En menos de tres meses, los ecuatorianos volverán a las urnas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza lentamente en la preparación de los 45 debates en los que participarán los candidatos a las alcaldías y prefecturas entre el 12 y el 26 de noviembre.
Los comicios seccionales del 29 de noviembre serán la segunda ocasión en la que se realicen debates electorales, esta modalidad que se incorporó en las reformas al Código de la Democracia de 2020 y que se aplican únicamente en jurisdicciones con más de 100.000 electores.
En ese caso, serán los candidatos a las prefecturas de 21 de las 24 provincias los que participarán en estos actos: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua.
En cuanto a los aspirantes a las alcaldías, los debates se harán en 21 de 222 cantones y son Cuenca (Azuay), Riobamba (Chimborazo), Latacunga (Cotopaxi), Machala (El Oro), Esmeraldas y Quinindé (Esmeraldas), Daule, Durán, Guayaquil y Milagro (Guayas).
Así como en Ibarra y Otavalo (Imbabura), Loja (Loja), Babahoyo y Quevedo (Los Ríos), Chone, El Carmen, Manta y Portoviejo (Manabí), Quito y Rumiñahui (Pichincha), Santa Elena (Santa Elena), Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) y Ambato (Tungurahua).
La preparación, cuando se trata de elecciones seccionales, le corresponde a cada una de las 24 juntas provinciales electorales (JPE) en conjunto con los directores de las delegaciones del CNE. No obstante, es el Consejo el que dará los lineamientos para su ejecución.
Por ahora, en lo administrativo, está en proceso la contratación de un servicio que asuma el desarrollo e implementación de todas las actividades comunicacionales, entre estas las de los debates.
El órgano electoral ha dispuesto un presupuesto de $ 293.174 para que, entre otros ítems, una empresa desarrolle los programas de televisión Ecuador debate, cuya transmisión será obligatoria en los 45 Gobiernos autónomos descentralizados.
Para esto, la contratista a la que se adjudique el contrato integrará un centro de seguimiento que lleve un control de lo que suceda en cada uno de los debates, genere alertas inmediatas de presentarse inconsistencias con las que disponga el manual de debates, mal uso de la imagen, línea gráfica institucional, errores de redacción o demás imprevistos que puedan suscitarse durante la transmisión en vivo.
Por otra parte, los consejeros deben conformar la Comisión Interna de Debates, con cinco de sus delegados, quienes a su vez tendrán a un coordinador de los debates electorales.
Esta persona estará a cargo de “todas las actividades técnicas, de organización y de logística”, y los representantes de las delegaciones y de las juntas cumplirán sus lineamientos.
También debe conformarse el Comité Nacional de Debates con “hasta cinco personas” que acrediten un perfil profesional en el ámbito de la cátedra universitaria, organismos internacionales y de la sociedad civil y/o colegios profesionales.
Parte de las atribuciones de este comité es el definir los ejes temáticos que conducirán a los candidatos a enfocar sus propuestas de trabajo y soluciones a las necesidades de sus electores.
Asimismo, se encargarán de hacer un banco de preguntas generales y presentarán al CNE las ternas para la selección de los moderadores, con base en tres perfiles de profesionales de la comunicación social.
En las seccionales de febrero de 2023, en este Comité Nacional participaron los catedráticos Pablo Escandón, Fernando Carrión, Bertha García, Héctor Yépez y Andrea Bermeo.
A criterio del académico Pablo Escandón, exmiembro del Comité, el CNE debería ir integrando este Comité Nacional para que puedan ir observando las debilidades o imprevistos que puedan surgir durante las jornadas.
Pero, esencialmente, para que puedan ir trabajando con representantes de la sociedad civil de las ciudades en donde se harán estos debates para que se vayan preparando las preguntas, ya que cada jurisdicción tiene sus particularidades.
“Esto podría ayudar a vincular a los académicos, sectores sociales y que expongan cuáles son las necesidades de la población hacia los candidatos. Con esta base se podría establecer un cuestionario con el insumo propio de cada cantón o provincia, lo que permitiría la participación ciudadana y un voto informado”, comentó.
La actual normativa ordena a las juntas provinciales preparar estos espacios de diálogo tres semanas antes del día señalado para la elección.
Reglas para los candidatos
El Código de la Democracia establece que, en caso de que los candidatos no asistan a los debates, el espacio físico que le hubiera sido asignado “permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin de evidenciar su ausencia”.
No asistir a este acto está tipificado como una infracción electoral muy grave que se sanciona con multa desde once hasta cincuenta salarios, destitución y/o suspensión de derechos de participación hasta un año.
Fuente: El Universo
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