La Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó, con seis votos, el informe de fiscalización sobre el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), que actualiza y amplía la información y documentación relacionada con los hechos, las recomendaciones y el cumplimiento del informe aprobado el 13 de diciembre de 2021.
El documento concluye que el SUCRE se encuentra en un estado de colapso operativo definitivo, al no registrar operaciones comerciales desde 2020. Esta situación evidencia la pérdida de causa del tratado y sustenta la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar su denuncia.
El informe señala que la facultad de control administrativo de la Contraloría General del Estado sobre las operaciones del sistema, ejecutadas entre 2010 y 2017, habría caducado, debido a que ya habría transcurrido el plazo de siete años establecido para el ejercicio del control posterior. En consecuencia, la determinación de eventuales responsabilidades por perjuicios patrimoniales correspondería al ámbito penal.
En materia judicial, la Comisión advierte sobre la posible existencia de un patrón de impunidad que habría permitido la liberación de más de USD 56 millones de FOGLOCONS en 2016. Según el documento, en enero de 2022, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura archivó el expediente relacionado con los jueces intervinientes, decisión que la mesa legislativa considera arbitraria e injustificada. El proceso fue reabierto en julio de 2026 por la actual administración del Consejo de la Judicatura.
Entre las recomendaciones, la Comisión plantea a la Fiscalía General analizar la información recabada y, de considerarlo pertinente, evaluar las acciones que correspondan por el presunto delito de peculado, en respeto irrestricto del principio de independencia judicial externa. Para ello, pone a disposición el expediente certificado de 11.121 fojas, remitido por el Banco Central del Ecuador en 2026, a fin de que sea valorado durante la fase de investigación previa y se adopten las decisiones procesales pertinentes.
Asimismo, recomienda al Pleno exhortar a la Fiscalía a considerar, de ser necesario, la solicitud de asistencia penal internacional ante las autoridades judiciales y de inteligencia financiera de las jurisdicciones involucradas.
EG