En Nicaragua, los familiares de presos políticos enfrentan una situación cada vez más angustiante: se han registrado exigencias de pagos que van desde USD 1,000 hasta USD 15,000 a cambio de datos sobre el paradero o la condición de sus seres queridos detenidos. De acuerdo con testimonios difundidos por Confidencial.digital y el Colectivo Nicaragua Nunca Más, quienes se comunican con las familias suelen presentarse como abogados, funcionarios penitenciarios o personas vinculadas al Gobierno, ofreciendo supuestas pruebas de vida a cambio del dinero.
Hasta julio de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó que, de los 60 presos políticos verificados, 23 estaban en condición de desaparición forzada. Entre ellos, 18 habían sido identificados plenamente y cinco permanecían en el anonimato debido al temor de sus familiares a posibles represalias. El ocultamiento de detenidos, que antes se limitaba a breves periodos tras protestas o detenciones, se ha convertido en una práctica sin un plazo definido, según organismos de derechos humanos en el exilio.
Contexto de las desapariciones y cambios legales
El análisis señala que, tras la entrada en vigencia de la Ley 1060 en 2021, el plazo de detención preventiva sin acusación formal se amplió de 48 horas a hasta 90 días. No obstante, reportes de familiares y defensores indican que el aislamiento de los presos políticos frecuentemente se extiende más allá de ese límite. En los últimos años, la falta de información sobre el paradero y la salud de los detenidos se ha vuelto habitual, incluso después de que algunos fueron presentados públicamente tras largos períodos de incomunicación.
El abogado Salvador Marenco relató que las familias visitan distintas instalaciones —como el centro penitenciario El Chipote, el Distrito 3 de Policía, morgues y hospitales— sin obtener respuestas oficiales. En varios casos, quienes buscan datos han denunciado amenazas directas, con advertencias de que podrían ser detenidos si insisten en sus gestiones.
Pruebas de vida y denuncias de extorsión
El informe indica que, aunque muchas familias reconocen la posibilidad de estar frente a un esquema de extorsión, algunas deciden endeudarse o vender bienes con la esperanza de recibir noticias de sus allegados. Según Confidencial.digital, desde 2022 el régimen utiliza las pruebas de vida como un recurso de presión psicológica. En opinión de Marenco, la persistencia y la organización de estas prácticas podría constituir delitos graves en el ámbito internacional.
Entre los casos recientes se menciona al exasesor presidencial Bayardo Arce, quien fue exhibido en marzo de 2026 tras meses de desaparición, y a Angélica Chavarría, cuya situación judicial sigue sin esclarecerse pese a la difusión de un video en mayo de 2026. El líder indígena Brooklyn Rivera estuvo desaparecido durante 971 días antes de que se publicaran imágenes suyas en un hospital, donde posteriormente falleció bajo custodia estatal. Según relató su hija, los restos aún no han sido entregados a la familia.
Impacto en el entorno y limitaciones legales
El reporte subraya que, antes de la excarcelación de 222 presos políticos en febrero de 2023, los familiares ya habían denunciado cobros por información o por la entrega de paquetería, sin tener certeza sobre la ubicación del detenido. Marenco manifestó que, en general, lo que se ofrece es información sobre el paradero, sin posibilidad de contacto directo ni confirmación de la situación vital del preso.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más identificó entre 2018 y 2019 ocho centros clandestinos de detención, a partir de testimonios de sobrevivientes, aunque actualmente no existen datos que confirmen su actividad. En 2023, un grupo de expertos en derechos humanos constató que el acceso a la defensa y a recursos judiciales, como el habeas corpus, se ha visto obstaculizado. La reforma constitucional “Chamuca” en 2025 consolidó la coordinación directa del Poder Judicial con la copresidencia y amplió la persecución contra familiares que intentan recurrir a la vía legal.
La cancelación de licencias a más de dos mil abogados ha reducido las posibilidades de defensa independiente, según Marenco.
“No existen abogados que te puedan acompañar, porque han cerrado y criminalizado a los profesionales del derecho”, afirmó.
En menos de un año, dos presos políticos desaparecidos fueron entregados sin vida a sus familias: Mauricio Alonso Petri, tras 39 días en esa condición, y Carlos Cárdenas Zepeda después de 15 días. Las familias de los detenidos continúan demandando información y garantías sobre la seguridad y el paradero de sus allegados, en un contexto donde la extorsión y el ocultamiento persisten como parte de las dificultades enfrentadas.
Fuente: Infobae