La Comisión de Régimen Económico y Tributario, como parte de su trabajo en territorio, desarrollado en Riobamba, amplió el análisis de las reformas relacionadas con las rentas generadas por la venta de energía eléctrica.
Con 10 votos afirmativos, sus integrantes resolvieron unificar el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Territorial y Productivo en Zonas de Influencia Hidroeléctricas (Decreto Ley 047) con el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica, para Garantizar la Transparencia y Eficiencia en la Gestión de los Recursos.
La propuesta, de autoría del legislador Manuel Choro, se tramitaba en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Debido a su materia, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió que continúe el tratamiento en la Comisión de Régimen Económico, donde ya se analiza una reforma relacionada.
Al respecto, Manuel Choro expuso cuatro ejes de su iniciativa: la base de cálculo de los recursos; la equidad territorial; la participación y transparencia; y el uso e inversión plurianual de los recursos.
El legislador destacó la necesidad de actualizar la referencia del sistema Paute, al considerar que las centrales Mazar, Molino y Sopladora comparten el mismo río, embalse regulador y sistema de operación. Señaló que la normativa vigente hace referencia únicamente a la central hidroeléctrica Paute, según consta desde 1989.
La propuesta también plantea fortalecer la equidad dentro de cada provincia mediante criterios objetivos para la distribución de los recursos, con un tope para los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y un piso para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.
Otro de los planteamientos contempla la creación de un Consejo Ciudadano Provincial en cada provincia. Este organismo no sustituirá a las autoridades ni ejecutará o administrará recursos, sino que permitirá incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones.
De esta manera, la iniciativa busca promover una distribución y utilización de los recursos provenientes de la generación hidroeléctrica bajo criterios de justicia territorial, eficiencia, participación y transparencia. Los fondos asignados a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y parroquiales rurales deberán destinarse de manera equitativa y eficaz, con mecanismos que garanticen su adecuado uso e inversión.
AM