No solo Galo Lara, exasambleísta y exgobernador de Los Ríos; Fernando Balda, activista político; o las hijas del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio han reaccionado a la deportación de José Serrano, exfuncionario del correísmo.
También lo hizo Lourdes Tibán, exlegisladora y actual prefecta de Cotopaxi. Ella vivió momentos complicados y “persecución política” durante ese régimen.
La llegada de Serrano trae a su memoria situaciones lamentables que la involucraron a ella y su familia. Ocupó una curul en la Asamblea Nacional cuando hubo una revuelta policial el 30 de septiembre de 2010 (30-S).
El 30-S y el impacto que cambió la vida de Marco Tibán, su hermano
Ese día, el exmandatario Rafael Correa acudió al Regimiento Quito en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito, para hablar sobre la Ley de Servicio Público que había sido aprobada por la Asamblea. En medio de altercados gritó desde una ventana del hospital de la Policía: “Si quieren matar al Presidente, aquí está, mátenme”. Por la noche, durante un operativo militar para evacuar al exmandatario, se produjo un enfrentamiento provocando muertos y varios heridos.
El Gobierno lo catalogó como “un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional”. Cientos de personas fueron acusadas de intento de magnicidio, terrorismo, sabotaje, incitación a la rebelión y otros delitos. 50 personas fueron encarceladas por hechos vinculados al 30-S, según el desaparecido Ministerio de Justicia.
Paralelamente a lo que ocurría en el Regimiento Quito, en la Asamblea Nacional hubo inconvenientes por supuestos intentos de ingresar por parte de legisladores. Marco Tibán, hermano de Lourdes, era un policía de tropa, quien prestaba sus servicios en la escolta legislativa. Había llegado un mes antes.
Recordó que el 30-S hizo guardia durante la madrugada. Tras cumplir su turno dejó el edificio a las 08:00 y estaba libre. Sin embargo, en una radio local, escuchó que había problemas en el Regimiento Quito, donde hoy funciona la Policía del Distrito Metropolitano.
El mensaje de un superior ordenó que se concentren nuevamente en el edificio legislativo. La noticia de que hubo un levantamiento estudiantil con dirección a esa edificación los alertó. Del bando gubernamental empezaron a llegar legisladores, pero la orden era que las puertas principales se cierren, y que ellos podían ingresar por atrás con su credencial. Personal policial se colocó en ese sitio. Contó que al llegar intentó explicar la situación al legislador Pedro de la Cruz. El asambleísta, molesto, agitó las manos y, para que se calmara, Marco las tomó. “Para el correísmo y para la Fiscalía de ese entonces fue el momento en que agredí a los asambleístas; fue una persecución política”, indicó.
Además, para evitar la afectación por gas lacrimógeno que se lanzó para dispersar a la gente se colocó una camiseta blanca alrededor del rostro estando vestido de civil.
Como castigo, los policías de la escolta legislativa, entre ellos él, fueron trasladados a otras provincias. Fue a Santo Domingo donde después lo arrestaron por el presunto delito de atentado contra la seguridad del Estado.
Lo llevaron a juicio y tras ser condenado por encubridor fue a la cárcel 4. Durante su encierro, de 9 meses, empezó a estudiar abogacía a distancia. Al salir de prisión se reunió con un jefe policial quien destacó que no se le daba de baja por ser un mal elemento sino por la sentencia. Su carrera de abogado empezó en 2016 en el sector público.
La influencia que habría tenido José Serrano en el 30-S
Su hermana le dijo que lo sucedido era por culpa suya. Ella considera que debería haber justicia a favor de los policías y militares que salieron de sus instituciones y no pudieron avanzar en sus carreras profesionales debido a informes hechos por José Serrano.
“Tantas familias que quedaron afectadas por el tema del 30-S”, señaló. A su criterio debería haber una restitución para los integrantes de esas instituciones de seguridad. “No hubo tal golpe de Estado, (José) Serrano fue el que maniobró todo para armar este show”, opinó.
En una sabatina, como se llamaba a los informes de la gestión que daba Correa los sábados, contó ella, el exmandatario le pidió una lista a Serrano de quienes eran los policías que estaban en la Asamblea el 30 de septiembre e identificaron a Marco Tibán, como su hermano, tras pedir información Registro Civil.
Como se comprobó esa familiaridad con la legisladora en funciones, quien era de oposición, se lo vinculó a un supuesto golpe de Estado.
La prefecta de Cotopaxi recordó otros hechos que la afectaron y lo relaciona con acciones del régimen de Correa, del cual se ha declarado perseguida política.
Robos dudosos, temas personales y un caso que podría reactivarse
Las puertas y ventanas de su casa de Salcedo fueron destruidas y no se llevaron nada, señaló Tibán, mientras que, en otra vivienda, en Quito, dos carpetas con documentos personales y computadoras de sus hijos fueron sustraídas. A raíz de esos atracos sus hijos no quisieron regresar a la capital y se quedaron a vivir en Cotopaxi.
De los robos dudosos pasaron a temas más personales. En 2015 fue agredida físicamente. Lo atribuyó a la oposición al régimen de Correa y que la golpearon para que se calle. Cuando ese hecho sucedió, Serrano, quien era ministro de Justicia, habría manifestado que fue por problemas domésticos, cuestiones de faldas.
Si bien han pasado 16 años desde el 30-S, Marco Tibán tiene pendiente un recurso judicial pues su objetivo es dejar sin efecto su sentencia.
“No le deseo a nadie un día de cárcel, es horrible, los días se me hicieron meses”, dijo. Su aspiración es que si gana en los tribunales, con un recurso de revisión, sea reintegrado a la Policía.
LA HORA