Documental de HBO Max narra el escándalo del Proceso 8.000 en Colombia

La plataforma HBO Max presentará una serie documental titulada “El 8.000”, que aborda el Proceso 8.000, la investigación sobre la inyección de millones de dólares del Cartel de Cali en la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994.

La serie, producida por Quinto Color, estará disponible a partir del 3 de septiembre de 2026. Consta de cuatro capítulos con una duración total de 2 horas y 15 minutos.

De acuerdo con la productora, el documental se inspira en el libro de los periodistas Mauricio Vargas, Edgar Téllez y Jorge Lesmes. Su objetivo es ofrecer

“un recorrido impactante por las decisiones, las traiciones y las consecuencias del Proceso 8000, el caso que cambió para siempre la historia del país”

.

La serie recrea los hechos ocurridos en la sala de redacción de la revista Semana, “en voz de sus protagonistas”, que fue clave para revelar información confidencial gracias al trabajo periodístico.

El documental, producido por Quinto Color, recrea la dinámica de la redacción de Semana y el rol de los periodistas en la exposición del financiamiento ilícito del Cartel de Cali a la campaña.

En el documental, el exministro de Defensa Fernando Botero Zea afirma que Semana tenía “en jaque” al gobierno y que era necesario “neutralizarla”. La serie se enfoca en los momentos más críticos del escándalo y en tres periodistas que continuaron su labor pese a las amenazas.

¿Qué fue el Proceso 8.000?

Ernesto Samper durante su intervención ante la Cámara de Representantes en el proceso 8.000. Colprensa

El Proceso 8.000 marcó un hito en Colombia a partir de 1995, cuando se abrió una investigación por el ingreso de al menos USD 3,7 millones del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Este caso no solo derivó en dos absoluciones políticas del mandatario, sino que deterioró la confianza en el Ejecutivo y dañó la imagen internacional del país.

El expediente se abrió formalmente el 8 de agosto de 1995, tras la difusión de unos audios conocidos como “narcocasetes”. En esas grabaciones, personas vinculadas al Cartel de Cali discutían aportes a la campaña con la que Samper había vencido en 1994 al candidato conservador Andrés Pastrana Arango.

En las grabaciones se escucha al periodista Alberto Giraldo conversar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, sobre la entrega de dinero. La suma total mencionada ascendía a al menos USD 3,7 millones.

La investigación avanzó con un cambio en la Fiscalía y culminó en dos absoluciones

Horacio Serpa Uribe, entonces ministro del Interior en el Gobierno Samper, hablando en el Congreso durante el proceso 8.000 y que logró que archivaran el caso. Colprensa

El entonces fiscal general Gustavo de Greiff no abrió una investigación sobre los audios, que inicialmente habían sido entregados al presidente César Gaviria. Su sucesor, Alfonso Valdivieso, quien asumió en 1995, impulsó el caso.

La investigación fue denominada Proceso 8.000 por el número de expediente en la Fiscalía. Además de Ernesto Samper, fueron llamados a indagatoria el exministro de Defensa Fernando Botero Zea, director de la campaña, y Juan Manuel Avella, gerente administrativo.

El 13 de diciembre de 1995, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cerró el proceso contra Samper por falta de pruebas. Sin embargo, la crisis política continuó.

En enero de 1996, Botero Zea entregó la que fue considerada la prueba central: afirmó que Samper sí sabía del ingreso de dinero ilícito a su campaña. El presidente negó rotundamente ese señalamiento.

Con base en esas declaraciones, la Fiscalía denunció nuevamente a Samper ante la misma comisión. La Cámara volvió a absolverlo.

El 12 de junio de 1996, en la décima sesión plenaria, la Cámara ordenó la preclusión del proceso con 111 votos a favor y 43 en contra. En esa sesión intervino el entonces ministro del Interior Horacio Serpa Uribe.

El escándalo dejó una crisis institucional y un alto costo internacional

La consecuencia principal del caso fue una profunda erosión de la confianza pública en el Gobierno y las instituciones. El escándalo sacudió a Colombia a mediados de los años 90 y se convirtió en uno de los episodios políticos más graves de ese período.

El impacto trascendió fronteras. La imagen de Colombia se deterioró tanto que el entonces director de la DEA, Joseph Toft, declaró que el país vivía una narcodemocracia.

El expresidente Ernesto Samper también enfrentó consecuencias personales a nivel internacional, incluyendo la revocación de su visa.

Fuente: Infobae

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