En medio de la crisis eléctrica, el 25 de septiembre de 2024, a las 19:00, se llevó a cabo una reunión virtual de 30 minutos que marcó un punto de quiebre en el contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen.
En la sesión participaron nueve personas: cinco técnicos de la estatal eléctrica, el CEO de Progen, John Manning; la representante de la firma en Ecuador, Karla Saud; su pareja, José Manrique; y el abogado Alberto Paredes.
Así lo relató Ecuavisa este 29 de julio de 2026 en un reportaje, tras conocerse de un mensaje enviado por Manning al entonces Ministro de Energía, Roberto Luque, días antes de que se concrete el primer pago a Progen por este contrato eléctrico.
El objetivo de la reunión era la revisión de los requisitos técnicos para la central El Salitral, un proyecto que por ahora no entrega ni un solo megavatio de los 100 prometidos.
Los funcionarios de Celec solicitaron el “dossier de calidad” completo, que incluía pruebas de carga, de temperatura y procedimientos de fabricación del motor y rotor de los generadores. Ante estas exigencias, la reacción de los directivos de Progen fue de rechazo inmediato.
El conflicto en la sesión virtual
Testigos de la reunión informaron que Manning reaccionó con gritos ante el pedido de los técnicos. Uno de los asistentes relató textualmente: “John Manning pierde la cabeza y nos empieza a gritar, diciendo que eso ya no se le puede pedir, que toda la información… ya la entregaron en Estados Unidos y que estamos tratando de boicotear los procesos”.
Según este testimonio, el directivo acusó a los funcionarios de dilatar el proceso para evitar el pago y de estar “yéndonos en contra del gobierno”.
La confrontación continuó con la intervención de Saud y Manrique, quienes cuestionaron las motivaciones de los técnicos para retrasar el proyecto. Manning finalizó la llamada con una advertencia:
“Él va a ir a hablar con la gente que está consciente de que estos proyectos no se pueden caer y que ellos no van a caer en el juego de que nosotros estemos presionando… y nos colgaron la reunión”, relató uno de los participantes de la reunión virtual.
Contexto
Este choque ocurrió en medio de un contrato crítico para enfrentar la crisis energética del país.
Progen debía proveer generadores para la central El Salitral, pero los equipos presentaban deficiencias técnicas. Pese a que los generadores actualmente no producen energía, la empresa insistía en el desembolso del 70% del valor total del contrato como anticipo.
La presión no se limitó a la reunión de Zoom.
Investigaciones periodísticas y chats filtrados exponen que Manning mantuvo contacto directo con el entonces ministro de Energía, Roberto Luque. En sus mensajes, el CEO de Progen se quejaba de las exigencias técnicas de Celec, calificándolas de obstáculos para el pago. Aunque Luque ha declarado que no respondió a esos mensajes por haber dejado el cargo, la cronología muestra que el pago de USD 69,5 millones se ejecutó el 30 de septiembre de 2024, apenas cuatro días después de la tensa reunión.
Denuncias de amenazas y presiones internas
El clima de trabajo para los técnicos de Celec se deterioró inmediatamente después de la sesión con Manning. El 26 de septiembre de 2024, el técnico Paúl Flores, quien inspeccionó los equipos en Estados Unidos, denunció ante la Fiscalía haber recibido una amenaza de muerte.
Al día siguiente, otro funcionario de Celec, Celso Sánchez, no asistió a sus labores por temor a represalias.
Sánchez, en su testimonio judicial de junio de 2026, detalló presiones internas adicionales. Aseguró poseer una grabación de casi dos horas donde funcionarios de Celec, incluyendo al exgerente de Termopichincha, Byron Orozco, supuestamente lo amenazaron con el despido si no emitía un informe favorable para Progen.
Sánchez declaró ante el juez: “se impartieron disposiciones para que mi persona no enviara más correos electrónicos relacionados con las observaciones”.
Incluso mencionó que se sugirió coordinar con Progen el cambio de las placas de identificación de los generadores para ocultar las discrepancias técnicas y viabilizar el desembolso. Por su parte, Orozco ha negado estas acusaciones, argumentando que la versión de Sánchez busca favorecer a otros actores políticos en la investigación.
Estado actual del caso
La Comisión Anticorrupción ha solicitado a la Fiscalía que se formulen cargos contra exautoridades, basándose en la entrega de fondos públicos por equipos que han sido calificados como “inservibles” para su propósito original.
Mientras el proceso judicial avanza, los USD 69,5 millones del anticipo permanecen en manos de la contratista, y los generadores en El Salitral siguen sin aportar energía al sistema nacional.
Radio Pichincha
