La Función Judicial en Ecuador atraviesa una crisis de seguridad, evidenciada por un entorno de constantes amenazas, atentados directos y actos de violencia contra sus funcionarios.
Entre enero de 2024 y julio de 2026, el Consejo de la Judicatura registra cuatro ataques armados o con explosivos contra infraestructuras judiciales, 12 atentados contra servidores y 144 amenazas directas a escala nacional.
Dentro de este escenario, es preciso diferenciar la naturaleza operativa y normativa que rige a los administradores de justicia. Por un lado se encuentran los jueces, encargados de la tutela judicial y el juzgamiento de las causas; por otro, los fiscales, sobre quienes recae la titularidad de la acción penal pública y la investigación preprocesal y procesal.
Los acontecimientos violentos más recientes ilustran los riesgos que afrontan ambos sectores y explican la necesidad de contar con mecanismos específicos de protección.
El riesgo no se limita a amenazas individuales contra jueces o fiscales, sino que también alcanza a las instalaciones donde se administra justicia y puede afectar la continuidad del servicio.
Atentado en Machala activa medidas de protección
El hecho más reciente ocurrió la noche del 26 de julio de 2026, cuando un artefacto explosivo detonó en los exteriores de la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Machala, ubicada en el centro de esa ciudad. La explosión provocó daños materiales, aunque no dejó personas heridas ni fallecidas.
Tras el atentado, el Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso que los servidores judiciales de esa dependencia realicen teletrabajo mientras se evalúan las condiciones del inmueble y se precautela la seguridad del personal.
Además, el CJ exhortó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado a reforzar la protección de la dependencia y ejecutar las investigaciones correspondientes.
El organismo, presidido por Mercedes Caicedo, condenó el ataque y señaló que estos hechos representan una amenaza contra la administración de justicia y el normal funcionamiento del servicio judicial.
Durante las diligencias iniciales, la Policía encontró varios panfletos junto al artefacto explosivo. Los documentos fueron atribuidos preliminarmente a “Los Lobos Espejos” y contenían amenazas contra los jueces Ángel M., Fernando O. y Silvia Z.
En los escritos se exigía la liberación de Michael Isaac Jiménez Reyes, alias ‘Jocker’, quien enfrenta un proceso judicial por la muerte de un presunto líder de la organización delictiva SaoBox.
Investigación en marcha
Los panfletos fueron incorporados como indicios dentro de la investigación para determinar su origen, verificar su autenticidad e identificar a los responsables del atentado.
La Policía y la Fiscalía analizan si las amenazas estarían relacionadas con la causa judicial que enfrenta alias ‘Jocker’ y buscan establecer quiénes participaron en la colocación del artefacto explosivo.
El caso de Machala muestra que las medidas de protección pueden alcanzar no solo a un servidor amenazado, sino a toda una dependencia judicial cuando el riesgo compromete la seguridad de sus funcionarios y el funcionamiento del servicio.
Los antecedentes muestran un riesgo sostenido
La necesidad de estos mecanismos también se evidencia en ataques y asesinatos registrados anteriormente contra administradores de justicia.
En enero de 2025, la jueza María Belén Chérres sufrió una agresión armada en La Libertad, provincia de Santa Elena, que posteriormente derivó en su fallecimiento.
El caso expuso los riesgos que pueden enfrentar los magistrados que conocen procesos relacionados con delitos de alta peligrosidad.
El 11 de mayo de 2026, fue asesinada la jueza penal de Santa Rosa, Lady Gissela Pachar Huanga. La magistrada conocía causas relacionadas con delincuencia organizada, bandas criminales, materia penal, tránsito, violencia intrafamiliar y garantías constitucionales.
En el caso de la Fiscalía, la violencia alcanzó a la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, asesinada a tiros junto con su hermana el 14 de junio de 2026, en Manta, Manabí. La funcionaria tenía más de 15 años de trayectoria e investigaba causas vinculadas con delincuencia organizada y delitos de alto impacto.
También existen casos en los que las amenazas no terminaron en un ataque mortal, pero obligaron a adoptar medidas de protección.
El entonces juez Carlos Serrano perdió la custodia pese a tramitar una causa ligada a un narcotraficante serbio, mientras que la jueza Samantha Lozada sufrió dos atentados armados antes de acceder a la modalidad de teletrabajo en Quito.
Los casos muestran que los riesgos pueden presentarse tanto durante la investigación de delitos como en la etapa de juzgamiento y que las amenazas pueden extenderse desde el funcionario hasta la infraestructura en la que desarrolla sus actividades.
Dos protocolos para una misma amenaza
Aunque jueces y fiscales cumplen funciones distintas dentro del sistema de justicia y afrontan riesgos derivados de sus actividades, la protección de quienes ejercen estas funciones se tramita mediante procedimientos diferenciados.
En el caso de los jueces existe un mecanismo establecido por el Consejo de la Judicatura, mientras que los fiscales cuentan con un procedimiento específico previsto por la Fiscalía General del Estado.
Para los jueces, el protocolo individual de seguridad se fundamenta en el instructivo expedido por el Consejo de la Judicatura en 2020, que sustituyó normas emitidas en 2018 y 2019.
Este documento establece la ruta que debe seguir el operador de justicia cuando detecta un nivel de riesgo o recibe amenazas relacionadas con las causas que tramita.
Los fiscales, en cambio, cuentan con un régimen independiente. La Fiscalía General del Estado expidió la Resolución 047-FGE-2022, de 28 de julio de 2022, mediante la cual estableció el procedimiento interno para la solicitud de seguridad individual de sus servidores.
El instructivo regula la manera en que los funcionarios que, por el riesgo generado en el ejercicio de sus funciones, requieren protección pueden canalizar ese pedido ante las autoridades correspondientes. La normativa contempla a los servidores de la carrera fiscal y fiscal administrativa y establece que la gestión de las solicitudes corresponde a la estructura institucional encargada del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT).
El protocolo de la Fiscalía
El procedimiento parte de una solicitud motivada del servidor que considere que enfrenta un riesgo o amenaza por el cumplimiento de sus funciones.
El requerimiento se presenta mediante el formulario establecido por la institución y debe estar acompañado de la documentación que sustente la situación expuesta.
Una vez recibida y verificada la documentación, el pedido es remitido al Ministerio del Interior para que se realice la valoración correspondiente y se determine la medida de seguridad. El instructivo establece además un término de 24 horas para la remisión del requerimiento al Ministerio del Interior.
Uno de los elementos particulares del protocolo de la Fiscalía es la atención prioritaria para los servidores que intervienen en las fases preprocesal y procesal penal en investigaciones relacionadas con corrupción y crimen organizado.
En esos casos, la Fiscalía puede solicitar motivadamente al Ministerio del Interior que la protección sea otorgada de manera prioritaria.
De esta manera, el protocolo establece una ruta institucional para que la solicitud de protección no dependa únicamente de una gestión individual del funcionario, sino que sea documentada, tramitada y remitida a la autoridad encargada de valorar las medidas de seguridad.
¿Cómo se activa la protección para los jueces?
En el caso de los jueces, la protección parte igualmente de la identificación formal del riesgo. El servidor debe informar sobre los incidentes, las causas a su cargo y las amenazas recibidas mediante los mecanismos establecidos por el Consejo de la Judicatura.
La información es remitida al Ministerio del Interior y, en coordinación con la Policía Nacional, se realiza el perfilamiento técnico para determinar las medidas operativas de protección física que correspondan.
La experiencia de la exjueza del Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas y vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), Erika Hert, permite observar cómo este mecanismo ha funcionado en la práctica.
Hert recuerda que durante su carrera conoció procesos contra delincuentes considerados de alta peligrosidad, situación que llevó al Estado a asignarle un esquema permanente de protección.
Según su experiencia, el procedimiento comenzaba con la notificación de las amenazas al Consejo de la Judicatura mediante los formularios de evaluación de riesgo. Posteriormente, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional analizaban la información para determinar el nivel de seguridad requerido.
Las sentencias dictadas contra integrantes de organizaciones criminales la convirtieron en objetivo de amenazas constantes.
Por ello, acudió directamente ante autoridades nacionales para exigir garantías no solo para ella, sino también para otros jueces que enfrentaban situaciones similares.
Finalmente, obtuvo respaldo institucional y durante varios años contó con seguridad permanente.
Cuando el protocolo pasa a la práctica
Para Hert, uno de los principales cambios frente a esa época es la pérdida de coordinación entre las instituciones responsables de la protección de los operadores de justicia.
La exmagistrada sostiene que antes existía una articulación permanente entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, mientras que actualmente cada institución trabaja por separado.
Esa falta de articulación, según su apreciación, debilita la respuesta frente a las amenazas. Su experiencia también muestra que la protección no depende únicamente de la existencia de un formulario o de una evaluación, sino de la capacidad institucional para transformar esa identificación de riesgo en medidas efectivas.
Convenio busca reforzar la seguridad judicial
En este contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, y la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, suscribieron un convenio interinstitucional para fortalecer la seguridad de las dependencias judiciales del país.
El acuerdo busca coordinar acciones para proteger a jueces, servidores judiciales y usuarios, además de garantizar el normal funcionamiento del sistema de justicia frente a los riesgos que enfrenta.
El convenio establece la posibilidad de asignar hasta 200 servidores policiales de manera progresiva y focalizada en complejos judiciales, unidades judiciales, la Corte Nacional de Justicia y otras dependencias que requieran este apoyo.
La asignación se realizará con base en informes de riesgo y en la disponibilidad operativa de la Policía Nacional, por lo que no se trata de una medida automática ni permanente.
El acuerdo tendrá una vigencia de tres años y contempla evaluaciones semestrales para revisar sus resultados y ajustar las acciones según las necesidades identificadas.
Para Reimberg, el convenio constituye una respuesta coordinada del Estado frente a los desafíos del sistema de justicia, mientras que Caicedo señaló que permitirá fortalecer las condiciones de seguridad en las dependencias judiciales y contribuir a recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Subregistro de amenazas
Las observaciones de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), contenidas en un informe, se concentran específicamente en el sistema de protección de los jueces.
El gremio presentó recomendaciones al Consejo de la Judicatura respecto de su Informe de Diagnóstico de Seguridad y reconoció el esfuerzo institucional por identificar los riesgos que enfrenta el sistema judicial en un contexto marcado por la violencia y el crimen organizado.
Sin embargo, Aemaj advirtió que existe un subregistro estructural de amenazas, debido a que muchos operadores de justicia evitarían denunciar formalmente por temor a represalias o por la falta de canales ágiles e idóneos.
Para el gremio, esta situación no solo pone en riesgo la integridad de los jueces, sino que también afecta la independencia judicial al generar efectos de autocensura.
Uno de los principales planteamientos de Aemaj es cambiar el modelo de protección de los jueces: pasar de un esquema reactivo, que exige verificar amenazas previas antes de asignar seguridad, a uno preventivo basado en el riesgo objetivo de la función que desempeña cada magistrado.
En ese marco, la asociación cuestionó disposiciones como el Acuerdo Ministerial No. 0150 del Ministerio del Interior y pidió eliminar la carga económica que puede recaer sobre el operador o la institución para cubrir los viáticos de los escoltas.
También solicitó que existan procesos transparentes de revisión cuando se decida retirar la cápsula de seguridad asignada a un juez.
Medidas inmediatas para los jueces
Aemaj planteó acciones de aplicación rápida para reducir los riesgos que enfrentan los magistrados. Entre ellas está la asignación automática y de oficio de protección individual para quienes tramiten causas consideradas de alto riesgo.
El gremio propuso también habilitar mecanismos de teletrabajo seguro mediante redes VPN institucionales cifradas, instalar vidrios polarizados y balísticos en despachos y vehículos, contratar pólizas de seguro de vida e incapacidad y restringir el acceso público a información patrimonial y personal de los jueces que consta en portales estatales.
Estas medidas buscan ampliar la protección más allá de la custodia física y reducir la exposición de los magistrados y de su información personal frente a posibles acciones de intimidación.
Reformas de mediano y largo plazo
A mediano plazo, Aemaj planteó la creación de una Unidad Especializada de Seguridad y Protección dentro del Consejo de la Judicatura, junto con un modelo de evaluación preventiva.
También propuso consolidar las audiencias telemáticas mediante una reingeniería tecnológica y establecer un régimen de protección integral para el núcleo familiar de los jueces.
El gremio incluyó además medidas relacionadas con la salud de los magistrados. Entre sus propuestas consta el reconocimiento del estrés postraumático y la ansiedad como enfermedades profesionales, acompañado de programas permanentes de atención psicosocial.
Para el largo plazo, las recomendaciones apuntan a una transformación de la infraestructura judicial.
Aemaj planteó una reingeniería arquitectónica que permita separar los flujos de circulación interna para evitar que jueces compartan pasillos, ascensores o parqueaderos con litigantes o procesados.
También propuso dotar a escala nacional a las dependencias judiciales de arcos detectores de metales, cámaras y botones de pánico, además de implementar progresivamente señalética y escolta especializada.
Recomiendan mesas técnicas
La asociación reiteró su disposición a participar en las mesas técnicas de trabajo y pidió ser recibida por el Pleno del Consejo de la Judicatura para contribuir directamente en la construcción de las medidas de protección para los jueces.
En paralelo, las autoridades han planteado medidas de coordinación para reforzar la seguridad de las dependencias judiciales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
El Consejo de la Judicatura también ha contemplado acciones relacionadas con espacios seguros, teletrabajo preventivo y la actualización de los protocolos para audiencias telemáticas.
Los ataques, asesinatos y amenazas registrados durante los últimos meses muestran que la seguridad de jueces y fiscales enfrenta desafíos diferentes, aunque ambos sectores están expuestos a la violencia derivada de su trabajo.
Mientras la Fiscalía cuenta con un procedimiento específico para gestionar la protección de sus servidores, las propuestas de Aemaj plantean una revisión integral del modelo aplicado a los jueces, con énfasis en la prevención, la protección de su entorno familiar, la infraestructura y la coordinación institucional.
Radio Pichincha
LV