Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco, jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), son investigados por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de cohecho, dentro de una causa relacionada con una sentencia de casación que ordenó al Estado pagar USD 59,3 millones a favor de una empresa china.
Los tres magistrados integraron el Tribunal de Casación que emitió el fallo en 2023, correspondiente a un proceso que permanecía represado durante varios años.
La investigación busca determinar si existió una presunta gestión irregular para la emisión de esa resolución judicial a cambio de beneficios indebidos.
Velásquez es juez titular de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional. Ingresó a ese organismo el 3 de febrero de 2021 y su período concluye en 2030.
En tanto, Patricio Secaira e Iván Larco ingresaron a la Corte Nacional como conjueces el 20 de marzo de 2018, con un período previsto hasta 2027, y desde el 19 de febrero de 2021 quedaron encargados de despachos de jueces titulares.
La investigación nació de un testimonio del caso Plaga
La noticia del delito se originó a partir del testimonio anticipado que rindió en septiembre de 2024 Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial y sentenciado en el caso Plaga.
En esa misma diligencia, Hernández también aseguró que habría actuado como intermediario entre abogados y jueces de la Corte Nacional y describió el supuesto funcionamiento de una estructura que gestionaba decisiones judiciales a cambio de pagos ilegales, hechos que forman parte de la investigación del caso Plaga.
El litigio con la empresa china
La controversia se originó por un contrato suscrito en 2015 entre China Railway y el Ministerio de Educación para la construcción de unidades educativas provisionales. El contrato fue terminado unilateralmente por el Estado en 2018 y, posteriormente, la disputa concluyó con una sentencia de casación que ordenó el pago de USD 59,3 millones a favor de la compañía.
Allanamientos para recabar evidencias
Como parte de esta investigación previa, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron la madrugada del 29 de julio de 2026 varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito.
Durante las diligencias se levantaron como indicios documentos, teléfonos celulares y computadoras, que serán sometidos a pericias dentro de la investigación. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre nuevas actuaciones ni ha formulado cargos contra los magistrados.
¿Qué sanciona el delito de cohecho?
El presunto delito investigado está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona a los servidores públicos que soliciten, reciban o acepten beneficios económicos o de otra naturaleza para realizar, omitir, agilizar, retardar o condicionar actos propios de sus funciones.
Radio Pichincha
LV
