Los individuos identificados como Diego Sebastián N y Gerardo N, señalados como responsables del asesinato del tecladista de la agrupación Camilo Séptimo junto a tres familiares, continuarán recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, también conocido como Barrientos. La decisión fue tomada por una jueza que les impuso prisión preventiva y fijó un lapso de cuatro meses para que la investigación complementaria reúna todas las pruebas necesarias.
En ese intervalo de cuatro meses, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene como objetivo recopilar todas las evidencias que respalden la acusación en el juicio oral. Hasta el momento, el expediente incorpora grabaciones de videovigilancia, declaraciones de testigos y resultados de pericias que sitúan a los dos acusados dentro del domicilio ubicado en Bosque de Amates, en el fraccionamiento Grand Viure, entre las 17:23 y 19:43 horas del día del crimen.
Según la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores, las víctimas fueron asesinadas entre las 17:30 y las 20:00 horas, un período que se superpone exactamente con la estancia de los dos sospechosos dentro del conjunto residencial. Este vínculo cronológico constituye uno de los pilares fundamentales de la acusación.
La defensa de las víctimas buscarían entrevistar al menor sobreviviente
Un aspecto clave de la etapa complementaria será la entrevista con el menor de aproximadamente cinco años que logró sobrevivir al ataque sin daños físicos aparentes. Esta diligencia se llevará a cabo siguiendo el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, priorizando siempre el interés superior de la niñez.
De acuerdo con el expediente, los primeros agentes que arribaron a la escena entregaron al pequeño a sus abuelos. Hasta ahora, el niño no ha sido evaluado por psicólogos ni trabajadores sociales de la Fiscalía.
Los abogados que representan a las víctimas planean solicitar evaluaciones psicológicas para el menor, en cuanto las circunstancias lo permitan. La meta es recoger su versión de los hechos sin afectar su estado emocional, ya que se encontraba dentro de la vivienda durante los asesinatos, en cuartos cercanos.
Un rastreo financiero buscará el origen del móvil: bitcoins por millones
La teoría central de la Fiscalía indica que los atacantes estaban tras una caja fuerte que contenía millones de dólares en bitcoins. Por ello, la defensa de las víctimas exigirá una investigación financiera y pericias económicas para trazar el origen y los movimientos de los fondos relacionados con el caso.
Estas acciones tienen el propósito de determinar el nivel de involucramiento de cada imputado en la planificación del delito. De acuerdo con la investigación, Diego Sebastián habría prometido a Gerardo la suma de dos millones de pesos a cambio de su ayuda, una vez que consiguieran los fondos en criptomonedas.
Las pesquisas ya registraron que el 31 de agosto, un día antes del ataque, Diego Sebastián ordenó a Gerardo que adquiriera un desarmador plano, un desarmador de cruz, aparatos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas. La Fiscalía afirma que estos objetos coinciden con los empleados para atar a las víctimas.
No se descarta que la esposa de Diego Sebastián sea investigada
Una de las aristas que seguirá activa en los próximos cuatro meses es la eventual implicación de la cónyuge de Diego Sebastián. Los investigadores no descartan que las pesquisas puedan dirigirse hacia ella, aunque por ahora no tiene acusaciones formales en el proceso.
Esta línea se añade a otras indagaciones que buscan establecer si hubo más cómplices en la planificación o ejecución del ataque, además de los dos detenidos que ya están siendo procesados por el multihomicidio.
El arma con silenciador y las cámaras que documentaron el ataque
Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron la entrada de Gerardo manejando un automóvil Kia color gris a las 17:23 horas, junto a Diego Sebastián. Este último entró al departamento después de que Ana Paula autorizara su ingreso mediante una llamada. En ese momento, solo estaba Aleyda Romero con dos mascotas. Ana Paula y sus hijos habrían llegado posteriormente.
A las 19:28 horas, las grabaciones muestran la llegada de Jonathan acompañado de un amigo. Este testigo declaró en la entrevista ministerial:
“Al llegar, Jonathan se baja del carro, lo deja prendido, me bajo con él. Lo iba a acompañar a entrar a su casa y me dijo: espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda”.
El testigo añadió que percibió temor en su tono de voz antes de solicitar asistencia en el puesto de vigilancia.
A las 19:43 horas, el carro Kia abandonó el fraccionamiento con los dos sospechosos. De acuerdo con la declaración de un guardia de seguridad, Diego Sebastián lo amenazó para evitar una inspección. Ya afuera de la caseta, le dijo:
“Tu pin… negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin… amigos”.
El propio Diego Sebastián admitió ante las autoridades que el arma de fuego empleada, la cual contaba con un silenciador, fue desarmada y lanzada a una barranca después del crimen. Ningún residente del fraccionamiento reportó haber oído disparos, un hecho que la Fiscalía considera coherente con esa confesión.
Las placas sobrepuestas y el aseguramiento del vehículo Kia
Al inspeccionar el auto usado por los acusados, la Fiscalía descubrió que portaba placas sobrepuestas. El vehículo fue localizado y posteriormente confiscado en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, en el municipio de Tecámac.
Los elementos hallados dentro del automóvil, como cinchos y cinta adhesiva industrial, coinciden con los materiales que se usaron para atar a las víctimas en el interior de la vivienda, afirmó la Fiscalía del Estado de México.
Los cargos y las penas que enfrentan los acusados
Los dos imputados, Diego Sebastián y Gerardo, son acusados de homicidio calificado en perjuicio de dos o más personas, interrupción del embarazo y maltrato a animales. Por cada víctima de asesinato, la legislación establece una condena de 25 a 70 años de cárcel.
El cargo de interrupción del embarazo, contra el feto, conlleva una pena de cinco a diez años. En cuanto al maltrato animal, la sanción adicional es de tres a seis años de prisión.
El siguiente paso: cuatro meses para consolidar la acusación
Una vez establecida la prisión preventiva, el caso ingresa a la fase de investigación complementaria, el paso anterior a que la Fiscalía formule la acusación formal para el juicio oral. En los próximos cuatro meses, los abogados de las víctimas impulsarán el rastreo financiero, las evaluaciones psicológicas del menor sobreviviente y la posible extensión de la causa a otros involucrados.
El desenlace de estas gestiones definirá si el proceso llega a juicio con las pruebas ya recabadas por la Fiscalía mexiquense, o si se agregan nuevos señalamientos contra otras personas, entre ellas la esposa de Diego Sebastián.
Fuente: Infobae