La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este miércoles que no procederá con la destitución del vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra, uno de los diez funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que Castro Zaavedra se encuentra actualmente con licencia sin goce de sueldo, cuyo permiso expira en noviembre de 2026. Según la funcionaria, solo una renuncia voluntaria del propio vicefiscal podría adelantar su salida definitiva de la institución.
“La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, declaró Sánchez Kondo a medios locales en Culiacán.
La fiscal precisó que la Fiscalía estatal no cuenta con información oficial que confirme la conclusión de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras tanto, la Vicefiscalía General del Estado está siendo dirigida de manera provisional por José Roberto Quiñonez Coronado, quien fue designado tras la separación temporal de Castro el pasado 5 de mayo de 2026.
Sánchez Kondo también señaló que desconoce el paradero actual de Castro, quien ya se presentó ante la FGR en mayo pasado. No proporcionó detalles sobre el avance de esa investigación ni sobre posibles nuevos requerimientos contra el funcionario.
Acusado por Estados Unidos
Dámaso Castro Zaavedra asumió el cargo de vicefiscal general de Sinaloa en octubre de 2021 y es uno de los diez funcionarios sinaloenses acusados por el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026. El expediente S9 23 Cr. 180 lo señala de haber recibido aproximadamente 11,000 dólares mensuales en sobornos de Los Chapitos a cambio de alertar al cártel sobre operaciones de la DEA, incluyendo qué laboratorios y miembros eran objetivo de las investigaciones. En las listas de pago del cártel aparece bajo el nombre clave “Culiacán Regio”.
Los cargos formales en su contra incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos. Dámaso Castro ha negado todas las acusaciones y compareció ante la FGR en mayo de 2026 para atender los requerimientos de la investigación federal.
Señalado también en el caso Cuén
El vicefiscal también está bajo escrutinio por su actuación en el asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda. Junto con la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez, sostuvo la versión inicial de que el homicidio ocurrió durante un intento de robo de vehículo en una gasolinera y respaldó la difusión de un video de una estación de servicio para sustentar ese relato.
La FGR atrajo la investigación, detectó múltiples irregularidades y determinó que el video de la gasolinera fue un montaje. La indagatoria federal demostró que Cuén fue asesinado en la misma finca donde se ejecutó el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el cofundador del Cártel de Sinaloa trasladado a Estados Unidos en julio de 2024.
El caso de Dámaso Castro es uno de los nueve que permanecen sin resolución judicial firme en México dentro del grupo de funcionarios sinaloenses acusados por Washington. El único que está confirmado bajo custodia en Estados Unidos es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente el 11 de mayo en Arizona y desde el 11 de agosto permanece fuera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, bajo resguardo en un domicilio no revelado mientras avanza su colaboración con las autoridades estadounidenses.
El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien encabeza la lista de acusados, solicitó una segunda licencia indefinida el 23 de agosto tras el rechazo político que generó su efímero regreso al cargo el 22 de agosto. El Congreso de Sinaloa aceptó por voto unánime su separación y designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
Fuente: Infobae