En esta columna de opinión he abordado la problemática relacionada con el incremento del consumo mundial de cocaína y la duplicación de la producción en Colombia y Perú de los últimos años, que ha desencadenado dramáticas consecuencias sobre nuestro Ecuador, que no es productor ni consumidor.
Según las Naciones Unidas, el número de consumidores de drogas en el mundo aumentó un 23 % en una década, mientras del lado de la oferta el cultivo de coca también registra cifras récord, pues se incrementó 35 % entre 2020 y 2021.
Nunca se ha consumido tanta cocaína, y el narcotráfico ha evolucionado, adaptándose a la realidad de un mercado con más de 22 millones de consumidores en EE. UU. y Europa, pero que también crece en Asia, América Latina y África.
En honor a la transparencia, comparto que uno de los lectores de mi columna anterior me escribió con esta interesante iniciativa, que me permito presentarla.
Se propone cobrar a los países consumidores un porcentaje por las incautaciones de cocaína que hacemos, que de otra manera iría a parar a esos destinos con graves consecuencias para ellos, destruyendo el tejido social y afectando gravemente a millones de consumidores que luego se convierten en adictos, muchas veces incurables. Para ello, se requiere una iniciativa diplomática que plasme esta propuesta en convenios internacionales.
Los países consumidores y los países que incautan generarían un sistema de reconocimiento en función de los decomisos y destrucción de los productos. Para esto, sería importante, aplicando principios básicos de administración, establecer un pago directo proporcional (compensación variable) a los decomisos en los países productores y de tránsito, en proporción al posible valor que hubiera tenido el producto en su destino.
Estos fondos, por ejemplo, equivalentes al 10 o 15 % del producto decomisado, deberían ingresar a un fideicomiso internacional, administrado conjuntamente por los aportantes (Gobiernos de los países consumidores) y los beneficiarios (los Gobiernos de los países que incautan). El fideicomiso permitiría garantizar que los fondos vayan exclusivamente para la lucha contra el narcotráfico y evitaría la tentación de la corrupción.
Las otras ventajas serían: 1. Los Gobiernos tendrían un incentivo directo para maximizar la lucha contra el narcotráfico; 2. Los fondos para la lucha no saldrían de los presupuestos estatales y la imposición de impuestos a la población; 3. Los países consumidores, productores y de tránsito colaborarían para lograr los mejores resultados; 4. Los países consumidores reducirían el ingreso de drogas que los afectan gravemente; 5. Los países beneficiarios de estos recursos dejarían de gastar grandes sumas de sus escasos recursos para seguridad y podrían dedicarlos al desarrollo, salud, educación, etc.
Hay una corresponsabilidad de los países consumidores que no puede limitarse a colaboraciones que resultan insignificantes frente a las necesidades de los países que están luchando y poniendo la sangre de sus militares y policías para detener la cocaína a esos países. (O)
