En los últimos meses, la seguridad energética ha vuelto a ocupar un lugar central en la geopolítica global, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y la necesidad de los países de diversificar sus fuentes de suministro. Argentina vive, paralelamente, el momento más alto del desarrollo de Vaca Muerta: la formación neuquina es la segunda reserva no convencional de gas y la cuarta de petróleo más grandes del planeta, una dimensión y ubicación que despierta el interés de las principales compañías internacionales del sector.
Esta combinación ha generado, según especialistas del área, una nueva herramienta de presión para Argentina en su histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. El ejemplo concreto es Sea Lion, el proyecto petrolero offshore que la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration desarrollan frente al archipiélago. Hasta ahora, cuatro empresas de servicios petroleros han confirmado que no participarán en su desarrollo.
Un proyecto de escala acotada
Sea Lion cuenta con 300 millones de barriles de reservas certificadas, USD 1.000 millones de financiamiento ya asegurado y una valuación de mercado cercana a los 3.000 millones de dólares. Planea más de 60 pozos submarinos en dos zonas, la Norte y la Central, con una inversión total estimada de USD 3.900 millones para completar todas sus fases. La primera etapa demandará USD 1.800 millones y apunta a una producción máxima de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios, con el primer barril esperado para marzo de 2028.
Estas cifras, en el contexto global de la industria petrolera, ubican al proyecto en una escala reducida. Según el ingeniero Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy y ex secretario de Planeamiento Energético, Sea Lion equivale aproximadamente al 1% de Vaca Muerta. Esa desproporción es, para el experto, la clave que explica el cambio en la correlación de fuerzas entre ambos proyectos.
La clave del desequilibrio
“Sea Lion necesita tecnología, financiamiento y grandes empresas internacionales de servicios petroleros para avanzar, y muchas de esas mismas compañías ya operan o buscan crecer en Vaca Muerta, donde el negocio disponible es 100 veces mayor”
, señaló el analista. Esta asimetría, según Dreizzen, convierte a las restricciones argentinas contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas en una herramienta de presión con un peso que antes no tenía.
El segundo factor que identificó el especialista está relacionado con el reacomodamiento geopolítico global. Estados Unidos y China compiten por influencia, recursos estratégicos y seguridad energética en un mundo cada vez más fragmentado, y Washington ha reforzado su atención sobre el continente americano para buscar socios confiables que reduzcan su dependencia de proveedores rivales. En este contexto, Argentina cuenta con dos activos que antes no tenían el mismo valor combinado: su vínculo político con Estados Unidos y su creciente peso como productor de hidrocarburos gracias a Vaca Muerta. Según Dreizzen, esto le otorga a Argentina una posición negociadora inédita frente a un reclamo diplomático que, desde 1833, no había mostrado avances sustanciales.
Cuatro señales que refuerzan la postura
En los últimos días, cuatro empresas globales de servicios y equipamiento petrolero comunicaron que no participarán en proyectos vinculados a las islas. SLB, antes conocida como Schlumberger y con una capitalización de mercado superior a los USD 85.000 millones, fue la primera en confirmarlo el sábado. Horas después se sumaron Baker Hughes, con una valuación que supera los USD 63.000 millones, y Halliburton, cuya capitalización ronda los USD 33.000 millones. Este lunes se agregó DLS Archer, filial local de la noruega Archer con 45 años de presencia en el país, que en un comunicado de prensa confirmó que
“no tiene participación alguna en el Proyecto Sea Lion”
y que
“no participa en actividades de exploración, producción ni en ninguna otra actividad relacionada con hidrocarburos que se lleve a cabo en las Islas Malvinas o en sus áreas circundantes”
.
Ninguna de las cuatro compañías tenía vinculación previa con Sea Lion. Sus comunicados llegaron después de que el presidente Javier Milei firmara el decreto 868/2026, que reglamenta la ley 26.659 y amplía su alcance a accionistas, directores y proveedores de las empresas sancionadas. El texto habilitó un proceso sancionatorio contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en las islas, y la notificación a otras 180 firmas.
El canciller Pablo Quirno destacó los anuncios en la red social X, en particular el de Baker Hughes, a la que calificó como
“la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”
. Todas las compañías que se retiraron del proyecto sostienen, en sus respectivos comunicados, un compromiso de cumplimiento con la legislación argentina vigente.
Además, en ese contexto el Gobierno anunció la apertura de un “proceso sancionatorio” contra 60 sujetos, tanto jurídicos como personas físicas, que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659. En simultáneo, la Cancillería denunció penalmente a otras cinco empresas, entre las que se encuentra Navitas, por la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización del gobierno argentino.
Los límites de la estrategia
Que las restricciones argentinas funcionen como herramienta de presión depende, en última instancia, de que Sea Lion siga siendo un proyecto rentable para sus operadores e inversores. Si los costos y la volatilidad del mercado erosionan esa rentabilidad, el interés de Navitas y Rockhopper en sostener el desarrollo —y por lo tanto el margen de maniobra de Argentina para presionar sobre él— también se debilita.
Perforar un pozo offshore como los que requiere Sea Lion cuesta entre USD 70 y USD 140 millones, frente a un rango de entre USD 10 y USD 20 millones en Vaca Muerta, una diferencia que puede ser hasta 14 veces mayor. El economista Daniel Montamat, ex secretario de Energía y ex presidente de YPF, explicó que esa brecha, sumada a la volatilidad del precio internacional del crudo, puede volver no rentable la explotación en una zona alejada y en conflicto territorial. Previamente, el propio Dreizzen había estimado que
“a USD 80 por barril, Vaca Muerta mantiene su atractivo para el capital”
, aunque advirtió que si el precio se acerca a los USD 65,
“ese valor roza el breakeven”
.
La retirada de SLB, Halliburton, Baker Hughes y DLS Archer no impide que Navitas continúe con su cronograma. La compañía y su socia Rockhopper informaron el viernes que las sanciones argentinas no modificarán los plazos previstos, y que el primer barril seguirá proyectado para marzo de 2028. De los cuatro contratos comerciales que Navitas firmó para poner en marcha la primera etapa del proyecto, solo uno tiene contraparte pública identificada: el que la vincula con la neerlandesa Bluewater Energy Services, proveedora del buque de producción que operará en el yacimiento.
La conclusión que propone Dreizzen se resume en una idea: los hechos económicos también pueden generar hechos políticos. La combinación entre el avance de Sea Lion, la magnitud de Vaca Muerta y el reacomodamiento geopolítico global en torno a la energía compone, para el especialista, un escenario inédito para un reclamo diplomático que atraviesa más de un siglo y medio sin resolución. Resta observar si esa ventana se traduce en resultados concretos o si permanece como una lectura de coyuntura frente a un proyecto que, más allá de la salida de sus principales proveedores potenciales, sigue en marcha.
Fuente: Infobae