La investigación por presunto peculado en el denominado Caso Progen o “Caso Apagón” continúa. El testimonio del ingeniero Carlos Villacís y las acciones de los organismos de control estatal centran ahora la atención pública, mientras la Corte Nacional de Justicia se apresta a resolver la situación legal de los procesados en una audiencia clave este jueves.
El exministro de Energía, Roberto Luque, aparece como una figura central en la trama administrativa de las contrataciones de emergencia. Según la versión extendida que el ingeniero Carlos Villacís, subgerente de producción de Termopichincha, entregó a la Fiscalía, Luque gestionó el manejo de la información técnica fuera de los protocolos habituales.
Jorge Luis Ortega, abogado de Villacís, detalló la instrucción directa del exministro: “Roberto Luque dispuso que se cree una nube de información cibernética en la que suban la información para que la revise José de Olivera”.
Esta plataforma digital centralizó toda la documentación técnica para las centrales de Quevedo y El Salitral, permitiendo una revisión externa al proceso institucional ordinario. Pese a estos señalamientos, cuando la Fiscalía convocó a Luque para rendir su versión, el exministro se acogió al derecho al silencio y declinó responder a las interrogantes del Ministerio Público.
Sercop y Contraloría, roles y omisiones
La defensa de los técnicos procesados sostiene que el éxito de la contratación a favor de la empresa Progen dependió de la intervención —u omisión— de los entes de control.
El abogado Andrés Cevallos destacó que instituciones como el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Contraloría General del Estado desempeñaron papeles determinantes.
Respecto al rol del Sercop, Cevallos fue enfático al señalar su responsabilidad operativa: “La Sercop fue el ente encargado de remitir las invitaciones con base a las ofertas y proformas a las compañías habilitadas, entre ellas, Progen. Esto ratifica que el Sercop intervino en cierta parte de estos contratos”.
Por otro lado, la defensa cuestiona la falta de vigilancia de la Contraloría sobre un proceso que involucraba USD 104 millones del erario público.
Cevallos calificó como inusual la pasividad del organismo: “Es extraño que la Contraloría no observó oportunamente lo que estaba sucediendo en la contratación de emergencia de Quevedo y El Salitral”.
Según el jurista, si la Contraloría hubiese actuado a tiempo, hubiese podido “suspender la contratación y evitar los desembolsos a Progen”.
La audiencia de este jueves y el fin de la instrucción
Este jueves 20 de agosto de 2026, a las 08:30, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reinstala la audiencia de fundamentación del recurso de apelación a la prisión preventiva. Varios funcionarios de carrera de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que impulsó los contratos eléctricos, buscan que el tribunal les permita defenderse en libertad.
El abogado Jorge Luis Ortega sostiene que la Corte debe actuar conforme a derecho, ya que los técnicos implicados carecían de la facultad legal para “escoger, adjudicar y ordenar el pago a la empresa Progen”.
La audiencia se realizará de forma presencial en el Piso 8 de la Corte, aunque se habilitaron medios telemáticos para los sujetos procesales. Este acto coincide con el cierre formal de la instrucción fiscal, lo que ha generado que la Fiscalía apresure diligencias de última hora, como análisis financieros de la UAFE y pericias de identificación de voz.
Maquinaria usada por un precio de nueva
Para comprender el origen del Caso Progen, es necesario recordar que el Estado ecuatoriano suscribió dos contratos el 2 de agosto de 2024 para instalar 150 MW de energía térmica. Bajo una crisis energética crítica, Ecuador transfirió aproximadamente USD 104 millones a Progen con la garantía de recibir equipos nuevos con “cero horas de uso”.
No obstante, auditorías técnicas posteriores confirmaron que Progen entregó maquinaria reacondicionada, usada y repintada, con modelos fabricados entre 2008 y 2010. A pesar de que los equipos no funcionaban y la empresa acumulaba multas, los desembolsos continuaron: USD 69,5 millones bajo la gestión del exministro Antonio Gonçalves y USD 34,5 millones durante la administración de la exministra Inés Manzano. Esta última aún no ofrece explicaciones sobre estos pagos realizados cuando ya se conocían las fallas de los generadores.
Calendario judicial y versiones pendientes
La Fiscalía exige ahora la presencia física de figuras clave. Ha citado a Fabián Calero, exgerente de Celec, para el 21 de agosto y a la técnica Gabriela Toazo para el 24 de agosto.
La defensa de Toazo denuncia que exigir su presencia física cuando tiene orden de prisión busca “forzar su inasistencia”, vulnerando el principio de igualdad, ya que previamente se le permitió declarar por Zoom.
Finalmente, sobre la consulta de la audiencia para el 31 de agosto, es importante aclarar que los documentos de las fuentes actuales no registran una diligencia programada para esa fecha específica, sino que centran el cronograma en el cierre de la instrucción este 20 de agosto y las comparecencias subsiguientes del 21 y 24 de agosto.
Radio Pichincha
LV