El caso de la psicóloga estadounidense Erica Hagan, asesinada a los 22 años la noche del 5 de septiembre de 2014 en Temuco, a 680 kilómetros al sur de Santiago, sigue sin respuestas. A fines de septiembre de 2024, el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, dispuso que la Fiscalía Regional de O’Higgins asuma por tercera vez la investigación, después de que el Ministerio Público de La Araucanía la cerrara en dos ocasiones sin hallar culpables.
El segundo archivo del caso fue explicado por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien sostuvo que no quedaba una línea de investigación que siguiera aportando antecedentes. En su momento, Garrido aseguró que las diligencias estaban agotadas y que no valía la pena repetir acciones ya realizadas. Sus declaraciones fueron estas:
“Consideramos que no había actualmente una línea de investigación que nos siguiera aportando antecedentes (…) Comunicamos debidamente esto también a los querellantes, que las diligencias desde nuestro punto de vista estaban agotadas, que no valía la pena seguir repitiendo diligencias que ya se habían realizado”.
El persecutor también se mostró de acuerdo con que el caso fuera revisado por otro equipo. “En este caso los querellantes pidieron que la investigación fuera abordada por otro equipo, lo que a nosotros nos parece muy bien”, dijo. Y añadió: “Vamos a cooperar con todo lo que ellos requieran para poder seguir adelante”.
Garrido reconoció las falencias en las pericias y en todo el proceso. “Vivir en Temuco, el conocer este caso desde sus inicios, nos hace muy responsables de todo lo que se hizo mal en su momento”, sostuvo. Luego amplió:
“Evidentemente, hubo muchos errores, el Tribunal Civil determinó que había un trabajo negligente de parte del Ministerio Público y de las policías. (…) Hubo una preparación de ese caso, hubo un trabajo de limpieza del sitio del suceso, se perdió evidencia dentro de ese trabajo. Es decir, hubo una suma de situaciones que conspiraron contra nuestro deseo de esclarecer este hecho”.

La nueva etapa del caso
Actualmente el expediente está en manos del fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, quien en estos dos años ha ordenado peritajes avanzados sobre evidencias que antes no se podían procesar con precisión. Uno de los elementos es el teléfono celular parcialmente quemado por el asesino, con el objetivo de rescatar datos o geolocalizaciones.
También se pidieron nuevos cotejos genéticos sobre piezas clave de la escena, entre ellas un trozo de uña levantado en los peritajes iniciales. Cubillos no descarta la participación de más de una persona y apunta nuevamente a personas del entorno del Colegio Bautista que entre 2014 y 2015 fueron descartadas, quizá de manera apresurada o negligente.
El riesgo de un cierre definitivo es latente: si el caso vuelve a archivarse sin responsables, lo más probable es que no se abra por cuarta vez. Por eso, Regina O’Neal, madre de Erica Hagan, ha librado una verdadera cruzada desde el primer día. Ella escribió al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para pedirle toda la ayuda posible del gobierno norteamericano.
Judd, ya instalado en Santiago, respondió la carta en marzo pasado de manera taxativa:
“Gracias por su carta y, por favor, acepte mis más profundas condolencias por su pérdida. Sus esfuerzos para honrar a Erica a través de su búsqueda de justicia durante estos últimos 11 años son extraordinarios, especialmente considerando la naturaleza horrorosa de su asesinato”.
En la respuesta, el diplomático afirmó que la embajada ha estado en contacto con los persecutores y la policía, que el FBI colabora en los peritajes y que la mayor preocupación de la legación es la seguridad de sus ciudadanos. Judd fue aún más lejos:
“El caso de su hija sigue siendo una prioridad para nuestro equipo aquí en Santiago, y me gustaría reiterar nuestro compromiso con usted: continuaremos planteando el caso de Erica en cada oportunidad apropiada en nuestra relación con las autoridades chilenas; continuaremos insistiendo en una resolución concluyente del caso; y continuaremos ofreciendo asistencia a las autoridades chilenas cuando se nos solicite y sea apropiado para avanzar y mejorar su trabajo hacia una resolución”.
La abogada de la madre, Catalina Castillo, valoró el respaldo del embajador, aunque no ocultó su inquietud. “Tememos que esta nueva investigación vuelva a ser un fracaso. Ya se van a cumplir dos años desde que la fiscalía de O’Higgins tomó las riendas de esta investigación y hasta la fecha no hemos obtenido ningún resultado efectivo”, advirtió.

Cronología de un crimen sin resolver
El sábado 5 de septiembre se cumplieron 12 años del asesinato de la joven Erica Hagan (22), cuyo cadáver fue hallado en la tina de su departamento dentro del Colegio Bautista de Temuco, donde hacía una pasantía en 2014.
El cadáver presentaba un terrible traumatismo encéfalocraneano causado por al menos cuatro golpes, presuntamente propinados con un atizador de chimenea. Los peritajes descartaron primero una violación y luego indicaron que el agresor era alguien conocido, ya que la puerta no fue forzada.
Tras el ataque, el asesino arrastró el cuerpo desnudo de la joven y lo sumergió en la tina con agua caliente. También intentó quemar la ropa, un celular y una tablet para borrar rastros.
La investigación inicial se centró en el guardia del colegio Domingo Cofré, quien pasó ocho meses en prisión preventiva. La única prueba que tenía la Fiscalía era el atizador, pero sin rastros de sangre de Erica. Cofré fue absuelto a fines de 2015 por severas inconsistencias, pérdida de evidencia científica y una profunda negligencia de la Policía y la Fiscalía local.
En 2021, la madre solicitó la reapertura porque la PDI haría nuevas pericias con herramientas inexistentes en 2014, especialmente para obtener muestras de ADN. Tres años después, en marzo de 2024, el fiscal Garrido confirmó el cierre, nuevamente sin culpables.
Para evitar el archivo definitivo, a inicios de septiembre de 2024 la madre pidió 76 nuevas diligencias. Entre las solicitudes figuraron:
- la colaboración del FBI;
- el traslado del caso a otra fiscalía regional.
En esa oportunidad, también criticó al Ministerio Público por la desaparición de evidencias. Sus palabras fueron:
“Estoy indignada con la ‘misteriosa’ desaparición del reloj que portaba mi hija, porque el mismo oficial investigador anterior dijo que era una evidencia muy importante. Ahora no sólo desapareció el reloj, sino numerosa evidencia de varios sospechosos: pantalones, casacas y evidencias personales de mi hija. La Fiscalía no ha aclarado aquello. ¿Por qué?”
Así lo expresó en una carta enviada al fiscal nacional, Ángel Valencia. Su clamor fue escuchado y por ahora la investigación avanza, aunque el caso permanece en total impunidad.
Fuente: Infobae