Estudio CRSA evidencia brechas en el sistema de protección que afectan el derecho de la niñez y adolescencia a crecer en familia

El Análisis de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (CRSA 2026), desarrollado por Aldeas Infantiles SOS Ecuador, evidencia brechas en el sistema de protección que afectan el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en una familia segura y protectora. Uno de sus principales hallazgos revela que, pese a que el acogimiento institucional debería ser una medida excepcional, entre 2019 y mayo de 2026 concentró el 58,75 % de las medidas judiciales. El estudio también alerta sobre la relación entre pobreza, negligencia y separación familiar. La negligencia se mantiene como el principal motivo registrado de ingreso a acogimiento institucional: representó el 44 % en diciembre de 2022, llegó al 50,7 % en diciembre de 2025 y se ubicó en 48,9 % en abril de 2026. Sin embargo, el CRSA advierte que la vulnerabilidad económica tiende a registrarse como “negligencia” y señala que la falta de vivienda, empleo, ingresos y tiempo para el cuidado no debe confundirse con una incapacidad de las familias para cuidar. Esta alerta cobra mayor relevancia al observar que, entre enero y mayo de 2026, entre el 93 % y el 94 % de quienes se encontraban en acogimiento institucional vivía en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad. A esta realidad se suma la prolongación de una medida que debería ser temporal: el 20 % de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional lleva más de cinco años bajo esta modalidad. Los resultados muestran que la separación familiar no responde a una única causa, sino a la acumulación de factores económicos, familiares, territoriales e institucionales, y plantean la necesidad de fortalecer las respuestas de prevención y apoyo a las familias antes de recurrir a la institucionalización. Esta realidad evidencia la importancia de fortalecer las políticas de prevención y los mecanismos de apoyo a las familias antes de que las condiciones de vulnerabilidad deriven en la separación. El acogimiento institucional continúa teniendo un peso significativo dentro del sistema, pese a que debe ser una medida excepcional. Durante el período analizado, el acogimiento familiar registró una reducción del 70,3 %, lo que refuerza la necesidad de ampliar las alternativas de cuidado familiar y fortalecer el acompañamiento a las familias de origen y a la familia ampliada. El estudio también identifica una permanencia prolongada en el sistema de protección. Las demoras en audiencias, informes y procesos de esclarecimiento legal pueden extender el acogimiento institucional durante etapas fundamentales para el desarrollo y la construcción de vínculos familiares. Eva Peñafiel, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, señala que “proteger a la niñez implica actuar antes de que una familia llegue al punto de perder el cuidado de sus hijos. Este estudio nos recuerda que garantizar el derecho a crecer en familia es una responsabilidad compartida y que la prevención debe estar en el centro de las decisiones públicas. El CRSA busca convocarnos a transformar la realidad”. Otra de las principales brechas identificadas es la transición de adolescentes y jóvenes al cumplir los 18 años. Quienes egresan del sistema deben afrontar necesidades relacionadas con vivienda, alimentación, salud, educación y empleo, muchas veces sin redes afectivas de apoyo ni una respuesta pública articulada para acompañar este proceso. Frente a esta situación, el CRSA plantea que la salida del sistema de protección debe ser planificada y progresiva, con acompañamiento sostenido hacia la autonomía. Las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes incorporadas en la investigación muestran que el bienestar no depende únicamente de las condiciones materiales, sino también de la existencia de vínculos significativos y entornos libres de violencia y miedo. En el caso de quienes egresan del sistema, sus experiencias reflejan además las dificultades para acceder a empleos dignos y construir una vida independiente. Los resultados del CRSA constituyen una línea de base para la incidencia política del período 20262030. A partir de estos hallazgos, el estudio propone fortalecer una Política Nacional de Prevención que articule salud mental, educación y protección social, diferenciar pobreza de negligencia en los protocolos de protección, reducir la institucionalización y ampliar las alternativas de cuidado familiar. También plantea agilizar los procesos legales, garantizar servicios de salud mental con enfoque informado por el trauma y establecer mecanismos de acompañamiento continuo para adolescentes y jóvenes hasta alcanzar su autonomía.