En múltiples localidades de Estados Unidos, la decisión de poner fin a los acuerdos con la empresa de videovigilancia Flock Safety no significó el cese del control sobre las calles. Aunque las administraciones locales cedieron a las presiones sobre la privacidad y rescindieron los contratos, el seguimiento de vehículos continúa sin interrupción en diversos vecindarios del país.
Esta continuidad responde a una rápida sustitución de proveedores por firmas rivales del sector policial y al abandono físico de la infraestructura en el espacio público. Según reportes de The Guardian, residentes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y expertos en gobernanza de datos alertan que el cambio de marca no soluciona la recolección masiva de información ciudadana.
¿Qué son las cámaras Flock y por qué son controvertidas?
Flock Safety gestiona más de 120.000 cámaras automatizadas de reconocimiento de matrículas (ALPR) en calles de Estados Unidos. Registran placas de vehículos miles de millones de veces al mes.
Aunque las fuerzas de seguridad resaltan su utilidad para localizar autos robados y resolver delitos, activistas y defensores de derechos civiles denuncian la creación de una red de vigilancia sin orden judicial. Este sistema recopila hábitos de ciudadanos sin historial criminal y expone la información a usos indebidos o transferencias a agencias de inmigración.
El fenómeno de la sustitución de proveedores: un panorama que empeora
De acuerdo con datos de la organización de derechos civiles DeFlock, al menos 56 municipios en todo el país dieron de baja a la empresa. Sin embargo, el problema lejos de resolverse empeoró: diversos ayuntamientos contrataron de inmediato a Axon, un gigante tecnológico de la seguridad valorado en USD 48.000 millones.
Esta transición representa una amenaza mayor para la privacidad porque el ecosistema de Axon integra Fusus, una plataforma equipada con inteligencia artificial capaz de unificar en un solo mapa de monitoreo interactivo las cámaras de la policía, los comercios y los vecinos. Así, la vigilancia deja de ser un simple registro de placas para convertirse en un seguimiento masivo en tiempo real.
Esta sustitución inmediata ya se evidencia en las siguientes ciudades:
- Longmont (Colorado): canceló el contrato con Flock tras intensas protestas ciudadanas, pero el concejo votó rápidamente la incorporación de radares Axon.
- Denver (Colorado): reemplazó la red completa de lectores Flock por dispositivos Axon para mantener activo el patrullaje visual.
- Syracuse (Nueva York): dejó vencer el contrato con Flock y migró hacia la tecnología de Axon a la espera de la firma definitiva.
La prisa de estas empresas por ocupar el espacio público evidencia una estrategia agresiva. En declaraciones recogidas por The Guardian, Chad Marlow, asesor senior de políticas de la ACLU, advirtió que las firmas rivales han estado “acechando en las sombras, esperando que Flock falle para apresurarse a entrar”. De este modo, la salida de un proveedor no frenó el espionaje vial, sino que le abrió la puerta a una tecnología con IA más potente, centralizada e invasiva.
Dificultades para retirar las cámaras y nuevas estrategias ciudadanas
La cancelación contractual tampoco garantiza la remoción física del equipo. Ante la inacción de Flock para retirar su infraestructura en ciudades como Oshkosh (Wisconsin), Dayton (Ohio) o Evanston (Illinois), el personal municipal y los vecinos optaron por cubrir los lentes con bolsas de basura para inutilizarlos.
Paralelamente, establecimientos comerciales privados mantienen cámaras Flock enfocadas hacia la vía pública fuera del control de los municipios. Frente a esto, grupos de activistas locales han solicitado a las autoridades normativas que prohíban totalmente los lectores ALPR o que obliguen a las empresas a orientar sus lentes fuera de la vía pública.
El debate sobre la privacidad y la transparencia en la gestión de datos
El problema central trasciende a la marca elegida y apunta a la retención de datos. Mientras Denver redujo el almacenamiento a 21 días y la legislación estatal de New Hampshire fija un límite estricto de 3 minutos, Daniel Schwarz, de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), enfatiza que guardar información durante períodos prolongados permite mapear rutinas y patrones de movimiento sin supervisión judicial.
Actualmente existen propuestas en el Congreso estadounidense para regular la tecnología ALPR a nivel federal. A escala local, más de dos docenas de municipios en California y Massachusetts impulsan juntas ciudadanas de supervisión para auditar las compras de tecnología de vigilancia y exigir transparencia en la propiedad y encriptación de la información.
Como concluyen analistas y defensores de derechos civiles citados por The Guardian, la protección real de la privacidad exigirá leyes estrictas de gobernanza de datos y un control comunitario permanente sobre el uso de la tecnología policial.
Fuente: Infobae