Este domingo 6 de septiembre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, le respondió a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien había cuestionado la manera en que se expusieron públicamente los cuerpos de los fallecidos durante la Operación Azarías, en el departamento de Guaviare.
Mediante sus cuentas en redes sociales, Lara calificó a la Defensoría del Pueblo como una institución aliada del Gobierno, aunque dejó en claro que no estaba de acuerdo con la postura de Marín respecto a la actuación del Estado frente a los grupos armados ilegales.
“La Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetamos y valoramos. Su mandato es cuidar víctimas y derechos para lo cual cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional”, escribió el ministro.
No obstante, Lara rechazó que se equipararan las acciones del Estado con las de las organizaciones criminales.
“Equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, afirmó Lara.
La advertencia de la Defensoría sobre la dignidad de los muertos
Además, la defensora señaló que los fallecidos deben ser respetados y recibir un trato digno, incluso en escenarios de conflicto armado.
En esa línea, criticó que los cuerpos de las víctimas sean incorporados en la presentación pública de resultados de una operación estatal.
“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública, ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó.
Marín también mencionó el portal “Las Bajas del Tigre”, del cual señaló que no se ha verificado su carácter oficial. Según explicó, en ese sitio se registran muertos y otros resultados operacionales desde que asumió el nuevo presidente de la República.
La defensora recordó los falsos positivos y su vínculo con una política que antes medía resultados según el número de bajas en combate. Sin embargo, aclaró que no estaba sugiriendo que los cuerpos de la Operación Azarías correspondan a esa dinámica.
Su llamado fue a emplear indicadores más amplios para evaluar la seguridad, como los derechos garantizados y las vidas salvadas, en particular las de la población civil perjudicada por los grupos criminales.
Fuente: Infobae