La Comisión de Fiscalización y Control Político, en el marco del proceso de investigación del caso Sucre-FOGLOCONS, recibió a delegados del Banco Central del Ecuador (BCE), con el propósito de recabar nueva información y documentación que permitan actualizar y ampliar los elementos de análisis para fundamentar el respectivo informe motivado, que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
En este sentido, Carmen Vergara, delegada del BCE, explicó que este mecanismo se originó a partir del Convenio Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), suscrito por Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, países que formaban parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Su objetivo era impulsar el comercio sin el uso de dinero físico.
Recordó que este sistema tuvo un uso importante entre 2010 y 2019, año en el que las operaciones disminuyeron sustancialmente. Posteriormente, entró en un proceso de pausa administrativa y, en la actualidad, se encuentra a la espera de su cierre, luego de la denuncia del respectivo tratado. Durante este periodo, el Banco mantuvo los controles técnicos previstos en el Convenio.
Como resultado, indicó que a través del Sucre se registraron operaciones por 2.697 millones de dólares, de las cuales el 99 % se realizaron con Venezuela. En estos procesos intervinieron empresas privadas, los bancos centrales de cada uno de los países miembros del sistema, los bancos privados operadores y el Banco del ALBA.
Igualmente, destacó que el Banco Central, en todo momento, cumplió con su deber de control y actuó con la debida diligencia en la revisión de las transacciones realizadas en el sistema Sucre. Sin embargo, en el caso de las operaciones presuntamente irregulares, se limitó a emitir las respectivas alertas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Fiscalía, puesto que no era parte de las atribuciones determinar si las transacciones eran lícitas o no.
EG