Con la vinculación de diez personas más fundamentada, este lunes 24 de agosto, por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, la instrucción fiscal del caso Apagón se extenderá 30 días. Desde este momento existe un total de 31 personas procesadas por el delito de peculado.
La diligencia estuvo a cargo del conjuez Rodrigo Sarango, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y en ella intervinieron el fiscal Alarcón, los abogados de la Procuraduría y la Contraloría General del Estado, de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y del Ministerio de Ambiente.
El caso Apagón está vigente desde el 23 de mayo último, cuando el conjuez nacional Vinicio Rodríguez aceptó parcialmente el pedido hecho por la Fiscalía y dispuso prisión preventiva para 19 de los 21 acusados de intervenir en la adquisición de 49 generadores eléctricos inservibles a la empresa estadounidense Progen y en el que se habría generado un perjuicio para el Estado ecuatoriano de más de $ 104 millones.
En la lista inicial de procesados están el exministro de Energía Antonio Goncalves, el ex gerente subrogante de la Celec Fabián Calero y los representantes de Progen, Andrew Scott Williamson y Karla Saud Calero.
El pedido para vincular a los nuevos procesados fue realizado cuando faltaba un día para el cierre de la instrucción fiscal en Apagón. El fiscal Alarcón decidió vincular luego de que en el expediente se obtuvieron elementos de convicción que evidenciarían la intervención de los sospechosos en el delito analizado.
Casi una hora le tomó al conjuez Sarango el instalar la diligencia. Se rechazaron los pedidos de dos abogados de quienes iban a ser procesados, quienes solicitaron diferir la audiencia debido a que no estaba su abogado de confianza, mientras que otro abogado recién había asumido la defensa. Al estar la Defensoría Pública para representar a cualquiera de los procesos que no tenga abogado, el juez decidió continuar con la vinculación.
Para la Fiscalía, los nuevos procesados fueron mandos medios o funcionarios técnicos y jurídicos de la Celec. En la lista de vinculados están los administradores de los contratos para las centrales de Salitral y Quevedo, Luis Javier Ugsha, Marlon Iván Casilla, José Luis Sampietro y Marcos Alberto Guerrero; el ex subgerente jurídico de Termo Pichincha Cristhian Andrés Dahik; la subgerenta jurídica, Daniela Piedad Gordillo; el director de Planificación de Proyectos, José Xavier Aimara, y José Manrique Suárez.
Además se completa la lista con los nombres de los exasesores ministeriales José Manuel de Oliveira, quien estuvo encargado de revisar y aprobar los contratos de emergencia en el sector eléctrico y que salió de Ecuador el pasado 10 de mayo hacia Los Ángeles, Estados Unidos; y Peter Christian Dreher, exasesor que recibió la invitación de Carla Saud, la representante de Progen en Ecuador, para que viajara a Estados Unidos a conocer la supuesta fábrica y los generadores que se compraron a la estadounidense Progen. Dreher salió del país hacia Panamá el 13 de enero pasado.
Los hechos investigados en el denominado caso Apagón tienen que ver con que un grupo de funcionarios públicos relacionados con el sector eléctrico, aprovechándose del déficit energético que atravesaba el Ecuador, “abusaron, se apropiaron, distrajeron, dispusieron arbitrariamente, evadieron y omitieron procedimientos de contratación pública” en la fase precontractual, contractual y de ejecución para favorecer a Progen, una contratista que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual.
Los hechos relevantes señalados por la Fiscalía tienen que ver con los contratos emergentes de Salitral y Quevedo para la generación térmica terrestre efectuados por el Estado ecuatoriano. La acusación fiscal refiere que el peculado existente tiene relación con la adquisición en 2024 de 49 generadores eléctricos a la empresa Progen.
El fiscal Alarcón aseguró que se tomará entre cinco y seis horas para dar a conocer los elementos individuales y comunes que mantiene contra los diez procesados como autores y coautor (José Manrique Suárez) del delito de peculado.
Al existir las vinculaciones, por norma, la causa debe extenderse 30 días más, es decir, la instrucción fiscal concluirá el 24 de septiembre próximo. Ahí se deberá fijar una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 31 sospechosos procesados en el caso Apagón.
Fuente: El Universo
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