El juez federal Daniel Rafecas ha dispuesto una serie de diligencias probatorias con las que analizará nuevamente la acusación que pesa sobre Alberto Fernández por violencia de género. La denuncia, presentada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente, ya cuenta con un dictamen fiscal que pide su elevación a juicio oral.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, en los últimos días el magistrado requirió a la Policía Federal Argentina (PFA) informes detallados sobre cuatro agentes que estuvieron a cargo de la custodia de la pareja presidencial durante su mandato.
Estos custodios fueron citados por Rafecas para que brinden su testimonio en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la investigación.
Asimismo, el juez solicitó al sanatorio Otamendi que entregue una copia completa de la historia clínica de Fabiola Yañez, abarcando todo su historial médico desde 2018 hasta 2024, período en el que presuntamente ocurrieron los episodios de violencia denunciados.
La ampliación del conjunto de pruebas en la que trabaja Rafecas fue ordenada en julio por la Sala II de la Cámara Federal porteña. En ese fallo, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron anular la causa como pretendía la defensa de Fernández, aunque accedieron a producir más evidencia, tal como lo solicitaban sus abogados.
“La instrucción omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”, concluyó la Cámara.
En esa misma resolución, la Sala II instruyó a Rafecas a que, una vez recabados los resultados de las nuevas pruebas, “reevalúe la situación del imputado”. Esto implica determinar si merece continuar procesado y ser llevado a juicio, o si corresponde dictar falta de mérito o sobreseimiento.
El fiscal de la causa, Ramiro González, dictaminó hace aproximadamente un año que el expresidente debe ser juzgado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.
Vale recordar que, en instancias previas, la fiscalía calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas impulsadas por la defensa —a cargo de las abogadas Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi—, sosteniendo que Fernández busca retrasar la llegada del caso a un debate oral y público.
Según la acusación fiscal, entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, el presidente habría propinado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, provocándole un hematoma en el ojo. Además, antes del 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó causándole lesiones en el brazo, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.
Asimismo, se le atribuyen “maltratos sistemáticos” entre 2016 y agosto de 2024, que habrían generado en la víctima un daño psíquico. Finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denunciara, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica después de mudarse a Madrid, España, una vez que dejó el poder.
El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.
Mientras las nuevas pruebas avanzan en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Rafecas, Alberto Fernández no cesa en su intento por lograr la nulidad de la causa. La Cámara Federal porteña le concedió un recurso para que pueda presentar su reclamo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En los pasillos de Comodoro Py consideran poco probable que esta estrategia prospere a favor del expresidente. Al apartar al anterior juez de la causa, Julián Ercolini, la Casación ya estableció que el cambio de magistrado debía realizarse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
Fuente: Infobae