En la actualidad, las corporaciones no solo procuran calcular su impacto ecológico, sino que también comienzan a reconocer su dependencia de los recursos naturales para mantener sus actividades. El gran desafío consiste en traducir esa dependencia en información confiable que permita prever riesgos y canalizar capital hacia iniciativas de conservación.
Imaginemos una compañía que enfrenta la escasez del agua indispensable para su producción, la degradación del suelo que sustenta sus cultivos o la desaparición de un ecosistema que protege sus instalaciones. Según un informe del Foro de Servicios Ecosistémicos América Latina (FSC), esta pregunta, aunque aparentemente ambiental, tiene una consecuencia cada vez más clara: también es financiera.
La calidad del agua, la salud de los suelos, la biodiversidad, la captura de carbono y otros servicios ecosistémicos pueden condicionar las operaciones, las cadenas de suministro y las decisiones empresariales a largo plazo. En este contexto, los bosques argentinos abarcan aproximadamente el 16% del territorio nacional, una superficie comparable a la de España, y a nivel mundial representan cerca del 30% de las tierras del planeta. Además, capturan netamente unos 7.600 millones de toneladas de CO₂ cada año y albergan hasta el 80% de la biodiversidad terrestre.
El impacto económico de los ecosistemas
El impacto económico es igualmente notable. Se calcula que el 55% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe depende de la naturaleza, mientras que los servicios ecosistémicos generan aproximadamente US$15,3 billones cada año en la región.
Para el Forest Stewardship Council (FSC), una organización global referente en manejo forestal responsable, el reto ya no es solo medir el impacto de una empresa sobre los ecosistemas, sino también cuantificar su dependencia de ellos y las consecuencias de su deterioro. El problema radica en que gran parte de ese valor no figura en los balances corporativos: un bosque puede almacenar carbono, regular el agua, conservar biodiversidad y proteger el suelo sin que se le asigne un precio de mercado. No obstante, su degradación puede provocar mayores costos, interrupciones en la producción, riesgos en la cadena de suministro y una mayor vulnerabilidad al cambio climático. Por ello, medir y verificar esos beneficios se convierte en una herramienta crucial para guiar decisiones empresariales y financieras.
No se trata solo de una cuestión ambiental o financiera. Los servicios ecosistémicos afectan directamente el bienestar de las comunidades, la calidad de vida y el desarrollo de actividades productivas. Preservarlos significa mantener recursos esenciales, disminuir vulnerabilidades y conservar las condiciones naturales de las que dependen tanto las personas como las empresas.
En esta transición, la medición se convierte en un instrumento estratégico. La evidencia sobre los servicios ecosistémicos puede apoyar informes, dar seguimiento a compromisos ambientales, detectar riesgos y dependencias vinculados a la naturaleza, y también proporcionar información para guiar inversiones y asignación de capital.
El FSC ha integrado este debate en su “Marco Estratégico de Clima y Biodiversidad 2026-2032″, que establece como prioridades ampliar el acceso a financiamiento mediante la participación de entidades financieras y fortalecer los sistemas de datos, monitoreo y evidencia. La meta es que los resultados ambientales puedan emplearse de forma confiable en mercados, informes corporativos y decisiones de inversión.
Herramientas para medir y verificar
Para avanzar en esa dirección, el FSC creó “Impacto Verificado”, una herramienta que genera evidencia sobre siete servicios ecosistémicos: biodiversidad, almacenamiento y captura de carbono, agua, conservación de suelos, recreación, valores culturales y calidad del aire. Este sistema permite cuantificar los impactos y someterlos a verificación por parte de terceros, otorgando mayor credibilidad para respaldar compromisos ambientales y decisiones financieras.
La diferencia es clave: medir permite saber qué ocurrió; verificar permite demostrarlo. Esta trazabilidad puede ser fundamental para que los beneficios de conservar un ecosistema salgan del ámbito de las declaraciones ambientales y empiecen a insertarse en discusiones sobre riesgo, rentabilidad y financiamiento.
Este debate es particularmente relevante para sectores ligados al territorio y los recursos naturales. Una disminución en la calidad del agua puede perjudicar una operación; la pérdida de fertilidad del suelo puede reducir la productividad; la reducción de la biodiversidad puede alterar servicios esenciales; y la degradación forestal puede aumentar la exposición a ciertos riesgos climáticos.
Reconocer estas dependencias permite pasar de un enfoque reactivo a uno de planificación. La pregunta ya no es solo qué huella ambiental deja una operación, sino también qué recursos naturales son estratégicos, qué riesgos surgirían si se degradan y qué inversiones podrían mitigar esas vulnerabilidades.
Sin embargo, el desafío continúa siendo complejo, según el informe del Foro de Servicios Ecosistémicos. A diferencia de un activo financiero tradicional, el valor de un ecosistema no se puede resumir en una sola variable. Su importancia emana de múltiples funciones que interactúan y que, en muchos casos, sostienen actividades económicas sin figurar directamente en sus costos.
Fuente: Infobae