De 245 precandidaturas, cinco personas han presentado recursos judiciales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de las resoluciones que los descalificaron de su intención de ser electo vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en los comicios seccionales del 29 de noviembre.
El 14 de agosto del 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció sobre la calificación de 309 solicitudes de inscripción de candidaturas para las siete vocalías principales y suplentes del CPCCS y descalificó a 245 personas.
Habilitó a 61 personas a seguir con sus candidaturas porque habrían cumplido requisitos y tres se retiraron.
Las resoluciones de los consejeros se pueden impugnar ante el CNE, pero cinco precandidatos decidieron recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral a través de la presentación de recursos subjetivos contenciosos.
Los jueces electorales tienen como plazo, luego de la notificación, hasta quince días para emitir su fallo, que será de última instancia.
Entre los recurrentes, al cierre de este reporte, se presentaron cinco escritos en el Tribunal, entre los que están: Francisco Arzube, Henry Marzano, Doris Merino, Jofre Lara y Emma Lara, esta última precandidata representa a los pueblos y nacionalidades, pues se identifica como montuvia.
De estos recursos, el único que se admitió a trámite por ahora el de Marzano.
En ninguna de las 245 precandidaturas se conoce por qué se quedaron fuera, es decir, cuáles fueron los requisitos que incumplieron o en qué prohibiciones estaban incursos.
Los encargados de revisar los expedientes de los 309 postulantes es una Comisión Verificadora —compuesta por diez funcionarios electorales— que además, revisó las 286 denuncias (por falta de probidad o incumplimiento de requisitos) que presentaron terceros interesados en contra de los inscritos.
Las resoluciones difundidas por el Consejo en su portal web exponen que el precandidato “no cumple con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente” y que se niega la calificación e inscripción por “cuanto no ha observado la normativa legal vigente y el instructivo”.
En promedio, cada informe individual es de ocho páginas y en siete de esas páginas se escriben las consideraciones y entre dos y tres párrafos se niega o califica la inscripción.
Pero se desconocen las razones por las que se niega la calificación y quiénes los denunciaron.
Estos expedientes se remitieron a los correos electrónicos de los participantes para cumplir con la notificación e incluye el informe de la Comisión Verificadora.
En tanto, el CNE conoció seis recursos de impugnación planteados por los precandidatos en contra de las resoluciones que los descalificaron: en todos los casos se ratificaron.
El reglamento que guía la calificación de candidatos, precisa que el 28 de agosto el CNE tendría que pronunciarse sobre los pedidos de revisión de los precandidatos descalificados.
Simultáneamente, hasta el 23 de septiembre los recursos subjetivos ingresados al TCE deben estar resueltos y ejecutoriados.
Lo que el CNE proyecta es tener el 24 de septiembre el listado final de candidatos “inscritos y calificados” que pugnarán el favor popular para llegar al CPCCS.
Entre los aspirantes inadmitidos están los consejeros que están en funciones: David Rosero, Piedad Cuarán y Nicole Bonifaz, de quienes se desconoce las razones por las que fueron rechazados.
Una vez que esté pulida la lista de candidatos, el CNE dispondrá al Instituto Geográfico Militar (IGM) que proceda con la impresión de las papeletas, en cuyo caso, para el CPCCS se requerirá de tres:
Una papeleta para las candidatas mujeres.
Una papeleta para los candidatos hombres.
Una papeleta para los representantes de pueblos y nacionalidades, para la que apenas hay un aspirante admitido.
Los candidatos que sean electos para el periodo 2027-2031 luego de la contienda del 29 de noviembre, tendrán como principal atribución elegir a las principales autoridades del Estado, como de la Fiscalía General del Estado y la renovación de los cinco consejeros electorales, y de los cinco jueces del TCE, quienes están en funciones prorrogadas desde hace varios años atrás.
También deberán elegir a los superintendentes, a los titulares de la Defensoría Pública y de la Contraloría General del Estado, entre otras decenas de funcionarios que están pendientes de renovar, incluso, desde el 2018.
Fuente: El Universo
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