El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que la reforma constitucional que impulsa su gobierno impedirá la participación de opositores en futuras elecciones, a quienes calificó como “terroristas y golpistas”. La medida ha provocado un fuerte rechazo internacional, así como reacciones de diversas organizaciones y gobiernos, según información proporcionada por la agencia EFE. La iniciativa, promovida desde Managua en conjunto con la Asamblea Nacional, busca modificar la legislación electoral para restringir el acceso de críticos y exiliados al proceso democrático.
Durante un acto oficial, Ortega explicó que preparan una reforma parcial a la Constitución con el objetivo de impedir que opositores que hayan perdido su nacionalidad o sean acusados de traición puedan postularse a cargos públicos.
“No tendrán espacio los terroristas, los golpistas”
en los próximos comicios, aseguró el mandatario, quien gobierna Nicaragua junto a su esposa Rosario Murillo desde 2007.
Según EFE, el mandatario insistió en que las reformas buscan “fortalecer la paz con leyes” y evitar la repetición de conflictos armados en el país.
Durante su intervención, Ortega evocó episodios históricos como la guerra civil de 1856 y la intervención del estadounidense William Walker, señalando que las nuevas restricciones pretenden impedir “que se organicen de nuevo guerras como las de aquel entonces”.
En declaraciones recogidas por EFE, el líder sandinista sostuvo que la reforma garantizará “que no queden lugares donde los opositores puedan volver a lanzar sus guerras criminales”.
Las autoridades nicaragüenses han retirado la nacionalidad a decenas de opositores y críticos, acusándolos de conspiración, traición a la patria o de haber impulsado protestas contra el Gobierno. De acuerdo con datos reportados por EFE, Nicaragua completó en 2023 su salida formal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que dejó al país sin representación en ese organismo regional. Tras el anuncio de Ortega, la OEA informó que analiza convocar a una reunión de ministros de Exteriores para evaluar la situación nicaragüense.
EFE detalló que el Consejo Permanente de la OEA celebrará el 5 de agosto una sesión extraordinaria para debatir una resolución titulada “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”. La respuesta internacional no se hizo esperar: gobiernos de Costa Rica, Panamá y Guatemala expresaron su rechazo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó abiertamente las declaraciones del mandatario.
En sus declaraciones, Ortega matizó su discurso respecto al pronunciado el pasado 19 de julio, cuando advirtió que “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Ahora, el presidente nicaragüense sostiene que las reformas permitirán elecciones “con soberanía” y cita como antecedente negativo la época de las invasiones estadounidenses en Nicaragua.
El Gobierno de Ortega enfrenta acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación sistemática de rivales para evitar la competencia en las urnas, según la información de EFE. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la comunidad internacional han denunciado la falta de garantías democráticas y la represión contra la disidencia.
Con 80 años, Ortega es el dirigente con más tiempo en el poder en la historia reciente de Nicaragua. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y asumió la presidencia de 1985 a 1990, antes de regresar al cargo en 2007. Su permanencia ha estado marcada por la concentración del poder y la supresión de voces críticas, en un contexto de creciente aislamiento internacional.
La agencia EFE informó que el mandatario defendió la necesidad de “mantener la paz reforzada por las leyes”, subrayando que “no se trata de imponer la paz con estados de sitio o a punta de balazos”, sino de evitar “la conspiración para meter la guerra” que, según su visión, impulsa la oposición.
El futuro político de Nicaragua permanece incierto mientras avanzan las reformas propuestas por el Ejecutivo, que busca consolidar el control sobre el proceso electoral y limitar la participación de adversarios. La comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación en el país centroamericano, a la espera de la discusión en la OEA y de eventuales reacciones adicionales de gobiernos y organismos multilaterales.
Fuente: Infobae
