparecido elementos que hacen presumir de la participación en calidad de autor o cómplice del delito de tráfico de influencias sólo de la exvocal de la Judicatura.
Solanda Goyes ocupó el cargo de directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ desde 2019 hasta febrero de 2024 que renunció a la dirección para asumir como vocal titular del CJ. Goyes reemplazó hasta septiembre de 2025 en la vocalía del CJ a Xavier Muñoz, quien renunció al ser procesado en el caso Independencia Judicial, por delito de obstrucción de la justicia.
Un juicio político que no alcanzó los votos para la censura y destitución:
El 12 de agosto de 2025, una moción de censura y destitución contra la entonces vocal Solanda Goyes no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada. Obtuvo 75 votos afirmativos, número que está por debajo de los 101 requeridos como mayoría calificada.
El pleno de la Asamblea Nacional desarrolló un juicio político impulsado por el asambleísta Fernando Jaramillo, quien argumentó que la vocal Goyes habría incumplido funciones al ausentarse sin justificación de una sesión clave del CJ. Según Jaramillo, en dicha reunión se debía aprobar el Reglamento para la Creación de Judicaturas y Jueces Especializados en Materia Constitucional, cuyo objetivo es frenar el uso indebido de garantías constitucionales, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada.
Añadió el legislador que Goyes no asistió a cuatro convocatorias consecutivas para reinstalar la sesión, lo que, dijo, retrasó una resolución de alto impacto para el sistema judicial.
Los 23 expedientes disciplinarios que prescribieron:
Por otra parte, el actual pleno de la Judicatura resolvió en julio pasado, por unanimidad, remitir a la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Fiscalía copias certificadas de 23 expedientes disciplinarios que prescribieron por falta de quórum en el pleno del CJ, debido a la inasistencia de la entonces vocal Solanda Goyes. Los casos prescritos estarían supuestamente vinculados a hechos de corrupción y crimen organizado, incluyendo los casos penales Metástasis y Purga.
La decisión fue tomada en sesión ordinaria el 16 de julio pasado, luego de acoger la recomendación de las direcciones General y de Asesoría Jurídica de la Judicatura. Se resolvió enviar copias de los expedientes prescritos a la Asamblea Nacional, Contraloría y Fiscalía para las respectivas investigaciones y control político y con el fin de determinar responsabilidades y evitar que esto se repita.
“Lo que está recomendando la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CJ es que se ponga en conocimiento de la Asamblea Nacional que 23 expedientes disciplinarios han prescrito, para que el Legislativo (…) proceda conforme a sus obligaciones constitucionales y legales. (…) También se ha remitido toda la información a la Fiscalía para que, dentro de sus atribuciones, haga la investigación correspondiente respecto al certificado que presentó la doctora Solanda Goyes. Nosotros no tenemos la atribución, la competencia legal para hacer un análisis de este documento, aquello le corresponderá al ser el titular de la investigación penal a la Fiscalía”, sostuvo Santiago Peñaherrera, director de Asesoría Jurídica del CJ.
Sobre este mismo tema se analizó en el pleno el daño causado con estas prescripciones. En esa línea se manifestó que en derecho administrativo sancionador tiene una doble finalidad: corregir la conducta de los servidores públicos, es la finalidad principal, y, la segunda, hacer efectivo el principio de responsabilidad, es decir, establecer una sanción cuando corresponda y que no queden actos en la impunidad.
Santiago Peñaherrera describió que al analizar los 23 casos, uno de ellos, por ejemplo, la prescripción generada el 10 de julio de 2025, tiene que ver con una persona del Consejo de la Judicatura, a quien se le acusaba de haber gestionado contrataciones y accesos de personal en coordinación con una directora provincial del CJ. Con la prescripción, aclaró, no se pudo conocer el fondo de un posible caso relacionado con corrupción y que, de haber existido los méritos, habría llevado a que exista una sanción de destitución.
Fuente: El Universo
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