La carrera electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ha puesto sobre la mesa un debate jurídico que involucra a más de un centenar de autoridades locales. Un reciente informe advirtió que 131 alcaldes electos en 2022 figuran ahora como candidatos a primeros regidores en sus respectivas jurisdicciones. Esta maniobra, que algunos califican como una posible reelección encubierta, podría permitir que esos burgomaestres retornen al cargo que dejaron, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales y administrativas.
El mecanismo detectado consiste en que el alcalde en funciones no se inscribe directamente como aspirante a la alcaldía, sino que ocupa el primer lugar en la lista de regidores. En paralelo, otra persona encabeza la candidatura municipal. Si ese candidato renuncia y la lista resulta ganadora, el primer regidor podría asumir el cargo de alcalde, conforme a las reglas de sucesión vigentes para los gobiernos locales. Uno de los ejemplos que ha captado la atención pública es el de Rafael López Aliaga, quien aparece como primer regidor de Renovación Popular, luego de que Luis Rubio renunciara a la candidatura por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, abordó esta controversia durante una conferencia de prensa realizada en Piura. La máxima autoridad del organismo electoral reconoció que la normativa actual prohíbe la reelección inmediata de autoridades locales y regionales, pero aclaró que ninguna disposición legal impide que un alcalde participe como regidor o aspire a otra dignidad. Para Burneo, el análisis de fondo debe trasladarse al Congreso y formar parte de una revisión más amplia del sistema electoral peruano.
“Existe una reforma que se dio, si no me equivoco, por el año 2015, en torno a la prohibición de reelegir. Está prohibida la reelección de alcaldes y autoridades locales, así como de gobernadores regionales. Nosotros cumplimos con esa regla, en el sentido de que está prohibida esa reelección. Pero también el legislador que hizo esa reforma dejó algunas puertas, algunas ventanas, como le queramos llamar. En función de ello, no estableció prohibiciones para que, a través de otros mecanismos, puedan participar los alcaldes que dejaban el ejercicio”, sostuvo Burneo.
El origen de la prohibición y sus vacíos legales
La reforma constitucional aprobada en 2015 eliminó la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Sin embargo, el texto legal no contempló restricciones para que quienes terminan su mandato puedan competir por otros cargos dentro de la misma comuna. Según explicó Burneo, esa omisión deliberada o no, ha generado un espacio de interpretación que ahora es aprovechado por diversas organizaciones políticas.
“Está prohibida la reelección, pero no está prohibido que un alcalde pueda postular a otro cargo”, afirmó el titular del JNE. En ese sentido, remarcó que el organismo electoral no puede crear prohibiciones que el legislador no estableció, y que su función se limita a aplicar las normas vigentes. Esta postura refuerza la tesis de que mientras no exista un cambio legal, las candidaturas serán admitidas siempre que cumplan los requisitos formales.
Burneo también insistió en la necesidad de impulsar una reforma integral del sistema electoral. A su juicio, el debate debe incluir si el marco normativo actual responde a las necesidades democráticas del país o si resulta pertinente introducir nuevas restricciones. “La decisión final siempre corresponderá a los ciudadanos mediante el voto informado”, puntualizó.
Más de 60 casos bajo observación electoral
La estrategia que genera controversia se apoya en una diferenciación sutil pero relevante dentro de la legislación. Un alcalde elegido en 2022 no puede presentarse directamente para buscar la reelección en 2026. No obstante, la norma tampoco le prohíbe aparecer como primer regidor dentro de una lista municipal. Esa posición cobra especial relevancia cuando el candidato original decide renunciar antes de los comicios.
En tales circunstancias, el exalcalde que busca continuar en el poder podría quedar en una situación que le permita retornar al sillón municipal, siempre que la lista obtenga el triunfo y se cumplan las condiciones establecidas. Por esta razón, diversos especialistas en derecho electoral han calificado algunas de estas postulaciones como una reelección encubierta, aunque cada caso deberá ser analizado de manera particular por las autoridades competentes.
El Instituto Aklla identificó que, de los 131 alcaldes que postulan como primeros regidores, al menos 22 casos podrían derivar en el retorno del exalcalde al cargo, tras la renuncia de quien encabezaba la lista. De esos expedientes, 11 ya fueron admitidos por los órganos electorales, mientras que 11 permanecen en espera de una resolución.
Uno de los casos más visibles es el de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien ahora figura como primer regidor por Renovación Popular. La renuncia de Luis Rubio a la candidatura para la Municipalidad Metropolitana de Lima abrió la posibilidad de que López Aliaga vuelva a ocupar el cargo, si la agrupación gana los comicios y se dan las condiciones legales correspondientes.
El informe también menciona al alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, vinculado a una candidatura de Somos Perú, y al alcalde de Lurín, Juan Marticorena, quien encabezaría la lista de Alianza para el Progreso. A estos nombres se suman otras autoridades de distintas regiones del país, lo que evidencia que el fenómeno no se limita a una sola zona geográfica ni a una fuerza política específica.
La especialista en derecho electoral, Silvia Guevara, sostuvo que la secuencia de renuncias puede generar suspicacias sobre la intención de favorecer el retorno de determinados alcaldes. En declaraciones recogidas por Correo, Guevara señaló que las organizaciones políticas tendrían un rol importante en este tipo de estrategias, aunque la evaluación definitiva corresponde a las instancias electorales correspondientes.
El debate, mientras tanto, sigue abierto. Mientras no se modifique la ley, los partidos continuarán explorando los mecanismos legales disponibles para mantener a sus líderes en el poder. La ciudadanía, por su parte, tendrá la última palabra en las urnas.
Fuente: Infobae