La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) tiene la vía legal para liquidar el fallido contrato Esmeraldas III, con la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM), pero la firma de la terminación unilateral permanece estancada.
Analistas y expertos eléctricos se preguntan: ¿por qué la holding estatal no realiza la terminación unilateral del contrato?
Pese a que el tribunal arbitral principal archivó la demanda de la contratista hace más de dos semanas, el proceso administrativo no se registra en el portal oficial de compras públicas, mientras el país asume un perjuicio de más de USD 71 millones por equipos considerados como chatarra.
El 15 de julio de 2026, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Quito emitió una resolución clave: el archivo de la demanda presentada por ATM contra Celec. Esta decisión técnica extinguió automáticamente las medidas cautelares de un arbitraje de emergencia previo (septiembre de 2025) que, durante casi un año, prohibieron a la empresa pública declarar el incumplimiento de la contratista, cobrar multas por USD 23 millones y ejecutar las garantías de fiel cumplimiento.
Según reporta el medio digital Primicias el 29 de julio de 2026, tras 14 días de tener el camino despejado, la terminación unilateral del contrato no aparece registrada en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
De hecho, Radio Pichincha comprobó que el documento no está registrado en el portal de compras públicas, lo que mantiene en el limbo jurídico un contrato de USD 89,9 millones de dólares firmado en agosto de 2024.
“¿Por qué Celec no lo hace? Porque es reconocer el fracaso
Ante la parálisis administrativa, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, ofrece una explicación simple: “¿Por qué Celec no lo hace? Porque es reconocer el fracaso del proyecto y la pérdida de tanta plata y esfuerzo”.
Según el exfuncionario, las autoridades intentan “mantener a la ciudadanía con la ilusión de que se va a encontrar un arreglo y que mágicamente la chatarra va a funcionar”.
Un exviceministro de Electricidad que prefirió no ser identificado también señaló que Celec no decide terminar de manera unilateral el contrato porque está buscando mecanismos para que el proyecto, finalmente funcione.
“No creo que esto ocurra, pero si termina el contrato sería un golpe y un reconocimiento de que todo lo realizado estuvo lleno de errores y omisiones”, concluyó el exviceministro.
Esta postura coincide con los intentos del Gobierno por rescatar partes de la planta. Celec informó en marzo pasado que solo se han puesto a prueba 10 de los 91 megavatios (MW) prometidos, utilizando un equipo de 60 técnicos propios para intervenir maquinaria que legalmente seguía bajo custodia de ATM.
Especialistas del sector, como Gabriel Secaira y Fernando Salinas, advierten que intervenir equipos no recibidos formalmente pone en riesgo la garantía técnica y dificulta la obtención de pólizas de seguro para equipos que datan de 2016.
Un expediente blindado por el fiscal Alarcón
Mientras la ejecución administrativa se detiene, la justicia penal ha impuesto un cerrojo sobre el caso.
En el Oficio No. FGE-DSP-2026-005021-O, con fecha del 22 de mayo de 2026, el Fiscal General encargado, Carlos Leonardo Alarcón, notificó a la Asamblea Nacional que la investigación por presunto peculado sobre el contrato CELEC EP – ATM se encuentra en fase de Investigación Previa y tiene carácter de reservada.
Este blindaje ocurre mientras otros procesos, como el caso Progen, ya han avanzado a instrucción fiscal con 21 procesados, incluyendo al exministro Antonio Gonçalves, pero excluyendo a figuras centrales como Roberto Luque.
La génesis del contrato fallido
El contrato para el proyecto Esmeraldas III fue adjudicado el 2 de agosto de 2024 bajo un régimen especial de emergencia. Según el Acta de Calificación de Ofertas, el Comité Técnico de CELEC otorgó a ATM 97,69 puntos, la calificación más alta frente a competidores como Gamma (88 pts) y Rieltec (60 pts).
ATM aseguró en su oferta que pondría en marcha la planta en 140 días calendario, un plazo que venció originalmente en enero de 2025. Los documentos contractuales revelan que Celec ya desembolsó USD 71,4 millones, equivalentes al 80% del valor total. Este flujo de caja fue posible gracias a dos modificaciones contractuales o “adendas” impulsadas por la Unidad de Negocio Electroguayas:
- Adenda 1: Habilitó un adelanto del 5% solo con factura.
- Adenda 2: Desagregó el pago del 25% (condicionado originalmente a la operación) en subhitos administrativos, permitiendo cobrar por la simple entrega física de transformadores oxidados.
El fracaso de ATM no es solo temporal, sino estructural. Informes de la Contraloría General del Estado de 2025 y verificaciones técnicas ratificaron que de los 48 motores entregados, 30 funcionan a 50 hercios (Hz), frecuencia incompatible con los 60 Hz del Sistema Nacional Interconectado de Ecuador.
La falta de control comenzó en el origen.
Un informe recogido por la Contraloría señala que los funcionarios de Celec intentaron constatar el estado físico de los motores en el Líbano a través de una videollamada que falló por problemas de conexión; solo pudieron ver el horómetro de un equipo empacado sin observar su funcionamiento.
Posteriormente, el fabricante MAN Energy Solutions confirmó que esos generadores pertenecieron a un contrato particular entre los años 2016 y 2017, violando la exigencia de que no tuvieran más de cuatro años de fabricación.
Factor Roberto Luque
A pesar de que el proceso penal actual no lo incluye, documentos oficiales sitúan al entonces Ministro de Energía, Roberto Luque, en el centro de estas contrataciones. ATM y Progen presentaron sus propuestas directamente a Luque en abril y mayo de 2024, meses antes de que se iniciaran los procesos precontractuales formales.
El 23 de abril de 2024, mediante la circular MEM-MEN-2024-0003-CIR, Luque ordenó que todos los contratos de emergencia fueran coordinados y revisados por José Manuel de Oliveira, su coordinador jurídico. Asimismo, su asesor de confianza, Peter Dreher, participó en la elaboración de términos de referencia y visitó instalaciones de proveedores en EE.UU..
Pese a que la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal contra de Oliveira el 20 de abril de 2026, la Fiscalía no lo ha vinculado al caso.
Radio Pichincha
LV
