El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer este jueves la imposición de medidas restrictivas contra cinco empresas estatales y ocho funcionarios de alto rango de Cuba, señalados por su participación en la importación de armamento y la cooperación militar con Rusia y China. Esta nueva tanda de sanciones se enmarca en el Decreto Ejecutivo 14404, firmado por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo.
Las acciones apuntan directamente a conglomerados militares, compañías públicas y mandos superiores del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, con el objetivo de interrumpir los canales de suministro de equipos bélicos provenientes de Moscú y Pekín. Desde la entrada en vigor de la orden ejecutiva, Washington ha incluido a más de 55 entidades e individuos bajo esta autoridad.
Entre las organizaciones castigadas figura la Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (TECNOIMPORT), una subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) —el holding militar que controla gran parte de la economía de la isla y que ya fue sancionado en mayo—. Esta empresa se dedica a la importación de equipamiento técnico, incluyendo material militar de origen chino y ruso.
También fue designada la Unión de Industria Militar (UIM), un conglomerado castrense encargado de la producción y reparación de armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Según el comunicado oficial, la UIM mantiene vínculos activos con empresas de defensa rusas para la modernización de sistemas de armas.
La lista de entidades incluye además a la Sociedad Mercantil DUNA S.A., involucrada en la importación de equipamiento militar desde China y Rusia; la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin (EMI YURI GAGARIN), dedicada al mantenimiento de aeronaves militares de origen ruso; y la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados S.A. (TECNOTEX), otra subsidiaria de GAESA. El Departamento de Estado señaló que esta última
“ha estado involucrada en esfuerzos para renovar la flota de helicópteros de origen ruso de Cuba y ha tenido cooperación previa con la República Popular Democrática de Corea”.
En cuanto a los funcionarios, se encuentran el ministro del MINFAR, Álvaro Victoriano López Miera, y el jefe del Estado Mayor de las FAR, Roberto Legra Sotolongo. Ambos ya habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro en 2021 bajo la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky.
La lista también incluye a José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR y responsable de la cooperación militar foránea; Óscar Enrique Biosca Gallego, jefe de la Dirección Económica del MINFAR; Mónica Milián Gómez, agregada militar cubana en Rusia; y Waldo Pérez Cortés, agregado militar cubano en China, quien fue señalado por su participación en la adquisición de equipamiento bélico chino para La Habana.
Estas designaciones ocurren dos semanas después de la publicación, el 20 de julio, del informe titulado “Cuba: la Capital del Comunismo del Siglo XXI”, elaborado por el propio Departamento de Estado. El documento detalla las alianzas del régimen cubano con Rusia y China, que han provisto a la isla de hardware militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad, y afirma que Cuba se ha convertido en una plataforma de operaciones para adversarios de Estados Unidos en el hemisferio.
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos norteamericanos quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Las transacciones de personas o entidades estadounidenses con los sancionados están prohibidas, salvo autorización expresa de OFAC.
El Departamento de Estado advirtió que las personas o entidades extranjeras que realicen transacciones con los sancionados, o que operen en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, quedan expuestas a ser ellas mismas objeto de nuevas sanciones.
Las instituciones financieras no estadounidenses también fueron alertadas sobre los riesgos de operar con cualquier parte bloqueada bajo esta autoridad.
Fuente: Infobae