La organización Provea, dedicada a la promoción de los derechos humanos en Venezuela, informó sobre el asesinato de Julio Rodríguez, capitán indígena de la comunidad Jivi Ekunay, quien se hallaba en calidad de desaparecido desde el 2 de agosto en el estado Bolívar, que colinda con Brasil. El suceso se produjo en la localidad Jivi Ekunay, en Los Pijiguaos, durante la noche de esa misma fecha, cuando sujetos armados lo sacaron de su hogar por la fuerza.
A través de su cuenta en la red social X, la ONG indicó:
“Confirman el asesinato del capitán indígena del pueblo Jivi Ekunay Julio Rodríguez, quien se encontraba en situación de desaparición forzada (…) tras haber sido secuestrado por presuntos miembros de las disidencias (del grupo guerrillero colombiano) de las FARC”
Según la organización, tras la desaparición de Rodríguez, un grupo de líderes y jóvenes indígenas partió a buscarlo y fue víctima de una emboscada. “Los afectados denunciaron que fueron atacados por drones que sobrevolaron la zona, lanzando artefactos explosivos”, explicó Provea, que añadió que un hombre sufrió heridas de gravedad y que estos hechos fueron comunicados a la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal.
La ONG reclamó una investigación y una “sanción oportuna” para los responsables, además de la implementación de “medidas urgentes” para la protección de los territorios indígenas.
Según los datos manejados por Provea, más de 48 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayuu han sido asesinados desde el año 2010 por miembros de la fuerza pública y actores no estatales, incluidos presuntos integrantes de las disidencias de las FARC y del ELN, en el marco de disputas por territorios indígenas bajo dominio militar o controlados por estructuras criminales.
La organización añadió en su comunicado difundido por X:
“Mientras persistan la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas”
Venezuela, reconocida por poseer las mayores reservas de petróleo del planeta, también cuenta con importantes depósitos de oro, diamantes y tierras raras en su región minera. Esta área se encuentra en gran medida dominada por bandas armadas y guerrillas como las FARC y el ELN. En abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promovió una nueva ley minera, impulsada bajo presión de Washington, que concede mayores ventajas a los inversores privados, en particular a los capitales extranjeros.
La angustia de Jivi Ekunay
Las autoridades tradicionales señalaron que las familias de la comunidad Jivi Ekunay padecen un estado de amenaza permanente y de zozobra constante. Aseguraron que las disidencias de las FARC “todas las noches hacen presencia” en la zona, mantienen el control de los alrededores y bloquean el acceso a las áreas de caza, pesca y recolección, lo que afecta la soberanía alimentaria.
Los portavoces informaron de estos hechos a la ministra Clara Vidal para que elevara las peticiones a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los damnificados exigen al Estado garantizar la soberanía nacional y la paz pública mediante la salida y expulsión definitiva de los grupos armados irregulares que actúan con total impunidad en tierras indígenas.
La comunidad solicita a la Fuerza Armada Nacional y a los organismos de inteligencia el despliegue de planes de seguridad conjuntos con las autoridades indígenas, así como la ocupación del territorio con un “plan de desarrollo integral” en beneficio de los pobladores del sector.
Fuente: Infobae