La Ley Orgánica de Extradición entró en vigencia este viernes 7 de agosto tras su publicación en el Quinto Suplemento del Registro Oficial. La nueva normativa establece las competencias, procedimientos y requisitos para los procesos de extradición activa y pasiva en Ecuador y reemplaza a la ley que regulaba esta materia desde el año 2000.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en segundo debate el pasado 7 de julio, con 139 votos a favor. Posteriormente, el presidente Daniel Noboa sancionó la norma el 6 de agosto mediante un oficio remitido por la Secretaría General Jurídica de la Presidencia.
La nueva legislación ratifica a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia como autoridad central de Ecuador en materia de extradiciones. Los requerimientos y la documentación correspondiente deberán ser canalizados por la vía diplomática, a través del ministerio encargado de las relaciones exteriores y movilidad humana.
Uno de los cambios que incorpora la ley establece nuevos plazos para las extradiciones pasivas. Cuando una persona sea detenida directamente a partir de una notificación roja de Interpol, el Estado requirente tendrá un plazo máximo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.
Una vez que la autoridad judicial competente conceda la entrega de la persona requerida, el Estado solicitante contará con un plazo de 30 días para hacer efectivo el traslado.
La normativa también introduce cambios en el régimen penal. Entre sus disposiciones consta la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) respecto de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal durante determinadas etapas relacionadas con el proceso de extradición.
Otro de los puntos establecidos en la nueva ley se refiere a la extradición pasiva de ciudadanos ecuatorianos. La normativa determina que serán negadas las solicitudes de extradición por hechos imputados anteriores al 9 de mayo de 2024, fecha que se relaciona con la entrada en vigor de la reforma constitucional que habilitó la extradición de ecuatorianos.
El nuevo cuerpo legal también establece el marco para la extradición activa, mediante la cual Ecuador puede solicitar a otro Estado la entrega de una persona procesada o sentenciada por delitos cometidos bajo jurisdicción ecuatoriana.
La normativa busca fortalecer la cooperación penal internacional y la asistencia judicial recíproca, además de delimitar las competencias de las autoridades que intervienen en estos procedimientos.
Hasta ahora, la extradición estaba regulada por la Ley de Extradición de 2000. La nueva norma reemplaza ese marco después de más de 25 años y establece reglas actualizadas frente a los cambios constitucionales, judiciales y de cooperación internacional registrados en el país. (I)
Fuente: El Universo