El juez federal Federico Calvete desató un enfrentamiento entre dos enfoques del Estado argentino que hasta ahora no habían chocado de manera tan abierta: la protección de los animales y la gestión ambiental. En el centro de la disputa está una especie que el Ministerio de Ambiente califica como “dañina y perjudicial”, pero que el magistrado de Tierra del Fuego acaba de reconocer como titular de derechos no humanos.
Se trata del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), también conocido como conejo de Castilla. El conflicto legal surgió a raíz de un plan para eliminarlos mediante gas en terrenos del CONICET.
En 2020, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) propuso utilizar fosfuro de aluminio, un compuesto que al contacto con la humedad libera gas fosfano, para controlar la población de conejos en su predio ubicado cerca de la bahía de Ushuaia. La institución argumentó que las madrigueras comprometían los cimientos de su edificio y dañaban el ecosistema local. El plan nunca se ejecutó: organizaciones proteccionistas acudieron a la Justicia y Calvete ordenó suspenderlo de inmediato.
Lo que siguió fue un expediente que se extendió por años. Esta semana, al declarar abstracta la causa, el magistrado no solo la cerró, sino que fijó una postura sobre la condición jurídica de los animales: sostuvo que, por ser seres sintientes, los conejos europeos poseen “derechos fundamentales” y no pueden ser tratados como “un automóvil o un inmueble”. Según el fallo, las organizaciones proteccionistas demostraron
“los derechos que asisten a los animales no humanos, y que también merecen protección judicial”
.
La contradicción con la normativa vigente es directa. En diciembre de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió la Resolución 474/2020, que declaró a las poblaciones silvestres de conejo europeo
“dañinas y perjudiciales para la conservación de la biodiversidad y las actividades productivas”
. A esto se suma que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye a esta especie entre los cien organismos exóticos invasores más perjudiciales a nivel global. Dos marcos legales, un mismo animal, conclusiones opuestas.
Para entender por qué el conejo europeo ocupa ese lugar en la lista de la UICN, basta con repasar lo ocurrido en Tierra del Fuego a partir de 1936. Ese año, según documenta Parques Nacionales, dos parejas de Oryctolagus cuniculus fueron liberadas cerca de Porvenir, en el sector chileno de la Isla Grande. La frontera política no representó límite alguno: para 1953, apenas 17 años después, la población ya superaba los 30 millones de ejemplares y había colonizado también el territorio argentino. Una segunda introducción, esta vez cerca de Ushuaia y atribuida a la Armada Argentina y a particulares, sumó más animales alrededor de 1950.
La biología de la especie explica esa velocidad. El período de gestación dura entre 28 y 33 días, cada camada puede tener hasta nueve gazapos —con un promedio de cinco o seis— y una hembra puede producir entre cinco y siete camadas por año, según los registros de Parques Nacionales. Con esos parámetros, la expansión fue tan rápida que los métodos de control llegaron tarde o resultaron insuficientes: en 1951 se liberaron zorros grises para reducir la población, sin resultados comprobados, y a mediados de los años 50 se recurrió al virus de la mixomatosis, que produjo una caída considerable, pero no resolvió el problema de fondo.
El impacto de la invasión tampoco se limita a los números. Los conejos viven en colonias y construyen sistemas de madrigueras que pueden alcanzar hasta tres metros de profundidad y decenas de metros de extensión. En la Patagonia, eso derivó en competencia directa con el ganado ovino por los pastizales, deterioro de plantaciones forestales y erosión del suelo. En Argentina, el conejo europeo fue introducido en los siglos XIX y XX con fines productivos —proteína animal, cuero y piel— en la isla de Tierra del Fuego, pero su capacidad de dispersión convirtió lo que era una herramienta económica en una amenaza ambiental permanente.
Con el tiempo, los daños trascendieron el ecosistema. En los últimos 20 años, las madrigueras fueron identificadas como un factor de riesgo para la operación del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Ushuaia. Hoy, el Sistema de Información de Biodiversidad registra poblaciones de esta especie en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, entre otras zonas, y su categoría oficial en el país es la de especie exótica invasora de uso controlado.
Fuente: Infobae