El 4 de agosto de 2026, el equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella informó que había radicado ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación una serie de denuncias por supuestas irregularidades y actos de corrupción que involucrarían recursos por más de $370.000 millones, según el consolidado del denominado Empalme Anticorrupción.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas actuaciones fueron presentadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, quien elevó los hallazgos a los tres organismos de control e investigación del país.
Uno de los casos más relevantes es un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa y la empresa Codaltec. El análisis técnico mencionado en el documento advierte sobre posibles sobrecostos de hasta 85% y un presunto detrimento patrimonial que superaría los $20.700 millones.
En ese mismo hallazgo, el Gobierno electo señaló que se habrían entregado equipos “sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas criticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”.
Otra de las denuncias solicita investigar una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por $24.800 millones. Según el comunicado, dicha contratación fue adjudicada pese a que existía una orden judicial de suspensión del proceso de selección del cual se originó.
El documento también hace referencia a Cenit, filial de Ecopetrol, por un contrato jurídico cercano a los $23.000 millones. Sobre este caso, se reportaron “presuntas presiones politicas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento”.
A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo afirmó que continuará remitiendo a las autoridades los hallazgos técnicos y jurídicos de las auditorías “para proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación”.
Consejo de Estado desestimó demanda que buscaba suspender la posesión de Abelardo de la Espriella
El Consejo de Estado resolvió mantener la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, al rechazar una solicitud que pedía suspender el evento previsto para el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de Cali. La decisión marca un precedente, ya que será la primera vez en la era moderna que la investidura presidencial se realice fuera de Bogotá, gracias al aval que previamente otorgó el Congreso de la República.
La controversia surgió porque un grupo de ciudadanos, encabezados por el abogado Luis Guillermo Pérez, presentó una demanda ante el alto tribunal alegando una presunta incompatibilidad constitucional.
Según el documento, la reciente adquisición de la ciudadanía estadounidense e italiana por parte de De la Espriella, y el juramento de fidelidad requerido por Estados Unidos en 2023, implicarían un potencial conflicto de intereses que pondría en duda la lealtad absoluta que la Carta Magna exige a la persona que ostenta la jefatura del Estado colombiano.
El Consejo de Estado indicó que, tras analizar los argumentos de los demandantes y la intervención de figuras políticas como Iván Cepeda —senador del Pacto Histórico, quien se negó a reconocer al futuro mandatario—, no encontró elementos suficientes para suspender la posesión. El tribunal determinó que la doble nacionalidad de De la Espriella no constituye, por sí sola, una causal que impida asumir el cargo.
Quienes promovieron la acción judicial solicitaron como medida cautelar la suspensión provisional de la ceremonia. Argumentaron que el juramento de fidelidad a otro país representaba “una fractura insalvable con los deberes constitucionales del cargo”, idea central de su petición formal. Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado desestimó estos fundamentos, permitiendo que la ceremonia siga su curso.
En síntesis, el Consejo de Estado ratificó que Abelardo de la Espriella podrá asumir la Presidencia pese a la polémica por su doble nacionalidad. La decisión desactiva cualquier riesgo legal inmediato sobre el acto de posesión, manteniéndolo programado según lo previsto para el 7 de agosto en Cali.
Fuente: Infobae