La Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana impulsa una reforma para regular la actividad de quienes se dedican a la compra, venta y alquiler de inmuebles en el país.
La propuesta busca crear un Registro Único Inmobiliario que permita identificar a los profesionales habilitados para ejercer la actividad y reducir la informalidad, que, según el gremio, representa uno de los principales riesgos para compradores, vendedores e inversionistas.
La iniciativa surge en un momento de crecimiento del mercado inmobiliario, especialmente en ciudades como Manta, donde el desarrollo de proyectos residenciales y turísticos ha incrementado la demanda de viviendas y terrenos.
Sin embargo, ese dinamismo también ha favorecido la aparición de personas que comercializan inmuebles sin cumplir requisitos legales o técnicos, situación que, según el gremio, ha derivado en estafas y pérdida de confianza entre los clientes.
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La normativa vigente quedó rezagada frente al mercado actual
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, Adrián Rodríguez, explicó que la actual Ley de Corredores de Bienes Raíces tiene alrededor de cuatro décadas y por ahora no ha incorporado mecanismos de control, sanciones ni una autoridad encargada de supervisar su cumplimiento.
Rodríguez señaló que la legislación tampoco contempla la transformación digital ni las nuevas exigencias del sector, donde los agentes deben manejar conocimientos sobre normativas urbanísticas, protección de datos personales, prevención de lavado de activos, análisis financiero y aspectos legales relacionados con la propiedad inmobiliaria.
El dirigente afirmó que la falta de controles permite que cualquier persona ofrezca propiedades sin demostrar preparación técnica o autorización para ejercer la actividad.
Según él, esa situación facilita la aparición de fraudes y genera una competencia desigual frente a quienes cumplen con todos los requisitos profesionales.
La informalidad favorece las estafas, según el gremio
Rodríguez indicó que la Cámara ha recibido durante este año varias denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido engañados durante procesos de compra de viviendas o proyectos inmobiliarios.
Entre los casos reportados figuran personas que entregaron anticipos por inmuebles inexistentes o proyectos que nunca se ejecutaron.
También advirtió que muchas publicaciones en redes sociales ofrecen propiedades con precios muy por debajo del mercado para atraer compradores.
En varios casos, los clientes realizan transferencias sin verificar la documentación del inmueble, la identidad del vendedor o la existencia de autorizaciones para comercializar la propiedad.
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Proponen crear un Registro Único Inmobiliario
La principal propuesta de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana consiste en crear un Registro Único Inmobiliario, administrado por una entidad del Estado, donde cualquier ciudadano pueda verificar si un agente está habilitado para ejercer la profesión.
El sistema funcionaría de manera similar al registro público que poseen otras profesiones.
Los usuarios podrían consultar la identidad del agente, su formación académica, la empresa a la que pertenece y conocer si registra sanciones o denuncias relacionadas con su actividad profesional.
Rodríguez explicó que la propuesta también responde al surgimiento de carreras universitarias en bienes raíces, actualmente ofertadas por varias instituciones de educación superior. A su criterio, el nuevo escenario académico requiere un modelo de regulación diferente al establecido hace cuatro décadas.
El objetivo es profesionalizar la actividad inmobiliaria
La agente inmobiliaria Ámbar Quijije sostuvo que la regulación también busca fortalecer la profesionalización del sector. Explicó que quienes trabajan de manera formal cumplen obligaciones tributarias, requisitos legales y protocolos que ofrecen mayores garantías a compradores y vendedores.
No obstante, aseguró que una parte importante de las operaciones inmobiliarias todavía se realiza mediante personas que carecen de un título habilitante o una responsabilidad legal frente a sus clientes.
Según Quijije, esa realidad afecta la confianza de los inversionistas y perjudica tanto a los consumidores como a los profesionales que ejercen la actividad de forma regular.
Señaló que la informalidad también abre espacios para la especulación de precios, el fraude, el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
Además, recordó que actualmente proliferan publicaciones en redes sociales donde se promocionan terrenos o viviendas con información falsa o ubicaciones engañosas, especialmente en ciudades con fuerte crecimiento inmobiliario.
Manta concentra uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos
El planteamiento cobra especial relevancia en Manta, una de las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario del país.
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Durante 2025, la ciudad registró inversiones superiores a $ 170 millones en proyectos del sector, impulsadas por incentivos municipales y la demanda de compradores nacionales y extranjeros.
El mercado mantiene una importante oferta de departamentos frente al mar y proyectos residenciales en expansión.
Quijije consideró que el crecimiento del mercado hace aún más necesaria una regulación que permita identificar a los profesionales acreditados y brinde mayor seguridad jurídica a quienes invierten sus ahorros en una vivienda.
Para el gremio, el objetivo no consiste en restringir la actividad inmobiliaria, sino en ofrecer herramientas que permitan a la ciudadanía verificar con quién realiza una negociación. (I)
fuente el universo