Aunque en los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), la mayoría de los electores de todo el país decidieron que se dejara bajo tierra el petróleo del bloque 43 – ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), el Ministerio de Energía espera que el ente electoral proclame los resultados oficiales de la consulta popular para decidir “un curso de acción” porque le preocupa un aspecto legal relacionado a la consulta previa libre e informada a las comunidades y nacionalidades indígenas, pues en la provincia de Orellana –donde está el bloque– ganó la opción de no detener la extracción.
A nivel nacional el 58,97 % de los electores está de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra, mientras que el 41,03 % no quiere que se detenga la producción petrolera de la zona, de acuerdo con los resultados preliminares con el 95,75 % de actas válidas contabilizadas. Esa tendencia es igual en 22 provincias, pero no en Orellana donde ya se terminaron de procesar los votos. Ahí el 57,99 % votó para que se continúe con la extracción del crudo. En Sucumbíos, el 51,59 % también pidió que se siga trabajando en el bloque.
El Ministerio de Energía “va a esperar los resultados oficiales de la consulta antes de decidir un curso de acción. Al momento nos preocupa el aspecto legal, pues el artículo 57 numeral 7 de la Constitución dispone la consulta previa libre e informada a las comunidades y nacionalidades indígenas, sobre la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras. De acuerdo con datos preliminares, la provincia de Orellana en donde se encuentra situado el tren estructural conocido como ITT, Bloque 43, se ha pronunciado por el No. Es decir que ha decidido que continúe la explotación del campo”, indicó a este Diario el ministro Fernando Santos.
Ese artículo reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos varios derechos colectivos, 21 en total, y de entre ellos, el numeral 7 señala “la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”.
Antes de este pronunciamiento, Santos respondió varias inquietudes sobre los resultados de la consulta.
El sí va ganando en la consulta popular sobre el Yasuní ¿el Gobierno esperaba este resultado?
Las encuestas a nivel nacional indicaban esa probabilidad, pero en las provincias amazónicas la tendencia era diferente. En la provincia de Orellana donde está situado el ITT parece que el no se ha impuesto.
Ante estos resultados, ¿cuál es el plan que se tiene desde el Estado, independientemente del dictamen de la Corte Constitucional que deberá cumplirse?
El Gobierno cumplirá con la voluntad popular. Vamos a esperar los resultados oficiales para planificar las acciones siguientes.
Considerando que había dos escenarios en esta consulta popular ¿el Gobierno ya tuvo acercamiento con las empresas involucradas?
No se han realizado consultas con las empresas que operan en el ITT.
¿Las empresas involucradas de pronto ya advirtieron al Estado de posibles arbitrajes?
No se ha recibido ninguna advertencia ni aviso sobre posibles arbitrajes.
Más de 70 contratos, 74 específicamente, se han firmado para el desarrollo del ITT, ¿qué ocurrirá con estos contratos, ya se han calculado las indemnizaciones?
No hay cálculos todavía del impacto de la votación sobre los contratos vigentes.
Con el triunfo del sí, Petroecuador tiene un año para cerrar el bloque petrolero y desmantelar las instalaciones, ¿será posible cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional?
En el mundo no hay antecedente del cierre intempestivo de un campo en producción. La remediación ambiental, cuando se abandona un campo agotado, es un proceso muy complicado, costoso y demorado, pues no se puede arrancar de la tierra las instalaciones, sino que tienen que ser desmanteladas con extremo cuidado para evitar que la remediación resulte dañina al medioambiente. Por lo tanto es difícil anticipar si se podría cumplir el plazo de un año del que habla la Corte Constitucional.
¿Cuál será el costo de dejar la explotación del bloque ITT y cuánto tiempo tomaría en realidad?
La disminución de ingresos de exportación de crudo del ITT al nivel actual de $ 60 por barril, y una producción de 55.000 barriles por día, resultan en una reducción de $ 1.200 millones al año.
Además, Petroecuador ha calculado en $ 450 millones el costo del desmantelamiento de la infraestructura existente. (I)
Fuente: El Universo
