La Fiscalía General de la Nación ha vuelto a poner en vigor las órdenes de arresto contra tres integrantes de la cúpula del Clan del Golfo, organización que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La medida fue oficializada mediante la Resolución 0-0284, firmada el 11 de septiembre de 2026 por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.
Los afectados por esta decisión son OroIzman Osten Blanco, conocido con el alias de “Rodrigo Flechas”; Elkin Casarrubia Posada, alias “El Cura”; y Luis Armando Pérez Castañeda, identificado como “Bruno” o “Jerónimo”. Estos nombres aparecen en el acto administrativo difundido por la entidad.
Según el documento, estas personas gozaban de una suspensión temporal de las medidas judiciales mientras participaban en “procesos de diálogo, negociación, acercamientos o espacios sociojurídicos” durante la administración de Gustavo Petro. Esa condición perdió vigencia tras el cierre de la fase de conversaciones entre el Gobierno nacional y la organización armada ilegal.
“La medida fue adoptada después de que, mediante la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización”, indicó la Fiscalía.
La Fiscalía no detalló en la información entregada los delitos atribuidos a cada uno de los tres hombres ni las fechas previstas para ejecutar las órdenes.
El Gobierno finalizó la fase de conversaciones el mismo día
El Gobierno nacional decidió terminar esa etapa mediante la Resolución Presidencial 398, fechada el 11 de septiembre de 2026. La Fiscalía vinculó de forma expresa su determinación a esa medida y señaló que las órdenes podían volver a estar vigentes después de que la Presidencia diera por concluidos los contactos.
Ambas decisiones fueron expedidas el mismo día. La resolución de la Fiscalía establece que la suspensión que favorecía a los tres exmiembros representantes quedó sin efecto como consecuencia de la terminación de la fase de conversaciones.
El documento incluyó una precisión sobre otras personas que aparecían en solicitudes formuladas por la Presidencia de la República. Frente a esos casos, indicó que “no procede reactivar las órdenes de captura”, debido a que esas medidas nunca habían sido suspendidas.
La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial, que deberán aplicarla de acuerdo con las funciones que les asigna la ley.
Cartel de los más buscados del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño
La Gobernación de Antioquia difundió un cartel con los presuntos integrantes más buscados de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, vinculada al Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño.
Las personas incluidas son requeridas por las autoridades por delitos como homicidio y concierto para delinquir, entre otras conductas. La Gobernación indicó que ofrece recompensas por información que permita su identificación, judicialización y captura.
Recompensa de hasta $500 millones
- Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias Soldado.
Recompensas de hasta $200 millones
- Alias Mono Bigotes, señalado como cabecilla del Suroeste.
- Alias Brayan Botón, identificado como segundo cabecilla.
- Alias Gabriel o Cilindro, presunto cabecilla político.
- Alias Fredy Roca, señalado como cuarto cabecilla.
- Alias Saúl o El Compa, identificado como cabecilla financiero.
Recompensas de hasta $100 millones
- Alias La Parca, señalado como cabecilla de narcotráfico.
- Alias Tato, presunto cabecilla de compañía.
- Alias Silvestre, presunto cabecilla de compañía.
- Alias Guacho, presunto cabecilla de compañía.
- Eduardo Rafael Betín, señalado como cabecilla de compañía.
- Adrián Alexander David Urrego, señalado como cabecilla de compañía.
- Ubeimar de Jesús Benítez Durango, señalado como cabecilla de compañía.
- Neil Antonio Acota Manga, señalado como cabecilla de compañía.
La Gobernación de Antioquia pidió a la ciudadanía aportar datos de manera anónima por medio de las líneas 123, 3143587212 y 3213947094.
Las autoridades señalan a alias Rodrigo Flechas como presunto responsable de la instalación de campos minados en Tierralta, zona limítrofe con Antioquia, entre 2019 y 2021. Esos hechos dejaron un militar muerto y otros dos heridos.
También lo investigan por su presunta participación en ataques contra la fuerza pública durante el denominado plan pistola de 2022. De acuerdo con las autoridades, esas acciones causaron la muerte de dos militares y un policía, además de heridas a otros dos integrantes de la fuerza pública.
Fuente: Infobae