Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, vinculó a proceso al ex gobernador de Guerrero, Ángel N, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra el exmandatario estatal, bajo la hipótesis de que, en su calidad de servidor público, habría ocultado información y evidencias relacionadas con los hechos.
A través de sus redes sociales, la FGR señaló que el juez también reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre Rivero permanecerá internado en el penal del Altiplano mientras continúa el proceso.
Juez concede 120 días para investigación complementaria
Como parte de la resolución, el juez concedió un plazo de 120 días para la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía podrá continuar recabando elementos y la defensa del exgobernador tendrá oportunidad de reunir y presentar nuevas pruebas para intentar demostrar su inocencia.
La vinculación a proceso no representa, por sí misma, una sentencia condenatoria, sino que establece que existen elementos que permiten continuar formalmente la investigación judicial en contra del acusado.
La defensa de Ángel Aguirre presentó más de 30 pruebas con el objetivo de desvirtuar las acusaciones formuladas por la FGR. Sin embargo, de acuerdo con la resolución judicial, los elementos aportados no fueron considerados suficientes para desacreditar la hipótesis de la Fiscalía.
La acusación sostiene que el exgobernador habría ordenado ocultar o destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
Fiscalía señala presunta destrucción de videos
Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con un disco que contenía imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la acusación, las imágenes mostrarían el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, así como la presencia de personas armadas y policías durante los acontecimientos ocurridos aquella noche.
La Fiscalía considera que dicho material podría haber sido fundamental para establecer la ruta que siguieron los estudiantes y determinar quiénes participaron en su traslado después de que fueron interceptados.
Según los testimonios incorporados a la investigación, una entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría sustraído un sobre que contenía el disco con las grabaciones y posteriormente lo habría entregado al entonces gobernador.
La acusación señala que Aguirre Rivero habría recibido el material el 29 de septiembre de 2014 y posteriormente lo habría entregado al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de las evidencias.
Defensa de Aguirre rechaza acusación
La defensa del exgobernador sostiene una versión distinta. Sus abogados argumentaron que Aguirre Rivero no pudo haber recibido el disco en la fecha señalada por la Fiscalía, debido a que se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Con este argumento, la defensa buscó demostrar que el exmandatario no estuvo en condiciones de recibir el material ni, por tanto, de ordenar su eliminación.
La Fiscalía, sin embargo, presentó testimonios que vinculan al exgobernador con la presunta desaparición de evidencias. Entre ellos se encuentran declaraciones que señalan que Aguirre Rivero habría recibido información sobre lo ocurrido desde los primeros días posteriores a la desaparición de los normalistas.
La investigación también menciona a su sobrino, Ernesto Aguirre, quien se desempeñaba como asesor y presuntamente tenía vínculos con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, organización señalada en las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes.
El caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos registrados en México en las últimas décadas. Ahora, con la vinculación a proceso de Ángel Aguirre Rivero, la investigación judicial avanza hacia una nueva etapa para determinar las responsabilidades que pudieron existir desde las estructuras gubernamentales durante y después de los hechos ocurridos en Iguala.
Fuente: Infobae