El titular de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, anunció este miércoles que Rabat estudia suspender la aplicación del convenio de extradición con España. Así lo declaró a la agencia EFE, argumentando que las entregas de personas reclamadas por los tribunales de su país no se llevan a cabo de manera regular. Eso sí, la decisión aún no está tomada y el acuerdo continúa en vigor. Estas palabras avivan la desconfianza hacia la nación vecina, en un contexto marcado por la entrada masiva de migrantes del 30 de julio, que mantiene a Ceuta sin volver a la normalidad.
Un convenio de extradición es un pacto entre dos países por el cual ambos se comprometen a entregarse mutuamente a las personas que uno de ellos requiere para procesos judiciales. Si no existe ese marco, cada pedido queda sujeto a la voluntad del Estado requerido, sin obligación legal de responder. El tratado hispano-marroquí se firmó en Rabat en 2009 y entró en vigor el 1 de septiembre de 2012, sustituyendo a un acuerdo de 1997. Como novedad, incorporó un procedimiento abreviado para los casos en que el detenido consiente su entrega.
El texto obliga a ambas partes a entregar a las personas procesadas por delitos que tengan prevista una pena mínima de dos años de prisión en ambas legislaciones, o a quienes ya hayan sido condenadas a penas de al menos seis meses. Las peticiones se gestionan a través de los ministerios de Justicia, por la vía diplomática.
El malestar de Rabat
El acuerdo prevé diversas causales para denegar una extradición. Ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus propios nacionales. Tampoco procede si el delito es considerado político (aunque el terrorismo queda fuera de esa protección), si la acción penal ha prescrito o si el ilícito se cometió en el territorio del Estado requerido. En casos de pena de muerte o cadena perpetua en el país solicitante, la entrega solo se concreta si dicho país acepta conmutar la pena por la máxima prevista en su propia legislación.
La queja de Ouahbi se refiere a la fase final del proceso. Marruecos pide a España la entrega de una persona; España la detiene, se verifica su identidad y se establece una fecha de traslado. Los agentes marroquíes viajan a España para recogerla, pero la entrega no llega a concretarse. Las autoridades españolas alegan que el detenido ya se encontraba en libertad o que no se presentó a tiempo en el aeropuerto.
Hasta ahora han trascendido dos casos concretos. Uno es el de un individuo apodado ‘Ovidio’, reclamado por Marruecos por introducir drogas en su territorio. El otro corresponde a un ciudadano marroquí a quien Rabat responsabiliza del naufragio de una patera; la Audiencia Nacional española denegó su extradición por considerar que la solicitud no tenía fundamento suficiente.
El Gobierno español respondió este jueves desde Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó que la amenaza se materialice y respondió: “No puedo atisbar ninguna cuestión relativa a lo que me están manifestando”. Además, defendió la cooperación bilateral con el reino alauí al afirmar:
“La cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos, así como en cooperación judicial, siempre ha sido, es y será extraordinaria y excepcional.”
Luego subrayó que la relación entre ambos países se basa en una “confianza y lealtad” cimentada durante los últimos años y añadió: “Las relaciones bilaterales en todos los ámbitos son absolutamente estrechas y basadas en la lealtad”. Exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia que tramita las extradiciones, Marlaska concluyó: “Conozco perfectamente la cooperación que siempre ha habido con Marruecos”.
Las cifras de la cooperación
Según el informe anual de la Fiscalía marroquí, en 2024 Marruecos emitió 90 solicitudes de extradición dirigidas a 13 países. De ellas, 46 —más de la mitad— tenían como destino España, el país preferido por los fugitivos marroquíes, por delante de Francia y Bélgica. Solo el 27,5% de esas peticiones llegó a ejecutarse. Esa tasa contrasta con la que registra Marruecos cuando él es quien debe entregar a un reclamado por otro país: en ese caso, la ejecución alcanza el 65%, según el mismo informe. Los perfiles más buscados por Rabat corresponden a delitos de tráfico de drogas y organización de inmigración irregular.
Los datos del Gobierno español trasladados al Congreso de los Diputados el 29 de junio de 2026 ofrecen la otra cara de la estadística. Entre 2018 y 2025, España ejecutó 838 extradiciones hacia 57 países no miembros de la UE. Marruecos fue el segundo destino con 98 entregas efectivas, solo por detrás de Estados Unidos (105). Esos datos corresponden exclusivamente a extradiciones ejecutadas y no incluyen las transferencias entre países de la UE, que se rigen por el sistema de la euroorden.
El año más activo fue 2025, con 158 extradiciones ejecutadas. El mismo informe revela que España rechazó 574 solicitudes de extradición en ese periodo, y Marruecos encabeza ese ranking de denegaciones con 92 casos, seguido de Perú y México. El Ejecutivo español no explica los motivos de esos rechazos, que pueden obedecer a distintas causas previstas en la legislación.
Marruecos también arriesga
La suspensión del convenio no dejaría a los fugitivos fuera de la justicia, pero complicaría las entregas en ambas direcciones. Sin el marco bilateral, España carecería de un cauce reglado para reclamar a personas buscadas por sus tribunales que se encuentren en territorio marroquí, y Marruecos enfrentaría la misma dificultad con las suyas en España. Cada caso dependería entonces de negociaciones puntuales o de mecanismos alternativos como la Interpol, sin la certeza jurídica que ofrece un tratado. El acuerdo tiene vigencia ilimitada, pero cualquiera de las dos partes puede ponerle fin por vía diplomática; la terminación no surtiría efecto de inmediato, sino un año después de la notificación formal.
El convenio tiene, además, una dimensión que va más allá de los delitos comunes. Marruecos puede utilizarlo para solicitar la entrega de disidentes o de miembros del Frente Polisario, organización que Rabat clasifica como terrorista, aunque la ONU la reconoce como parte legítima en el conflicto del Sáhara Occidental. La Audiencia Nacional tiene potestad para rechazar extradiciones que considere motivadas por razones políticas.
El diferendo por Ceuta y Melilla
Ouahbi también cuestionó en las últimas horas la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y criticó el proceso de regularización masiva de migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que atribuye un efecto llamada que habría alentado el reciente asalto a la frontera de Ceuta. El Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, institución ligada a la monarquía alauí, acusa además a la Guardia Civil de malos tratos a los migrantes que participaron en esa acción.
El Ejecutivo español ha tratado de no añadir más leña a esta crisis de verano, que ha llegado a las portadas de medio planeta. Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha salido del guion para hacer una defensa cerrada de los intereses del país y advertir a Marruecos. En sus declaraciones, señaló:
“Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir, y que Ceuta y Melilla son españolas no, españolísimas. Precisamente por eso no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y a Melilla es una agresión a España en su conjunto.”
Fuente: Infobae