Para el martes, 29 de septiembre de 2026 fue convocada la audiencia de apelación que solicitó el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras (Fenocin), Guido Perugachi, ante la orden de prisión preventiva que se dispuso en su contra como parte de la investigación por la presunta paralización de servicios públicos.
La diligencia fue citada por el juez ponente del Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, Fredy Sevillano Báez, para las 10:50, en la Unidad Judicial de Ibarra.
Además de Sevillano, el tribunal está integrado por los jueces Farid Estuardo Manosalvas Granja y por Jaime Eduardo Alvear Flores.
El pasado 14 de agosto, en la audiencia de formulación de cargos, la jueza de la Unidad Judicial Penal de Imbabura, Mery Maza Puma, dictó la medida de prisión preventiva para Perugachi como sospechoso del delito de paralización de un servicio público, en el contexto de las protestas que se realizaron en Imbabura en octubre de 2025, en rechazo a la eliminación de los subsidios al diésel.
La magistrada emitió una boleta de localización y captura para el dirigente indígena, como parte del pedido de medidas cautelares de prisión que hizo el fiscal de este caso, Washington Burbano, quien lo responsabilizó de “instigar” a sus pares para que se paralizaran los servicios públicos durante las manifestaciones que se extendieron por un mes en Imbabura.
Durante la lectura de su decisión, Maza esgrimió que los elementos de convicción planteados por la Fiscalía dan cuenta de que el procesado habría incurrido en este delito, como, por ejemplo, al presionar para que se “cierren locales comerciales bajo amenazas, lo que atenta contra el derecho al trabajo”.
Indicó que entre las pruebas están informes y pericias en los que se identifica al dirigente indígena, quien llama a los manifestantes a entorpecer la normal prestación de los servicios públicos.
“No solo fue una protesta, sino que hubo un impacto en el acceso a los derechos a la educación, salud y servicios públicos, como el agua potable”, recalcó Maza.
Argumentó también que, según información oficial del Ministerio de Infraestructura y Tecnología, se cuantificó “una pérdida de $ 3′156.661 por concepto de peajes no recaudados, por lo que, de manera tangible, hubo paralización de servicios de transporte”.
Maza apuntó a Perugachi como un dirigente comunitario con un “rol jerárquico” en la provincia que “posee una capacidad de mando, de instigación, de coacción y de amedrentamiento a los ciudadanos para participar” en las protestas.
El proceso en contra de Guido Perugachi se encuentra en la fase de instrucción fiscal por un periodo de 90 días. (I)
Fuente: El Universo