El Concejo Metropolitano de Quito definió este martes 8 de septiembre, desde las 11:30, el futuro de la tarifa del transporte público convencional en una sesión extraordinaria que se extendió hasta las 17:00.
Con 14 votos a favor, 6 en contra, 0 abstenciones y dos ausencias, los ediles decidieron, tras cinco horas de debate en el Pleno del Municipio, que el pasaje para el transporte urbano de la ciudad sube a $ 0,40; es decir, 5 centavos más, desde el 1 de enero de 2027.
Los votos a favor de este incremento vinieron del alcalde Pabel Muñoz y los concejales: Adrián Ibarra, Cristina López, Darío Cahueñas, Diana Cruz, Diego Garrido, Emilio Uzcátegui, Estefanía Grunauer, Fernanda Guillen, Fernanda Racines, Gabriel Noroña, Héctor Cueva, Joselyn Mayorga y Mónica Proaño.
El Municipio planteó que esta nueva tarifa vendrá acompañada de un mecanismo de compensación de hasta $ 8.000 por cada unidad de transporte público habilitada durante 2026. En total, el proyecto contempla alrededor de $ 23,3 millones de recursos municipales para este mecanismo.
El debate por la calidad del servicio
El debate no giró únicamente alrededor de cuánto deberá pagar el pasajero. En las mesas de trabajo y durante el primer debate surgieron reclamos ciudadanos por la calidad del servicio, el irrespeto a las paradas, el “correteo” entre buses, el exceso de velocidad y los siniestros de tránsito.
Por eso, mientras los transportistas defienden la necesidad de mejorar sus ingresos, los usuarios exigen que cualquier aumento esté acompañado de controles y mejoras que puedan comprobarse en las calles.
Incluso varios concejales, entre ellos Bernardo Abad, Andrés Campaña, Blanca Paucar, Analía Ledesma y Fidel Chamba aseguraron que el aumento del pasaje es totalmente “descabellado” si no existe un compromiso por parte del gremio para mejorar diferentes aristas que ponen en vilo a la sociedad que utiliza diariamente este servicio.
“Resulta más inaceptable cuando hablamos de los usuarios del Quito urbano al Quito rural. El pasaje de la línea San Roque – El Quinche pasará de $ 1.90 a $ 2.40, $ 0.50 de incremento, la línea Marín – Pintag pasará de $ 0.50 a $ 1.10 y el pasaje de la línea Carapungo – Quicentro Sur pasará de $ 1.10 a $ 1.40, es decir $ 0.30 de incremento”, comentó el concejal Andrés Campaña.
El impacto en las tarifas rurales e intracantonales
La confrontación tarifaria va más allá de los cinco centavos que pagaría de más un usuario en un bus urbano.
Un documento con las tarifas calculadas para 2027 incorpora recorridos de transporte intracantonal combinado y rural en zonas como Los Chillos, Tumbaco, Pifo, El Quinche, Calderón y Quitumbe. Allí aparecen valores de $ 1,10 para Marín-Píntag, $ 1,45 para Río Coca-El Quinche, $ 1,70 para Quitumbe-Aeropuerto y hasta $ 2,40 para el trayecto Mercado San Roque-El Quinche. Para estos mismos recorridos se establece una tarifa preferencial reducida.
“¿Cómo podemos entender que en estos trayectos, el pobre más miserable, el que viaja más horas, tendrá que triplicar la tarifa? Pasajes que llegan a $ 1.50 a $ 1.45, no podemos entender que una ruta de Guayllabamba a la Río Coca cueste $ 1.10. Qué dolor”, apuntó Analía Ledesma, concejala de la ciudad.
La discusión llega, además, en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento de las tarifas autorizadas.
En agosto, la Agencia Nacional de Tránsito detectó presuntos cobros superiores a los establecidos en controles realizados en las terminales de Carcelén y Quitumbe; en uno de los casos, una operadora cobraba $ 16 por un recorrido cuyo valor autorizado era de $ 15.
El proceso de negociación y fiscalización
El incremento de cinco centavos llega después de siete sesiones de la Comisión de Movilidad y 13 mesas de trabajo entre el Municipio y los transportistas, quienes inicialmente aspiraban a llevar la tarifa hasta $ 0,65.
Esa propuesta no fue aceptada y la Alcaldía planteó mantener los $ 0,35 durante 2026 mediante una compensación al sector y establecer los $ 0,40 desde 2027, condicionados a mejoras en la operación.
La discusión sobre el alza de las tarifas ocurrió mientras el transporte urbano continúa bajo fiscalización. Entre junio y agosto de este año, el Municipio realizó 120 jornadas de control a buses convencionales y semanalmente fiscalizó 42 rutas de los corredores Sur Occidental y Central Norte.
Las autoridades revisan frecuencias, recorridos y condiciones de prestación del servicio, mientras que los controles de la AMT han dejado miles de citaciones en 2026, entre ellas por circular con las puertas abiertas, recoger pasajeros en lugares no permitidos, incumplir señales y otras infracciones.
El Municipio también ha comenzado a utilizar usuarios incógnitos para detectar irregularidades directamente durante los viajes.
Así, el debate de este martes estipuló que el usuario deberá pagar $ 0,40 por subir a un bus urbano y hasta $ 0,50 por abordar una unidad rural, pero obligó a las empresas de transporte público del Distrito Metropolitano de Quito y sus parroquias a mejorar su servicio.
El alcalde Pabel Muñoz también participó y fue enfático en asegurar que no habrá compensación alguno de no existir evidencias de una notable mejoría en el servicio, atención e infraestructura del sector.
“Transportistas cuidado se equivocan. La clave de la transformación vial es el sistema integrado de recaudo”, opinó Muñoz.
Tecnología para el control del servicio
El acuerdo entre el Municipio y los transportistas plantea que el eventual pasaje de $ 0,40 esté acompañado por sistemas tecnológicos para controlar recorridos, velocidades, frecuencias y conductores, además de mecanismos para que los ciudadanos puedan reportar incumplimientos.
“Hay un cronograma que está especificado en la ordenanza, no cambiará mañana, habrá cambios y cada pago estará atado al cumplimiento de las obligaciones y debemos tomar en cuenta que hasta el mes de enero habrá obligaciones claras en el sistema de transporte”, aseguró María Fernanda Racines, vicealcaldesa de la capital.
Racines manifestó que el avance tecnológico permitirá que mediante chips de geolocalización se pueda verificar si la unidad está cumpliendo con la frecuencia y argumentó que los transportistas deben cumplir con la operación, los horarios establecidos y mecanismos que entreguen seguridad.
El Municipio sostuvo que el aumento debe estar ligado a una mejora real de la calidad del servicio; los transportistas, en cambio, han defendido que sus costos de operación justificaban una tarifa mayor.
Jorge Yanez, representante del gremio de transportistas, opinó en el mecanismo de silla vacía y aclaró que el alza de la tarifa es necesaria para garantizar el futuro de la movilidad en la capital.
“Este voto debe ser en pro de la ciudadanía, que Quito no siga en ese círculo vicioso en que el transportista es enemigo del ciudadano. Estamos comprometidos en identificar a los malos elementos, cambiarlos y mejorar el servicio de transporte público”, concluyó.
Fuente: El Universo
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