La exjueza multicompetente de Montecristi Gina Z. fue condenada a cinco años de prisión por prevaricato, luego de que un Tribunal de la Corte Provincial acogiera la acusación de la Fiscalía.
En contexto
El caso comenzó en marzo de 2023, cuando la Fiscalía abrió una investigación al conocer que la entonces jueza había dispuesto la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio que cumplían sus condenas en el Centro de Rehabilitación Social El Turi, en Azuay.
A partir de esa decisión, la Fiscalía solicitó un allanamiento en la oficina de la funcionaria y posteriormente formuló cargos en su contra.
Uno de los puntos centrales del proceso fue determinar si Gina Z. tenía competencia para resolver sobre personas privadas de libertad que permanecían en centros penitenciarios ubicados fuera de Montecristi.
Según el análisis presentado durante el juicio, la entonces jueza habría intervenido en causas relacionadas con internos recluidos en Guayas, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja, provincias que estaban fuera de su jurisdicción territorial.
La Fiscalía sostuvo que esas decisiones judiciales no se limitaron únicamente a las dos personas condenadas por femicidio.
El Consejo de la Judicatura ya la había destituido
Durante el juicio también se incorporó un acta del 3 de octubre de 2023, fecha en la que el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituir a Gina Z.
La decisión administrativa estuvo relacionada con actuaciones jurisdiccionales que habrían favorecido a varias personas procesadas o sentenciadas por delitos contra la propiedad y la vida. Esas actuaciones fueron calificadas como error inexcusable.
La Fiscalía presentó durante el juicio testimonios de agentes investigadores, informes sobre el lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias realizado durante el allanamiento.
También incorporó resultados de las pericias practicadas a equipos electrónicos incautados en la oficina de la exjueza.
Con esos elementos, la Fiscalía sostuvo que existían suficientes pruebas para responsabilizarla por prevaricato.
La causa había avanzado hasta la etapa de juicio, pero quedó suspendida porque Gina Z. permanecía fuera del alcance de la justicia.
El proceso pudo retomarse en mayo de 2026, después de que la exfuncionaria fuera deportada desde Estados Unidos a Ecuador.
Finalmente, el Tribunal de la Corte Provincial que conoció el caso aceptó la tesis presentada por la Fiscalía y dictó la condena de cinco años de pena privativa de libertad.
El Telégrafo
LV