El gobierno de Nueva Zelanda ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa, reportada por el diario británico The Guardian, contempla multas de hasta el 10% de los ingresos globales para las plataformas que no cumplan con la normativa. El primer ministro Christopher Luxon lidera esta ofensiva que apunta directamente a gigantes tecnológicos como Meta, TikTok y Snapchat.
De acuerdo con la información, el texto legal obliga a las plataformas a implementar mecanismos para verificar la edad de sus usuarios. Entre las opciones que se barajan están: usar información de cuentas existentes, estimar la edad mediante reconocimiento facial, recurrir a servicios de identidad digital o solicitar documentos de identificación oficiales.
Una generación expuesta al daño digital
Luxon respaldó la propuesta con una cifra alarmante: uno de cada tres niños entre 13 y 17 años pasa al menos cinco horas diarias en redes sociales.
“No podemos aceptar el daño que se está haciendo a toda una generación de niños neozelandeses”,
declaró el mandatario en un comunicado reproducido por The Guardian.
El primer ministro argumentó que estas plataformas exponen a los menores a contenido perjudicial, tecnología adictiva y presiones para las que no están preparados, afectando su vida familiar, salud mental, sueño y rendimiento escolar.
“No fingiré que será simple ni perfecto. No lograremos sacar a cada niño de las redes sociales, pero es demasiado importante como para no intentarlo”,
sostuvo Luxon ante la prensa.
La ministra de Educación de Nueva Zelanda, Erica Stanford, aclaró que el proyecto impone obligaciones legales a las plataformas, sin contemplar sanciones para los menores, sus padres o sus cuidadores. Las empresas tecnológicas también deberán evaluar y reportar los riesgos que generan sus servicios, y podrían ser sancionadas si no demuestran avances concretos.
Resistencia interna y futuro incierto en el Parlamento
A pesar del respaldo del partido gobernante National, la iniciativa enfrenta una oposición significativa dentro de la coalición de gobierno. Los otros dos socios —el partido libertario ACT y el populista Nueva Zelanda Primero (NZ First)— han anunciado que votarán en contra.
Winston Peters, líder de NZ First y canciller del país, rechazó la propuesta a través de su cuenta en X y calificó la legislación similar aprobada en Australia como un “fracaso colosal”. Peters sostuvo que la responsabilidad de mantener a los niños fuera de las redes sociales recae en los padres, no en el Estado.
“Nos preocupa la dirección y el camino resbaladizo que una legislación como esta llevaría inevitablemente a nuestro país”,
escribió el funcionario, según recogió el diario británico.
El principal partido opositor, Laborista, tampoco ha definido su postura. Su líder, Chris Hipkins, presentó una lista de decenas de preguntas que exige responder antes de comprometer su voto, entre ellas cómo funcionará la verificación de edad y qué plataformas quedarán alcanzadas por la norma.
El antecedente australiano y los límites del proyecto
Nueva Zelanda no es el primer país de la región en dar este paso. En diciembre pasado, Australia se convirtió en el primer Estado del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años, con bloqueos a plataformas como TikTok, YouTube —de Alphabet— e Instagram y Facebook, de Meta.
El proyecto neozelandés excluye de su alcance a las plataformas de mensajería como WhatsApp, los videojuegos en línea como Roblox y las aplicaciones de inteligencia artificial con fines de productividad, entre ellas ChatGPT, Gemini y Copilot. Las empresas incumplidoras podrían enfrentar multas de hasta el 10% de sus ingresos globales, aunque no se prevén sanciones para las familias ni para los propios menores.
El calendario legislativo también presiona la iniciativa: el Parlamento neozelandés se disuelve el 1 de octubre, antes de las elecciones de noviembre, lo que deja un margen estrecho para que la propuesta complete los tres ciclos de votación que exige la ley antes de convertirse en norma vigente.
Fuente: Infobae