En un contexto de severa escasez de carburantes, el Ejecutivo boliviano anunció este miércoles la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de hasta 180 días. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo 5697, tiene como objetivo corregir fallas en la cadena logística de importación y distribución de combustibles, así como reforzar el control sobre las operaciones de la petrolera estatal.
Como parte de la intervención, se conformará una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que supervisará la gestión de YPFB durante el período establecido. Este organismo estará integrado por representantes de los ministerios de Economía, Hidrocarburos, Producción Sostenible y Obras Públicas, además del viceministerio de Transparencia.
Según el decreto, la decisión responde a deficiencias detectadas en los procesos relacionados con la importación y distribución de carburantes, lo que, a criterio del Gobierno, pone en riesgo el abastecimiento, el interés público y la seguridad energética del país.
El plazo inicial de la intervención es de 180 días, con la posibilidad de una prórroga excepcional de hasta 90 días adicionales.
La normativa, aprobada por la administración de Paz, aclara que la intervención no implica la desaparición de YPFB ni altera su naturaleza jurídica o estructura institucional. La compañía seguirá operando como entidad pública, mientras la comisión extraordinaria ejecutará las labores de seguimiento estipuladas durante el período de intervención.
No es la primera vez que YPFB enfrenta una revisión de este tipo. La estatal petrolera ya fue intervenida en 2009 y posteriormente fue objeto de auditorías, procesos de control e investigaciones fiscales.
De hecho, en la gestión de Paz se ordenó la militarización de plantas de refinamiento para contrarrestar lo que el mandatario calificó como actos “de sabotaje” en la distribución de carburantes, ante las quejas por la mala calidad de la gasolina. Posteriormente, se realizaron allanamientos en las oficinas de La Paz y Santa Cruz para investigar un posible sobreprecio en contratos de compra de crudo.
La medida anunciada este miércoles se distingue por su alcance y plazo definidos, así como por la creación de la comisión con facultades para acceder a información, ordenar auditorías, revisar la trazabilidad de los combustibles y remitir posibles irregularidades a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.
La intervención ocurre en un escenario marcado por las dificultades para garantizar el abastecimiento en el país. Desde hace más de tres años, los bolivianos sufren períodos prolongados de escasez debido a la baja producción local y las limitaciones de importación derivadas de la crisis económica que atraviesa Bolivia.
A esta situación se suman constantes reclamos por la mala calidad de la gasolina, críticas al aumento del precio del diésel para los “grandes consumidores”, denuncias de corrupción dentro de la petrolera y la persistencia de redes de contrabando que llevan combustible boliviano a otros países.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, señaló que la estrategia detrás de la intervención es que la estatal petrolera se enfoque progresivamente en los procesos de exploración, explotación y refinamiento. De esta manera, se eliminarían las redes de corrupción en torno a la comercialización.
“La intención es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos. Yacimientos no fue creado con ese fin. Cumpliendo la Constitución, vamos a hacer que los privados participen en toda la cadena”, afirmó Blanco.
Aunque ya están operando algunos surtidores privados —con precios al doble o más del combustible subvencionado—, Blanco indicó que sostuvo reuniones con empresas privadas para importar mayores volúmenes a medida que la estatal petrolera reduzca su participación en la distribución.
Fuente: Infobae